Por Melissa Zenobi | En la medida en que en “La reina del Plata” se expande a través  del desmedido crecimiento inmobiliario, favoreciendo la especulación y los negocios de los empresarios de todos los tiempos, los habitantes de los barrios informales encuentran cada vez más vulnerado su derecho de acceso a la ciudad. En una entrevista exhaustiva, la ingeniera María Eva Koutsovitis, referente de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y del Frente Territorial Salvador Herrera, analiza esta problemática.

 

-¿De qué hablamos cuando hablamos de urbanizaciones?

-En primer lugar, hablamos de reparar derechos vulnerados, esto es muy importante tenerlo en cuenta como perspectiva. Cuando el Gobierno anuncia que va a reurbanizar e integrar sociourbanamente un barrio, lo que está haciendo es garantizar un derecho que no se está cumpliendo. Es decir, que hay una ciudadanía vulnerada y el Estado va a reparar eso. La realidad es que en la ciudad de Buenos Aires, tenemos desde el año 1998 la ley 148 que establece que todas las villas deben urbanizarse con la participación activa de todos sus habitantes. Luego de casi 20 años, esa ley se encuentra prácticamente incumplida y en los casos que se ha dado cumplimiento, esas urbanizaciones no han reparado los derechos violados.

-Al hablar del acceso a la vivienda como derecho, deben tenerse en cuenta diferentes dimensiones: lo cultural, lo social, pero también lo técnico como es el saneamiento, el agua corriente, el acceso a las cloacas

-Absolutamente. Porque cuando hablamos de integrar socio urbanamente un barrio, lo que estamos planteando es un proceso que tiene múltiples aristas. Lo que debe hacerse es resolver las desigualdades profundas que existen entre los habitantes de los barrios informales y los que viven en barrios formales en relación, por ejemplo, a la prestación de servicios públicos. Quienes viven en barrios informales, están condenados a tomar agua que no es potable, están condenado a no tener cloacas, a vivir sin desagües fluviales y muchas veces a vivir en un ambiente degradado

-Además, tampoco tienen garantizados de manera plena los derechos a la salud porque las ambulancias no entran, a la educación…

-El derecho a la educación también está muy vedado. Los chicos pierden muchos días de clases porque no pueden llegar a las escuelas los días de lluvia. Además la cantidad de enfermedades que hemos constatado en múltiples relevamientos están vinculadas a la degradación del ambiente en el que viven, y la falta del acceso al saneamiento: forúnculos, parasitosis, problemas en la piel, tuberculosis, dengue, etcétera.

-Por otro lado está la cuestión del trabajo. ¿Qué pasa cuando alguien se presenta en un lugar con el curriculum y la dirección está dentro de un barrio informal? 

-La estigmatización que reciben los habitantes de villas y asentamientos está siempre presente. Y esto es lo que impide que puedan desarrollar plenamente todos sus derechos. Cuando en su DNI aparece el número de una casa, un número de manzana y un número de barrio, por supuesto que estigmatiza. Los barrios formales tienen nombres, no números y las villas de la ciudad fueron numeradas durante la última dictadura para ser erradicadas

-Desde la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria y desde el Frente Salvador Herrera ¿Cómo trabajan para hacerle frente a esta situación?

-Hace un tiempo que nosotros venimos trabajando en relación a la regularización de los servicios de agua y cloacas en los diferentes barrios informales de la ciudad. Hemos presentado un proyecto de ley, que tiene tratamiento parlamentario, para que celebre un acuerdo con la empresa Aysa –que es la prestadora del servicio de agua y cloacas en la ciudad– para que también lo haga en el interior de las villas en igualdad de condiciones con el resto de los barrios. Hoy por hoy no lo presta Aysa, porque los pasillos de las villas no están consideradas calles y, amparada en su marco regulatorio, decide no darle servicio a esas familias. Hace muchos años que llevamos adelante numerosos reclamos en este sentido y hoy estamos esperando que Aysa se haga cargo de su compromiso de iniciar un conjunto de obras en la periferia de la villa 21-24 para mejorar el servicio adentro del barrio. Como paliativo, desde los comedores del Frente Salvador Herrera estamos entregando casi 20 mil litros de agua potable envasada en sachet en distintas villas de la ciudad en todas las semanas

-¿Cómo puede ser que los habitantes de la villa 21-24, que está a 30 cuadras del Congreso Nacional, no tengan agua potable? ¿Y cómo puede ser que el agua potable sea considerada una mercancía, cuando es algo imprescindible para vivir?

-No sólo es un derecho humano universal, sino que la Ciudad de Buenos Aires establece en su normativa que el acceso al agua potable es un derecho para todos los habitantes y que el Estado debe ser quien la provea. Lamentablemente esa ley está incumplida en todas las villas de la ciudad. Porque no solamente Aysa no presta el servicio, sino que esto no es prestado ni regulado por ningún organismo del Estado. Por lo tanto quienes no pueden comprar agua mineral envasada, están condenados a consumir agua cuya calidad nadie controla

-¿Qué evaluación hacés en torno a los procesos de reurbanización que está llevando adelante el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta?

-Lo que venimos observando en los procesos que vamos siguiendo es que son tan solo anuncios que dan lugar a que se proyecten emprendimientos inmobiliarios, y no persiguen el objetivo de reparar derechos históricamente vulnerados. Muchas veces vemos cómo el Jefe de Gobierno presenta obras de agua o cloacas en las villas que han sido concesionadas a empresas amigas y que no respetan ningún tipo de normativa local, nacional, ni internacional. Obras que cuestionamos porque sabemos que técnicamente no son apropiadas y cuando hay una tormenta esas obras quedan bajo el agua, nos preocupamos porque una vez más todas esas comunidades postergadas ven cómo el sueño de la vivienda digna es manipulada por los gobiernos de turno. En este sentido, presentamos una serie de propuestas al director del IVC en relación a los aspectos que creemos que deben tenerse en cuenta para que esos procesos sean verdaderos en cuanto a la reparación de derechos.