Por Melissa Zenobi | Ante la avanzada represiva de los últimos días, Esteban Rodriguez Alzueta habló sobre la importancia de defender el derecho a la protesta social como garantía de reclamar por todos los derechos ciudadanos. “La reforma del Estado que viene impulsando el macrismo va a ser contestada en la calle y ante eso, el gobierno está viendo cómo reprimirlo”, destacó.

-En las últimas semanas los casos de criminalización de la protesta social se vienen agudizando, y son cada vez más las movilizaciones que terminan en represión ¿Cuál es la situación jurídica de nuestro país en relación a esto?

-Este gobierno hace rato que decidió que iba a pensar la protesta social con el Código Penal en la mano, por eso la pregunta que se hace es cuál es el nivel de condena que necesita el protagonista de cualquier manifestación. Distinto hubiese sido si abordaran la protesta con la Constitución en la mano, porque en ese sentido estarían viendo cuál es el nivel de protección que necesitan los manifestantes y cuáles son los reclamos. Todos sabemos que este modelo no cierra sin protesta social, que es la expresión de la recomposición de una trama política en los últimos 15 o 20 años en la Argentina. Me parece que las reformas del Estado que viene impulsando este gobierno, están teniendo su correlato con las organizaciones en la calle. Ante esto, el gobierno no piensa la protesta como una forma que asume la libertad de expresión, ni como una manera que tiene la gente para interpelar a los funcionarios y al resto de la ciudadanía. Estamos en democracia, y eso significa que tenemos que pensar conjuntamente cómo queremos vivir todos. Si yo tengo un problema, no es solamente mío, sino del resto de los ciudadanos también, aun si tienen ese problema resuelto

-Hace unos días, una nota en La Nación informó sobre la compra de nuevas tecnologías y armamento antipiquete ¿Qué opinión les merece esto?

-El gobierno emite declaraciones que están a la altura de las expectativas de gran parte de la ciudadanía. Así como viene desde hace unos meses informando que está equipando a las fuerzas de seguridad, también viene repitiendo que va a aplicar el Protocolo Antipiquetes, el cual no existe porque no hay una resolución ministerial que lleve la firma de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y que diga cuáles son los estándares que van a tener que respetar las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social. El único protocolo vigente es el que se aprobó en la gestión de Nilda Garré sobre los 21 puntos para intervenir en las manifestaciones públicas. Con esa herramienta se buscaba proteger a los manifestantes en su derecho a expresarse libremente en la petición de las autoridades

-El CIAJ presentó un “Manual de Derecho a la Protesta” para dotar a las organizaciones y militantes de herramientas que permitan prevenir la criminalización ¿Cuáles son los alcances del manual?

-Es un manual que contiene consejos prácticos a tener en cuenta a la hora de salir a protestar, para evitar ser judicializados y reprimidos por parte de las fuerzas de seguridad. Sabemos que después de la represión viene la judicialización, que es la forma que tienen de blanquear y legitimar la propia represión. Lo que presentamos son una serie de recaudos para evitar ser empapelados con algunas figuras que se encuentran en el Código Penal. Y además hay herramientas para discutir determinados clichés de cara a la opinión pública

-¿Podes dar algún ejemplo?

-Cuando los medios hegemónicos o la propia ciudadanía habla de conflictos de derechos: por ejemplo del derecho a protestar versus el derecho a transitar. Se trata de un juego de palabras que no tiene sentido, y ante esto lo que debe decirse es que en Argentina los ciudadanos no son iguales ante la ley, hay grupos que por las particularidades que atraviesan, están en situación desventajosa y el Estado tiene que proteger a esos actores. Cuando determinados sectores de la sociedad no tienen los medios para presentar su problema donde se debe, o no son escuchados, o no acceden a los medios de comunicación, entonces pueden transformar la calle en un espacio de expresión. El derecho a la protesta es el primer derecho, es el derecho a tener derechos, a reclamar por los derechos que la constitución otorga: salud, educación, vivienda, alimentación.

Información relacionada
  • Colectivo de Investigación y Acción Jurídica http://ciaj.com.ar/
  • Cuaderno de formación y acción colectiva: El derecho a la protesta (pdf)