Redacción Canal Abierto | Los últimos días fueron muy movidos en política exterior. Luego de que trascendiera una carta del embajador en Washington, Martín Lousteau, dirigida al congresista norteamericano Pete Visclosky para solicitarle equipamiento militar por un importe equivalente a unos 2 mil millones de dólares, estalló el escándalo.

“Hay un pedido concreto de material bélico. Es una carta de intención, no es la factura de una compra, pero sí es un pedido de armas”, sostiene Daniel Blinder, politólogo especialista en geopolítica y defensa. Para Blinder, se trata “de un pedido interesante en términos de cantidades y diversidad” que hasta la fecha el Gobierno no ha podido explicar qué finalidad tiene.

A la carta de Lousteau se sumaron los mails entre Eduardo Amadeo y la ministra Patricia Bullrich, a los que accedió el programa Economía Política. Ellos dan cuenta de las reuniones que tanto Amadeo como Luciano Laspina -ambos diputados de Cambiemos- mantuvieron con Visclosky para propiciar la concreción de la compra.

“Mi primera impresión es que se trata de lobby. Es decir de que hay un gran negocio atrás por parte de algunos sectores que tienen la intención de vender este armamento, que por cierto es muy caro, y no es la última tecnología militar, aunque tampoco es obsoleta. Falta que el Gobierno haga muchas aclaraciones”, considera Blinder.

Este lunes, un comunicado de la cartera liderada por el radical Julio Martínez negó “categóricamente” que la Argentina tuviera planeado comprar ese armamento, y aseguró que la carta “tiene carácter exploratorio, genérico y público y de ninguna manera se trata de una lista de materiales a adquirir”. La lista en cuestión incluye tanques, aviones caza, misiles de largo y mediano alcance y helicópteros de guerra que, según la carta de Lousteau, serían destinados a “luchar contra flagelos como el terrorismo y el terrorismo financiero, el tráfico de drogas y el crimen organizado”. Sin embargo, el comunicado de Defensa sostiene que su destino es cubrir “las necesidades globales de las Fuerzas Armadas para reemplazar el material obsoleto o desprogramado y recuperar capacidades perdidas”.

“Estas armas no sirven para combatir el terrorismo. Por lo menos el terrorismo que se entiende como individual, con bombas en sectores urbanos. Sirven para combatir en una guerra tradicional: a otro ejército estatal en igualdad de condiciones -aclara Blinder-. Pero cuando Lousteau dice que va a combatir ‘el terrorismo’ está asumiendo aquello que Estados Unidos y las potencias occidentales definen como ‘el enemigo'”.

Y agrega: “La pregunta es: si todo esto es cierto, ¿es en base a una planificación? ¿Es en base a qué política de defensa? Son cosas que falta aclarar. Si sólo se trata de una compra de armas por una cuestión de lobby, habrá que investigar, pero si hay una política detrás hay que aclararla, porque el gobierno de Macri cambió la doctrina de política exterior, y la política de defensa es una pata de la política exterior”.

Sobre este punto, el especialista afirma que, si bien todavía son muchas las zonas oscuras, de esta intención de compra ya se puede inferir un cambio de rumbo. “Había una política en el gobierno anterior que era la de ir a buscar el desarrollo de ciertas capacidades tecnológicas propias, como la repotenciación de motores de Pucará, la fabricación de aviones en FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) o la recuperación de astilleros. Si esta compra se lleva a cabo, vamos hacia una línea de política de defensa exterior -explica Blinder-. Porque si vos comprás aviones afuera, también comprás los saberes técnicos y tenés que enviar a los tuyos a formarse allá y a aprender en esa escuela, recibís asesoría y servicio técnico de quien te lo vende, esto genera una dependencia tecnológica. Se estarían comprando cosas que se pueden fabricar acá. Estas compras no se hacen al contado, se financian y generan deuda”. 

El caso ejemplo de esta dependencia es Grecia, un país pequeño que utilizó en los diez años anteriores a la explosión de su economía, un 4% de su PBI en Defensa, importando equipamiento militar de Alemania y Francia, que se volvieron sus principales acreedores.

“Uno de los atributos del Estado es la Defensa, y en ese sentido creo que se necesita más equipamiento que el que hay y es importante tenerlo en un país como Argentina que es grande, tiene ricos recursos naturales y ciertas capacidades industriales. Pero la política de Defensa requiere una serie de elementos que no son solamente la capacidad de fuego”, finalizó el especialista.

 

No es lo que parece

Algunos diputados de los países limítrofes ya manifestaron su preocupación y exigieron a la Argentina que informase cuáles son las hipótesis de conflicto que justificarían la compra.

Por su parte, el bloque del Frente para la Victoria denunció penalmente al presidente Mauricio Macri; al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al ministro de Defensa, Julio Martínez; a Lousteau y a los Amadeo y Laspina, por violar la ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar adquisiciones de este tipo.

En ese marco, Lousteau acaba de hacer público un comunicado que confirma sus gestiones, pero aclara que la carta dirigida a Visclosky no refleja “ninguna operación sino una tarea vital de cualquier embajada: ampliar las posibilidades de nuestro país para satisfacer sus necesidades en todos los campos”, y que el listado de equipamiento sobre el que pide presupuesto “fueron provistos por el Ministerio de Defensa” a partir de “necesidades diagnosticadas” por esa cartera.

También afirma que “se trata de un trabajo de cara al proceso presupuestario de los Estados Unidos para que la Argentina pueda acceder a programas como el Excess Defense Articles (EDA) o Artículos de Defensa Excedentes –mediante el cual se ponen a disposición elementos de defensa a precios simbólicos– y Foreign Military Financing o Financiamiento de Fuerzas Armadas Extranjeras que permiten tener crédito en mejores condiciones”.

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