Redacción Canal Abierto | Las calles de Brasil se vieron paralizadas ayer por lo que fue una movilización histórica contra la reforma previsional que impulsa el gobierno de Michel Temer, asumido tras un golpe parlamentario.

Docentes, metalúrgicos, químicos, bancarios, trabajadores del metro, transportistas y trabajadores del Estado, entre otros, marcharon por más de veinte capitales de todo el país para denunciar el desmantelamiento de la Seguridad Social que se está discutiendo en el Congreso.

Según la nueva ley, los años de aportes para tener derecho a una jubilación integral se extenderían de 25 a 49 años, y la edad mínima para jubilarse llegaría a 65.

Los impulsores oficialistas de la reforma sostienen que el sistema es deficitario y que el aumento en la logevidad de los brasileños lo vuelve insustentable. En un evento público, el propio Temer alegó ayer que la reforma es “para salvar los beneficios de los jubilados de hoy y de los jóvenes que se jubilarán en el futuro”. Sin embargo, la deuda que las empresas privadas mantienen con el Instituto de Seguridad Social triplica el déficit de la entidad. Por otro lado, el promedio de vida en los distritos periféricos de las grandes ciudades de Brasil, los más pobres, en su mayoría no alcanza los 65 años que prevé el proyecto de ley.

Expectativa de vida en Brasil, por distrito (zona metropolitana de San Pablo).

“Ésta es una manifestación histórica, porque reúne todo el movimiento sindical y las organizaciones sociales, en un acto unificado, contra las reformas liberalizantes del gobierno brasileño, que privilegian el sistema financiero y perjudican los trabajadores y servidores públicos”, sostuvo el presidente de la Federación Sindical de Servidores Públicos de Rio Grande do Sul, Sergio Arnoud, en declaraciones al portal de CLATE.

La huelga paralizó ayer el transporte de mercancías en San Pablo, la ciudad más grande de Latinoamérica. La movilización también se hizo sentir fuertemente en Belo Horizonte, Río de Janeiro y Porto Alegre, e inundó las redes sociales con las consignas #QueroMeAposentar (me quiero jubilar) y #GreveGeral (paro general).

La Central Única de Trabajadores y otras organizaciones gremiales convocaron a un acto en la Avenida Paulista en San Pablo, donde confluyeron más de 300 mil personas. Allí, el ex presidente Luis Inacio Lula da Silva se dirigió a la multitud y afirmó que “cada vez es más claro que el golpe dado en este país no era sólo contra (la ex presidenta) Dilma (Rousseff) y los partidos de izquierda, sino para colocar un ciudadano sin ninguna legitimidad que acabara con los derechos laborales y con la Seguridad Social”.

Luego agregó: “Éramos admirados en América Latina. Hoy tenemos un presidente que no tiene coraje de ir a Bolivia, ni Uruguay”. Y advirtió que “el pueblo seguirá protestando hasta que haya un gobierno democráticamente elegido”.

 

Los planes del FMI para América Latina

La otra pata del paquete de ajuste que viene impulsando el gobierno de Brasil tras la destitución de Dilma es la reforma laboral, que intenta flexibilizar y tercerizar el trabajo. En declaraciones televisivas, Luciano Ramos, dirigente del sindicato de Bancarios, explicó sobre el proyecto: “con la ley laboral quieren quitarnos el derecho a aguinaldo y vacaciones. Quieren acabar con el mundo del trabajador para apoyar a quienes adhirieron al golpe, los empresarios”.

Estas medidas tienen, según el gobierno de Temer, la intención de recuperar la confianza de los mercados, de acuerdo con un clásico programa neoliberal que acata recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la región.

Estas recetas no son nuevas. En los 90, durante el gobierno de Henrique Cardoso, ya se había intentado reformar el sistema previsional, que luego se tradujo en una modificación para los trabajadores del sector privado a través de una enmienda constitucional, al igual que ahora. “Han transcurrido más de 21 años desde esa propuesta inicial, pero el discurso es el mismo, los intereses encubiertos son los mismos. La Propuesta de Enmienda Constitucional 287/2016 tiene claros rasgos neoliberales. Con la nueva propuesta, se pretende implantar un sistema de previsión social complementaria para los servidores públicos, abriendo el espacio al mercado financiero”, afirma Rosana Cólen Moreno, coordinadora del Centro Avanzado de Estudios Previsionales de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil.

En consonancia, una delegación del FMI que visitó la Argentina en noviembre pasado emitió luego un documento con recomendaciones donde sugiere aumentar la edad de jubilación de las mujeres a los 65 años, reducir un 20% la fórmula de cálculo de las nuevas jubilaciones, y modificar la fórmula de movilidad que ajusta los haberes dos veces por año.

Tres meses más tarde, la Anses anunció una suba de las jubilaciones menor a la correspondiente por la movilidad jubilatoria sujeta a la inflación, y acorde con el nuevo cálculo sugerido por el FMI. Tras las críticas, el gobierno de Cambiemos argumentó un “error” y dio marcha atrás con la medida.

Al igual que en Brasil, el gobierno argentino tiene en agenda un paquete de medidas que incluyen reducción de las contribuciones patronales, beneficios impositivos para el empleo joven, y un nuevo régimen de ART

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