Redacción Canal Abierto | Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y el Caribe de Trabajadores Estatales, junto a Jorge Ñancucheo, de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas, denunciaron al Estado argentino por la violación del convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La norma condena el uso de “toda forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas”, e incluye “la adopción de medidas especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”.

La presentación se realizó junto al presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, en relación a las condiciones en las que se encuentra detenida Milagro Sala. Destacaron que la dirigente social es indígena y miembro de una organización de pueblos originarios.

Si bien el dictamen de la OIT no será inmediato, sí será efectivo. Y su resolución se sumará a las declaraciones que ya realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, sobre la arbitrariedad que representa la detención de Sala.

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