Por Diego Leonoff | El 3 de marzo de 2016, el homicidio -hasta ahora impune- de la líder social, defensora de los Derechos Humanos y el medioambiente sacudió a Honduras y la región. Sin embargo, más allá del impacto que generó debido a su reconocimiento internacional, el de Berta no es un caso aislado: sólo en 2014 fueron asesinados 116 activistas en 17 países (tres cuartas partes tuvieron lugar en Centroamérica y Sudamérica), según un informe de la ONG Global Witness. El 40 por ciento de las víctimas pertenecían a pueblos originarios que luchaban contra diferentes emprendimientos extractivistas.

La dirigente, de 43 años y madre de cuatro hijos, había obtenido en abril del 2015 el premio Goldman, el mayor galardón en materia de defensa del medio ambiente. Entre otras causas, la distinción fue fruto de la valiente lucha que finalmente impediría la edificación de una represa hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque, sagrado para los Lenca, comunidad indígena a la que pertenecía.

La iniciativa empresaria tenía el aval de nada menos que el Banco Mundial, y pretendía ser ejecutada por la estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, asociada a capitales nacionales como la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA).

Cáceres, cofundadora en 1993 del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), también fue protagonista de la lucha contra otros proyectos de represas: uno en el río de Agua Zarca, de la empresa estadounidense y canadiense Blue Energy que también violentaba el ambiente y transgredía el convenio 169 de la OIT, el cual exige la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios ante iniciativas que afecten sus territorios ancestrales.

A un año del crimen, tanto familiares como compañeros –y numerosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos- exigen justicia y denuncian una trama entre Estado y trasnacionales para lograr la impunidad de los responsables intelectuales y políticos.

Amenaza cumplida

Hacía tiempo que Cáceres venía denunciando abusos de empresas transnacionales en su país y mantenía la lucha a pesar de las constantes amenazas. Incluso una semana previa a su homicidio denunció en conferencia de prensa las intimidaciones.

“Mi madre sufrió 33 amenazas que provinieron de la empresa que intentaba instalar la represa en el río Gualcarque”, cuenta a Canal Abierto su hijo Salvador Zuniga, de 22 años, quien hoy reside en la Argentina y estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires.

Ante la pregunta sobre si él, sus hermanos y amigos no sentían aquel peligro latente, responde: “El hecho de que mi mamá tuviera el reconocimiento del premio Goldman y el acompañamiento de tantas organizaciones internacionales, no nos hacía pensar que esto podía suceder de esta manera. Sin embargo, en Honduras existe un descaro impresionante”.

Pocos meses antes del ataque, en junio de 2015, Berta había declarado públicamente: “En este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”.

“Ella quería seguir luchando y acompañando a su pueblo, por eso entendía que la lucha por la vida eran mas importantes que esas amenazas. Mi mamá tenía una gran fuerza. Y si bien todo terminó de la peor manera, su ejemplo de lucha demuestra que la esperanza es mas fuerte que todas las amenazas”, expresa Salvador.

Cerca de la una de la madrugada del jueves 3 de marzo de2016, desconocidos entraron en su vivienda de la ciudad de La Esperanza, cabecera del suroccidental departamento de Intibucá. Sin mediar palabra, la activista fue asesinada en su casa a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había instado al Gobierno en 2009 a brindarle una protección policial que, por cierto, no recibió.

Impunidad

Por el asesinato de Cáceres hay ocho personas detenidas en proceso, entre ellas militares retirados y en actividad, sicarios y hasta el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Roberto Cardona.

“Se trata de personas que tienen vinculación con la multinacional que buscaba instalar el emprendimiento, e incluso uno de ellos es el ingeniero de la empresa y dos militares que formaban parte de la seguridad de la compañía”, explica el hijo de Berta.

Sin embargo, sus familiares exigen la captura y juicio para los autores intelectuales del asesinato.

“Creo que es posible que se condene o castigue a los acusados de apretar el gatillo o instigar. Pero debo aclarar una cuestión: gran parte de los 8 detenidos son sicarios, personas muy pobres de las que muchas veces estos grandes grupos de poder – incluidos responsables estatales – se aprovechan para utilizarlos de esta manera”, reflexiona el joven estudiante de medicina que desde hace cinco años vive en la Argentina.

En este sentido, asegura: “Que se castigue a unos jóvenes pobres no significa una justicia real para nosotros. Sentimos que va a existir Justicia cuando se condene a todos los autores intelectuales y responsables políticos, porque los hay”.

