Redacción Canal Abierto | Basta sólo con observar los principales portales de noticias -o mejor aún, transitar por las céntricas calles de cualquiera de las ciudades capitales- para tomar noción clara de la compleja situación que atraviesan los trabajadores argentinos.

La caída en la industria y el ajuste repercutió en una ola de despidos y cierre de establecimientos que vino acentuándose durante los últimos meses. A la par, y en respuesta a esto, distintas ramas y sectores vieron un auge de la conflictividad con huelgas, toma de fábricas y movilizaciones.

La semana pasada, el Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) publicó un informe que revela que en el cuarto trimestre de 2016 se registraron 227 conflictos laborales. Un 32,5 por ciento correspondientes al sector privado, en el que se registra un notorio incremento respecto del mismo período de 2015 y un sostenimiento en relación al trimestre anterior de 2016.

El mismo estudio aclara los principales motivos detrás de esta escalada de la conflictividad laboral en el sector privado: sobre las cifras generales, un 49 por ciento son en respuesta a despidos, un 30 por reclamos salariales y un 14 por reclamos de condiciones de contratación (situaciones de precariedad contractual). Mientras que el restante 7 por ciento responde a otras demandas.

Esta situación tensa surge de un dato frío y dramático a la vez: en total, desde diciembre de 2015 y hasta el 31 de enero de 2017, se contabilizan 245.466 despidos y suspensiones.

Uno a uno

Sólo en las últimas semanas se sucedieron conflictos sindicales en numerosos sectores, obligando a buena parte de la dirigencia sindical -hasta ahora benevolente con el oficialismo-, a salir con los tapones de punta y decretar medidas de fuerza. Ejemplo de ello es la movilización que protagoniza hoy la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Si bien la conflictividad en el sector no paró durante 2016 al interior de las fábricas de Siam, Atma, Visteon, Eitar, Electrolux, Bambi, Sintermetal y muchas otras, recién ahora el sindicato que conduce Antonio Caló convocó a marchar por “la defensa del trabajo nacional”, debido a la negativa del gobierno a suspender la quita de aranceles del 35 por ciento a los productos importados de informática.

Otra muestra es la pelea que vienen sosteniendo los bancarios, y que llevó a la convocatoria a un paro nacional para el próximo viernes 17 de febrero. Reclaman que se respete el acuerdo paritario que el gremio llevó adelante con el sector financiero, cercano al 24 por ciento, y que el Ministerio de Trabajo decidió no homologar.

O bien los sucesivos cortes de la ruta 19, en la provincia de Córdoba, que vienen realizando trabajadores de la planta Coca Cola, quienes denuncian despidos sin causa y por enfermedades laborales.

Lo mismo ocurre en el ámbito público con convocatorias de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma bonaerense a una jornada de lucha provincial para la última semana de febrero y el paro nacional que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará el 6 de marzo. La medida de fuerza se suma a las cuatro huelgas que encabezaron durante el verano los médicos bonaerenses de CICOP, la tensa paritaria entre el Gobierno de María Eugenia Vidal y los docentes de la provincia, y el rechazo de ATE Provincia de Buenos Aires a un techo en la discusión salarial del 17 por ciento, impuesto por la Gobernadora en el Presupuesto 2017.

Por otra parte, fueron notorias y resonantes las tomas de fábricas durante los últimos meses. Y si bien la de los trabajadores de AGR Clarín cobró mayor repercusión mediática, abundan ejemplos similares: la permanencia en la filial Puerto Madryn de la Cerámica San Lorenzo en respuesta al vaciamiento de la empresa y despido de 140 trabajadores, el acampe durante casi dos meses en la quesería Chateaubriand y la ya resuelta toma de la fábrica de plásticos Mascardi en Ezeiza, entre tanto otros casos.

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