Redacción Canal Abierto | En el marco de las múltiples actividades que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires en la semana que finalizara con el aniversario 41 del golpe de Estado en nuestro país, ayer se realizó un debate de periodistas especializados en temas de derechos humanos, sobre las dificultades que se han encontrado en la materia desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada.

El encuentro fue organizado por el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, que propuso una mirada desde el periodismo hacia los derechos humanos y los juicios por delitos de lesa humanidad, para homenajear al periodista y escritor militante Rodolfo Walsh, a 40 años de su secuestro y desaparición.

Como disparador se utilizaron algunas líneas de la Carta Abierta a la Junta Militar que el propio Walsh escribiera y difundiera al cumplirse un año del golpe que dio inicio a la dictadura cívico militar. Los panelistas iniciaron sus exposiciones luego de la proyección de un audiovisual en el que se escucharon partes del texto que podrían ser leídas como una continuidad histórica entre lo que sucedía durante la dictadura y nuestra realidad política y social actual: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Los invitados, investigadores de los más prestigiosos en la materia, además representan a sectores distintos de la comunicación que están en disputa por la construcción de sentido contra el discurso imperante de los monopolios más poderosos, que representan en su gran mayoría intereses que se oponen al avance de las causas por crímenes del terrorismo de Estado. Los cuatro comunicadores trabajan en medios del circuito comercial de tirada nacional, en medios cooperativos, comunitarios, en portales de Internet y radios web, desde donde mantienen en alto la bandera de Memoria Verdad y Justicia.

La encargada de iniciar la jornada fue la editora de la sección Política del diario Página/12, Victoria Giznberg, que desplegó un análisis amplio de las iniciativas del Gobierno Nacional que han significado un retroceso en la lucha por la defensa de los derechos humanos:

“La misma clase que impuso el golpe y el plan económico que impuso la dictadura militar, es el sector que forma parte del núcleo de apoyo de este gobierno. No hablamos de todos sus votantes, y sin hacer simplificaciones, hay un soporte ideológico y económico que se comparte. El contexto es diferente, los métodos son distintos, pero las políticas se parecen”.

Durante la actividad se analizaron políticas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, discursos, procesos judiciales, iniciativas parlamentarias, el rol de los medios y el contexto que anima a distintos sectores a buscar visibilidad o a provocaciones directas.

Uno de los ejes que motivaron distintas miradas sobre la responsabilidad civil en el impulso, financiamiento y sostén empresarial de la dictadura fue el editorial “No más venganza”, que el diario La Nación publicó al otro día de la elección que catapultó a Macri a la presidencia, y que imponía al nuevo mandatario un plan de gobierno sobre los derechos humanos. El artículo generó el rechazo en amplios sectores de la sociedad y los medios, y hasta un repudio explícito de los propios trabajadores del diario de la familia Mitre.

Victoria Ginzberg se explayó sobre “el fin de la persecución a los civiles, las domiciliarias para los represores presos y un reclamado cambio de relato sobre lo ocurrido en la década del 70”, las tres temáticas centrales que planteó ese texto publicado sin firma: “Macri respondió en la conferencia de prensa que los juicios iban a seguir, que el Poder Ejecutivo no se va a meter y eso fue mostrado como un gesto ejemplar de respeto a la independencia de la Justicia, pero no meterse es también un política, porque las políticas que se aplicaron en los últimos años en términos de Memoria, Verdad y Justicia no estaban solamente vinculadas al Poder Judicial sino que hubo un montón de cosas que se hicieron desde el gobierno. En cuanto a los juicios a los civiles, el juicio de Ford, Papel Prensa, Blaquier, esas causas que de por sí ya costaban mucho impulsarlos, incluso antes, el avance sobre sectores de la Iglesia o del Poder Judicial, ahora cuesta muchísimo más y la mayoría de los casos están estancados”.

En cuanto a la construcción de un nuevo relato de la Historia que se comenzó a construir desde los medios hegemónicos a partir de diciembre de 2015, Ginzberg concluyó: “La disputa por el sentido va a ser central en todo este proceso. Con el tema de la cantidad de desaparecidos lo que quieren instalar es la idea de que los organismos de derechos humanos mienten, restar credibilidad, porque son un símbolo en el país y en el extranjero. Quieren instalar que este reclamo vino de arriba hacia abajo, cuando sabemos que fue al revés, que los organismos impusieron con su lucha muchas políticas sobre este tema”.

Durante el encuentro se detallaron distintos hechos concretos respecto al retroceso de los juicios y la continuidad de la construcción de la memoria desde el Estado. Se mencionaron el desmantelamiento de comisiones y distintos sectores que fueron creados o que funcionaban dentro de la órbita del Ejecutivo, que servían para nutrir los juicios, como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, el Centro de Asistencia a las Víctimas “Fernando Ulloa”, el programa de protección de testigos que pasó a estar a cargo del militar Francisco Lagos, el cierre de la agencia Infojus que daba visibilidad a los juicios, y la disolución de una comisión del Banco Central creada en 2014 para documentar los delitos económicos, entre otros.

Hubo también dos hechos de peso político menor, aunque de carga simbólica superlativa, que se inscriben justamente en el contexto que motivó el encuentro: el Gobierno Nacional hizo “movible” el feriado del Día de la Memoria y luego, a partir del rechazo generalizado que despertó la decisión, tuvo que retroceder y restablecer la inamovilidad del 24 de marzo.