Irregularidades en la causa judicial

Como suele suceder en estos casos, desde un primer momento el aparato estatal intentó desviar la atención e incluso plantó hipótesis falsas. Salvador Zuniga recuerda que “se llegó a decir que había sido un crimen pasional o una lucha interna de la organización (COPINH). Es decir que se buscaba desconocer totalmente que había sido un homicidio político, por la lucha que había llevado a cabo”.

A un año del homicidio, ni la familia de Berta Cáceres o sus representantes letrados lograron tener acceso al expediente judicial. “Todo el proceso sigue en total secreto”, dice su hijo, quien afirma tener “desconfianza total el Estado de Honduras”. Y no es para menos ya que fue el propio Gobierno quien la encarceló en dos ocasiones. Una de las detenciones había sido en enero de 2014, y la misma duró poco tiempo gracias al repudio de numerosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos.

A su vez, habiendo sido el hecho de tanta sensibilidad y repercusión, la justicia hondureña negó derecho a la familia de proponer un médico forense parcial a la hora de realizar la autopsia.

Otro de los tantos hechos destacados vinculados al irregular procedimiento judicial es que el 1 de octubre de 2016, María Luisa Ramos, magistrada de la Corte Suprema de Apelaciones Penal, quien tenía en su poder los expedientes del asesinato de Berta Cáceres, fue asaltada, y los expedientes de la causa robados. “Es difícil hacer una interpretación. Puede que haya sido un intento por justificar la falta de información. Otra cuestión es que quienes se robaron el expediente –asumiendo que esto haya sucedido- lo hicieran para tener acceso a información sobre testigos y pruebas. De ser así, además de ser muy peligroso, esto habla de la poca seriedad que tienen las autoridades hondureñas”, opina al respecto Salvador.

Desde hace meses la familia de Berta Cáceres y la COPINH, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vienen reclamando que una comisión independiente lleve adelante la investigación y revise el proceso.

El riesgoso afán por defender lo propio

“Honduras es un país donde luchar por la vida es ponerla en riesgo”, explica el hijo de Berta, aunque advierte que “se trata de una problemática de la región en su conjunto”.

Según un informe de Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, lo que representa un incremento de un 20 por ciento respecto de 2013. Esto implica que más de dos personas murieron cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación empresarial. En dicha investigación, titulada “¿Cuántos más?”, señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos luchadores sociales. Además, expone que el 40 por ciento de los asesinados son pertenecientes a pueblos originarios como el Lenca. En el mismo sentido, un informe de Frontline Defenders documenta que en 2015, por lo menos 156 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados.

Para entender cuan cercano era el peligro, basta conocer que entre 2012 y 2015 el COPINH sufrió el asesinato de al menos diez de sus integrantes: Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodríguez, Irene Meza y la propia Berta Cáceres.

“Es clara la responsabilidad del Estado de Honduras en este proceso represivo a las comunidades, que se profundizó tras el Golpe de Estado (que en 2009 derrocó Manuel Zelaya a través de una maniobra parlamentaria). Por ejemplo, denunciamos que durante todo este tiempo batallones del Ejército han llegado a amenazar y hostigar a comunidades enteras, provocando exilios y migraciones masivas”, relata Salvador Zuniga.

Negocios del miedo

Salvador Zuniga no tiene dudas de que detrás del asesinato de su madre y de tanto otros militantes subyacen intereses económicos poderosos. Y si bien responsabiliza al Estado como aparato represivo, reclama una investigación que profundice sobre las responsabilidades del sector privado: “Detrás de estas empresas y emprendimiento extractivistas hay grandes bancos y negocios multimillonarios. Por eso también estamos llevando luchas contra ellos, como por ejemplo el Banco Holandés de Desarrollo (FMO por su sigla en neerlandés), que hizo un informe en el que desestima la lucha de las comunidades argumentando que el rio no era considerado como sagrado por las mismas, o que el proyecto trae mas beneficios que perjuicios. Un montón de cuestiones que no se perciben en el territorio”.

“Son muchos los luchadores y luchadoras que encabezan resistencias similares y continúan sufriendo amenazas y actos hostiles por parte del Gobierno y particulares. Después de lo de mi mamá, que tuvo un fuerte impacto a nivel mundial, siguieron ocurriendo asesinatos a defensores de los DDHH y del medioambiente. Incluso desde entonces se ha agudizado la represión. Esto sólo se explica por el nivel de descaro que tiene el régimen hondureño hoy día”.

En los últimos años, al uso excesivo e ilegal de la violencia por parte de las fuerzas policiales y militares de Honduras, se sumó el auge de numerosas empresas de seguridad privada. No es casual: Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), el número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías. Existen unas 700 empresas de este tipo en el país centroamericano, y la mayoría de ellas pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.