Por Gladys Stagno | La campaña de Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia tuvo la capacidad de sintetizar las viejas plataformas y bases programáticas en tres promesas que impactaron en el imaginario social. “Pobreza cero”, “unir a los argentinos” y “derrotar al narcotráfico” fueron frases repetidas como letanías. Las tres procuraron una amplitud conceptual que permitió a cada votante llenarlas con sus deseos.

En los diez meses que Cambiemos lleva en el gobierno, “pobreza cero” fue herida de muerte con los números de la UCA, primero, y del INDEC, después, que arrojaron un 32,2% de pobreza y 6,3% de indigencia. Y obligaron al Ejecutivo a reemplazar “promesa” por “objetivo”.

Por su parte, la estrategia de arremeter judicial y mediáticamente contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para alejar cámaras y comentarios de su propia gestión, complica –más allá del dislate del planteo inicial- avanzar en la “unión de los argentinos”. Pero la “derrota del narcotráfico” sigue firme en los discursos oficiales, sobre todo en boca de la ministra de Seguridad, quien un día anuncia el envío de fuerzas federales a los barrios calientes, y al siguiente, la creación de un Centro de Inteligencia Criminal para combatir delitos complejos.

“El nuevo gobierno, tanto a nivel nacional como en las provincias en que gobierna, tiene las siguientes prioridades a nivel seguridad: el control del espacio público y el disciplinamiento social”, sostiene Ricardo Ragendorfer, periodista especializado en policiales y autor de diversos libros sobre las fuerzas de seguridad.

Ricardo “Patán” Ragendorfer, periodista especializado en policiales

Con la mira puesta allí, el narcotráfico funciona como excusa perfecta. Para Ragendorfer, el discurso oficial con respecto al tema “está cifrado en una especie de declaración de guerra contra un enemigo imaginario”. “Agrandar ese enemigo tomó ribetes hasta ridículos. El discurso oficial con respecto al narco está cifrado en una especie de declaración de guerra, cuando ya se ha visto que en los países donde realmente existen estructuras narcos preocupantes, la guerra no hizo sino agravar el problema”, completa.

No se trata, entonces, de la inexistencia del narcotráfico, sino de las dimensiones que se le otorgan y de los verdaderos fines de su presunta persecución. “Se plantea la cartelización del país, cuando este país que no es productor ni es exportador. Sí tiene determinadas estructuras puestas al servicio del narcotráfico, pero para la venta al menudeo –explica Ragendorfer–. Existen organizaciones, como la familia Cantero en Rosario, que ejercen una especie de control territorial en los barrios carenciados donde han puesto su cuartel general y sus puestos de distribución, pero no se puede comparar con organizaciones como la del Cartel de Sinaloa que se ofrece a pagar la deuda externa de su país”.

Rosario es una de las ciudades donde la problemática narco está más presente. Según un informe de la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado que depende de la gobernación santafecina, 3 de cada 10 homicidios que se produjeron en 2015 en la ciudad tuvo una vinculación narco. Sin embargo, para Carlos Del Frade, periodista, diputado en Santa Fe por el Frente Social y Popular y autor del libro Ciudad blanca, crónica negra. Postales del narcotráfico en Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, entre otros, el narcotráfico es “un negocio paraestatal que va creciendo en relación directa a cómo crece el capitalismo”.

 

El Plan Argentina

Carlos Del Frade, periodista y diputado provincial de Santa Fe

Para Del Frade, la estrategia no es local, sino que se encolumna en unidad de acción con otros países de Latinoamérica, cuyas políticas de seguridad actúan bajo designios de Washington. “Lo que estamos viendo hoy en Argentina es un plan, un proyecto del poder político del macrismo que se basa en la repetición de la matriz de lo que fue el Plan Colombia, que se implementó primero en aquel país de Centroamérica en octubre de 2002, por Álvaro Uribe; que luego se implementó en México en 2006 con el Plan Mérida y después en Brasil en el 2014 -asegura-. Siempre con la misma matriz: la declaración de la emergencia en seguridad nacional, la declaración del narcotráfico como peligro colectivo y, como tercer y fundamental elemento, la ocupación de los territorios en disputa a partir de lo que significa la participación de fuerzas federales que en este caso y por ahora, solamente entraña la participación de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal”.

En los tres países nombrados, la cosa terminó peor: creció el narcotráfico, junto con el control social, que arrojó el saldo de miles de muertos, sobre todo de muertos jóvenes. “Y se vendió como la idea de que esa era la manera de controlar la inseguridad”, aclara Del Frade.

“Con todo esto, lo que queda claro es que el control social está detrás del combate contra el narcotráfico, que el narcotráfico es un negocio paraestatal, y que tocando a los barrios, solamente lo que se despeja son los soldaditos que son cambiados por otros, mientras que el negocio de los delincuentes de guante blanco sigue en los centros de las principales ciudades”, resume.

Desatados

Si bien la militarización de las calles comenzó con la última presidencia de Cristina Fernández, la nueva gestión redobló la apuesta. “Lo que se ve desde diciembre pasado, con la asunción del gobierno de Macri, es que hay una mayor permisividad, un mayor consenso social para la mano dura –continúa–. Esto es lo que se está percibiendo en una provincia como Santa Fe que sigue gobernada por el socialismo, y que increíblemente ha llamado a los carabineros chilenos para darle instrucción a los mandos medios de la Policía de la Provincia de Santa Fe, y que han implementado esta cuestión de la Gendarmería con un tipo que está más vinculado a la DEA que a la Argentina, y más vinculado al control social con el Proyecto X que a la seguridad”.

Con “el tipo”, se refiere a Claudio Brilloni, comandante de Inteligencia Criminal de Gendarmería, a cargo del desembarco de las fuerzas federales en once ciudades de la provincia de Santa Fe. Brilloni, diez años atrás, formó parte de una maniobra de la DEA para introducir 190 kilogramos de cocaína a la Argentina.

Por otra parte, con “Proyecto X” se refiere a los operativos de inteligencia sobre movimientos sociales, políticos y sindicales que se hicieron públicos durante el kirchnerismo en medio de un escándalo. Éste se desató luego de que durante una huelga en la fábrica alimenticia Kraft Foods de General Pacheco, Buenos Aires, los trabajadores denunciaran que la Gendarmería se infiltraba con agentes de civil y tomaba fotos a los trabajadores y a los referentes de Derechos Humanos que apoyaban la protesta. Según un informe que acaba de publicar Mauro Federico en Ámbito Financiero, la metodología persecutoria continúa vigente.

Ragendorfer también nota un cambio en el accionar concreto de las fuerzas de seguridad: “por un lado, en las fuerzas policiales hay una mayor sensación de poder. De poder joder al ciudadano común, y si es pobre, mejor. Y, por otro lado, se priorizan determinados discursos que tienen que ver con las grandes promesas del PRO con respecto a la situación policial, la famosa lucha contra el narcotráfico”.

El periodista recuerda que, desde el discurso oficial, “si bien ni el gobierno nacional ni la Secretaría de Seguridad alientan taxativamente la violencia institucional, tampoco se indignan demasiado con quienes la cometen. De hecho, comprenden que si ellos difunden como directiva el control del espacio público, ese control supone abusos policiales”.

Para él la intención final es, entre otras cosas, “habilitar la participación del Ejército en tareas de seguridad interna, declarar la emergencia de seguridad”, lo que supone, además del control social, “un festival de compras, un festival de negocios”.

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