Redacción Canal Abierto | Desde este martes, Clarín puede prestar servicios de comunicaciones móviles de 4G. El grupo empresario fue autorizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que aún no determinó cuál será el monto que el Estado recibirá por esta asignación de frecuencias. Por el momento, Clarín no ha pagado nada.

La posibilidad de ofrecer este servicio se abre para el grupo de la familia Noble a partir de su adquisición de Nextel, en 2015, y del decreto 267, de enero del año siguiente. “Puede parecer que este tema es de ingenieros o es de empresas, cuando en realidad es de política”, sintetiza Diego Rossi, especialista en telecomunicaciones de la UBA y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática.

El manejo del espectro radioeléctrico oscila entre dos marcos conceptuales: tomar al aire como mercancía, o como un bien público.  “Es difícil darse cuenta de que el aire está tan parcelado, y lo está tanto como la tierra. Nos queda claro que hay terratenientes y que hay gente sin tierra, pero el uso del aire es de difícil comprensión”, sostiene Rossi.

“Nos encontramos en un mercado que en teoría está totalmente desregulado, el aire es libre. Pero en la práctica nuestras comunicaciones dependen de las empresas que tienen capacidad de invertir y luego tienen capacidad de presionar para que no entren otros actores a la política de telecomunicaciones -agrega-. En lugar de abrir el derecho a todos, termina siendo un venta barata de aire al Grupo Clarín”.

La Ley Argentina Digital, que se aprobó a fines de 2014, ofrecía, en palabras de Rossi “un marco de cierta resistencia” a la concentración del espectro en pocas manos. Pero esa ley fue modificada por el decreto 267 –el mismo que terminó con el AFSCA y con una parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- del presidente Mauricio Macri. “Quirúrgicamente, este decreto borra lo que tiene que ver con preservar a mercados sensibles, en desarrollo, y que no puedan entrar al juego grande de las telefónicas”, explica el especialista.

Para él, “si el espectro solamente tuviera un criterio económico de asignación, entonces se entregaría al mejor postor. Pero esto no es licitación, es compra-venta. Y en ese mercado es donde todo el mundo se da cuenta de que Clarín entra por la ventana y le arman el caminito de una cierta valuación. Pero los grandotes, los que están adentro, van a decir que hay un desequilibrio de condiciones a beneficio de un solo grupo. Y tienen razón”.

Muy lejos de velar por el derecho a la comunicación, evitar la concentración de frecuencias, y propiciar la multiplicidad de voces, el Enacom se convierte así en sirviente o en árbitro en las disputas entre los grandes competidores del sector. Ni siquiera puede, ni parece querer, defender los derechos de los usuarios.

“Desde la Coalición, no creemos que la inclusión se dé por el mercado sino a través de una intervención del Estado como regulador y no como árbitro en contiendas ajenas. Mi pregunta sería dónde quedan los derechos de los otros, de las cooperativas prestadoras de servicios, de los operadores móviles virtuales, o de nosotros, comunes mortales, que en algún momento pensábamos que vamos a poder regular el precio de la televisión por cable y hoy nos pueden cobrar cualquier cosa. Nos están obligando a pagar por ver televisión, a tarifas de Internet muy superiores a las del mercado internacional. El de hoy es un modelo de comunicación que vira a una lógica de mercado pura y dura sobre las frecuencias.”, sentencia Rossi.