Redacción Canal Abierto | La noticia del día, en los portales y diarios nacionales y hasta en algunos internacionales, es que Mauricio Macri fue imputado por la escandalosa condonación de la deuda que su familia mantiene con el Estado a raíz de los cánones impagos por la concesión de Correo Argentino.

La imputación fue impulsada por el fiscal federal Juan Pedro Zoni y alcanzó también al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa.

Sin embargo, los problemas judiciales del Presidente no comenzaron ayer. La historia de la fortuna Macri es una sospechosa y denunciada línea en ascenso que comienza con la dictadura de Juan Carlos Onganía, da vueltas en la bicicleta financiera, tiene su pico durante los 70 y se vincula con la democracia desde sus personajes más rancios. En todos los puntos, se toca con el Estado, el socio bobo que siempre terminó más pobre.

Algo huele mal en Morón

El 30 de diciembre de 1988, el entonces intendente de Morón, el menemista Juan Carlos Rousselot, firmó un convenio con la empresa Sideco, perteneciente a la familia Macri, para tender la red cloacal en ese distrito bonaerense. El encargado de llevar la gestión por parte de la empresa, encabezada por Franco Macri, fue su hijo Mauricio, que tenía por entonces 29 años. Sideco estaba abocada a la realización de obra pública.

El contrato que se firmó establecía que las tarifas, que debían pagar los vecinos, podían ajustarse hasta por el doble del índice inflacionario. Esto ocurría en épocas de la hiperinflación, y los vecinos quedaban como garantes por 22 años.

La obra tenía un costo inicial de 400 millones de dólares y con la financiación que planeaba recibir Sideco llegaría a los mil millones. Con esos fondos, Socma planeaba poner en funcionamiento una planta de tratamiento de residuos cloacales que trataría los deshechos de los municipios de Tres de Febrero, San Martín, General Sarmiento, Tigre y San Isidro.

La falta de un concurso de ofertas, las tarifas desproporcionadas y una serie de irregularidades, hizo que el Concejo Deliberante rechazara el convenio a los 70 días de firmado. Entre las principales objeciones que explicaron el rechazo, estuvo la cláusula que imponía cubrir con fondos municipales, durante 22 años, hasta el 20% de lo que pudieran adeudarle a los Macri los propietarios morosos.

Por esta negociación altamente perjudicial para los vecinos, Rousselot fue destituido.

El contrabando de Sevel

Para 1994, Mauricio Macri ya era presidente de la Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica (Sevel Argentina), empresa automotriz del grupo empresarial de su familia, asociada a la italiana Fiat.

En 1997, la Aduana denunció a Sevel por el delito de contrabando, y dos años más tarde la Justicia procesó a Franco Macri, pero le dictó falta de mérito a su hijo. Sin embargo, en 2001 el juez Carlos Liporace la revocó y dispuso el procesamiento de Mauricio, al acusarlo de exportar autopartes a Uruguay y cobrar reembolsos del Estado, para luego importarlas como autos armados. La investigación permitió establecer que mediante esta operatoria, sólo en 1993 se habrían evadido unos 14 millones de pesos. Se cree que esta práctica se mantuvo hasta 1995.

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que por entonces contaba con una mayoría automática de simpatía menemista. La Corte sobreseyó a los Macri en 2002. Al poco tiempo, cinco de sus ministros fueron expulsados por la presión política que generó el juicio político en su contra, acusados de mal desempeño por la Cámara de Diputados. Una de las cinco causas que enfrentaron los magistrados fue “el caso Macri”, donde se los acusó de cometer “un grave perjuicio contra el Estado al dejar de percibir los debidos tributos aduaneros”.

Los jueces renunciaron, pero la “causa Macri” fue desestimada.

¿Negocios? con el Estado

La relación comercial de la familia presidencial con el Estado data del gobierno militar de Onganía, época en la que se dedicó a la exportación de carne. Pero el mayor crecimiento de la Sociedad Macri (Socma) se produjo a partir de 1976, con la llegada al poder de la dictadura cívico militar más sangrienta de la historia argentina. Fue entonces que, junto con otros grupos, obtuvieron contratos para “extracción por medio de recuperación secundaria” en áreas explotadas por la estatal YPF. Socma y sus socios se hicieron dueños de 1.024 pozos petroleros, lo que representaba el 10% de la extracción nacional. Esto supuso para YPF pagar el petróleo extraído a casi el doble de lo que costaba extraerlo. La consecuencia de la participación de estos grupos locales en el sector hidrocarburífero fue un endeudamiento para la petrolera  –entre diciembre de 1975 y marzo de 1984– de 7.763 millones de dólares, lo que equivalía al 18% de la deuda externa de entonces.

En paralelo, se produjo un fuerte endeudamiento externo privado que se combinó con la llamada “bicicleta financiera”. Por estos dos mecanismos, primero se licuaba la deuda privada, y luego era absorbida por el sector público. De este trabajo sucio se encargó Domingo Cavallo, por entonces al frente del Banco Central. Entre la nómina de empresas a las cuales se les detectó alguna forma de autopréstamos para licuar su deuda está Socma S.A.

En un estudio que realizaron los economistas Eduardo Basualdo, Manuel Acevedo y Miguel Khavise en 1984, se señala que el Grupo Macri “poseyendo siete empresas en 1973”, contaba con “47 al fin de la dictadura”.

El que se mete con la familia, pierde

Actualmente, Mauricio Macri acumula más de 200 denuncias judiciales en su contra. “Estafa y asociación ilícita”, “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito”, “falsificación de documentos públicos”, “amenazas y abandono de personas”, “omisión maliciosa y falsedad ideológica” son sólo algunas de las figuras legales que lo involucran. Oportunamente sobreseído del procesamiento por la causa de escuchas ilegales a pocos días de haber asumido la Presidencia, retornó a las primeras planas con la investigación internacional de los Panamá Papers que descubrió su participación en sociedades offshore no declaradas, y terminó imputado.

Pero los jueces que se han animado a investigarlo en el pasado no han corrido la mejor de las suertes.

A los pocos meses de haber procesado a su padre Franco, Guillermo Tiscornia, el juez que lo procesó por Sevel, fue suspendido por presunto mal desempeño.

En octubre de 2002, el juez Juan José Mahdjoubian decidió procesarlo por administración fraudulenta en la compra de los sistemas de video para controlar la seguridad en los estadios. Macri fue contra el magistrado: “La comisión directiva (de Boca) me dijo que esto puede ser un tema político por mi candidatura a jefe del gobierno. Si es verdad, no voy a desistir de esa posibilidad, todo lo contrario”. El juez lo sobreseyó en junio del año siguiente. Dos años después, Mahdjoubian también sería destituido.