La semana pasada además el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, colocó unos monolitos con infografías de la historia de la Plaza de Mayo, alrededor de la pirámide, en el camino sobre el que las Madres realizan la marcha de cada jueves desde 1977. Entre las imágenes con la historia elegidas por el gobierno porteño no había ninguna sobre las Madres y su lucha de reconocimiento internacional.

Por su parte, Luciana Bertoia, periodista y politóloga especializada en derechos humanos, que ha trabajado en el Buenos Aires Herald y en la actualidad escribe en sitios web como Revista Anfibia, La Nan y Nuestras Voces, habló sobre el resurgimiento de sectores que reivindican la teoría de los dos demonios: “Son organizaciones que vuelven a escena a través del reconocimiento que el gobierno les da al volverlos un interlocutor político valido, como para que Ministros y Secretarios se reúnan con ellos”.

Tanto el ministro de Justicia Germán Garavano como el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj reunieron en distintos momentos y lugares, incluyendo en la ex ESMA, a las organizaciones auto denominadas de “memoria completa”, de familiares, apologistas y abogados defensores de represores (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas; Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina; y Justicia y Concordia, abogados).

Bertoia resaltó que “todo esto se mantuvo en silencio de la misma manera que ocurrió cuando el gobierno presentó la nueva edición del Nunca Más sin el prólogo de 2006, en el cual se hablaba de terrorismo de Estado, se vinculaban las causas económicas del golpe y sus consecuencias”.

Y finalizó mencionando otro de los temas que serían parte de las exposiciones del panel: “FORES, esta agrupación a la que pertenece Garavano, creada en 1976 lo que no es un dato menor, que tuviera en sus filas a Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires (NdA: primer civil condenado por delitos de la dictadura) y uno de los represores favoritos de La Nación, que hace lobby explicito por la prisión domiciliaria”.

Otros de los fragmentos de la Carta Abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh que fue analizada en términos de continuidad histórica es el que dice: “Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales (…)”.

A partir de allí, Giselle Tepper, referente de la agrupación HIJOS-Capital, integrante del colectivo de la Radio La Imposible, y redactora del servicio de noticias InfoSiberia, analizó las dificultades con las que se encuentran en la actualidad los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el periodo 1976-1983:

Me parece fundamental marcar que estamos retrocediendo en un Estado que había pedido perdón adelante de las Madres y que de pronto tiene un presidente incapaz de nombrar a esas víctimas, porque no puede nombrar a las propias, porque no puede admitir que hoy los principales damnificados y víctimas de sus políticas son los trabajadores, y en ese sentido volvemos a la miseria planificada de la carta de Rodolfo Walsh”.

Para finalizar, Tepper recordó que “una de las primeras medidas de la Secretaría de Derechos Humanos fue retirar la co-querella a un civil, Alejandro Reynal, del Banco Central. Es decir, una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fue retirar la participación del Estado en la acusación a civiles. Este gobierno empezó rechazando por parte de Macri una reunión con los organismos de derechos humanos. La derivó a Marcos Peña, el Jefe de Gabinete fijó un día y una hora de reunión pero después cambió el horario, y luego se supo que a la hora que tenía que reunirse con Madres, Abuelas, Familiares, HIJOS, estaba reunido con Magneto. No queda grande decir que no avanzan las causas a los civiles porque muchos de esos civiles co- gobiernan con Mauricio Macri”.

A su turno, Néstor Esposito, periodista especializado en temas judiciales (Tiempo Argentino, Radio del Plata) habló sobre los beneficios a los represores de mayor de edad y con problemas de salud. El tema ocupó la agenda central de los medios de comunicación masivos a mediados del año pasado cuando Clarín dio a conocer, mediante fuentes del Ministerio de Seguridad, que ya eran 50 los condenados por violaciones a los derechos humanos que habían sido enviados a sus casas desde la asunción de Mauricio Macri.

Espósito planteó una mirada particular sobre el tema que generó polémica y diferencias entre los panelistas y el público: “La Memoria, la Verdad y la Justicia tienen aparejados el derecho a la piedad, al hacer con el otro lo que el otro no ha hecho con nosotros. Nosotros podemos permitirnos respetar el derecho del que no respetó nuestros derechos, porque somos mejores”.

En su momento, tanto el Presidente como sus ministros más cercanos y el Secretario Avruj explicaron que estaban de acuerdo en otorgar los beneficios en los casos en los que fuera oportuno.

Espósito concluyó: “Allí donde han puesto injusticia, encierro, violaciones a los derechos humanos, negación de derechos, tortura, desaparición y muerte, la sociedad civilizada, nosotros, solamente porque somos mejores, tenemos que poner una mirada diferente sobre esto y resolver caso por caso”.

Luego de las preguntas del público presente y de las discusiones sobre las domiciliarias a los represores, Giselle Tepper volvió a tomar el micrófono y le puso fin a la jornada: “Ninguna Madre, Abuela o Familiar ha ejercido la venganza, pero hay una complejidad que hay que poner sobre la mesa. La domiciliaria está destinada a la reinserción en la sociedad de los condenados, y ningún genocida condenado a perpetua puede ser reinsertado en la sociedad. Efectivamente tienen que estar en una cárcel común con prisión perpetua y efectiva cuando corresponda, pero lo que planteamos por arriba de todo es que eso no sea venganza, porque ahí es donde nos diferenciamos”.

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