Redacción Canal Abierto | El inefable juez neoyorquino Thomas Griesa volvió a escena. En este caso, para ordenarle a un grupo de fondos buitre que no entraron en el último gran acuerdo por deuda argentino que, finalmente, acuerden. De hecho, les pide que hagan “un esfuerzo” para terminar con las negociaciones.

El más importante de estos fondos es HWB Alexandra Strategies Portfolio, el mismo que había intentado embargar hace un par de semanas dos motores de los helicópteros presidenciales que estaban siendo reparados en una fábrica de General Electric en Ohio. La suma que maneja este fondo, que representa bonistas alemanes, ronda los 160 millones de dólares.

Si bien algunos matutinos anunciaron esta convocatoria al acuerdo como un motivo de “optimismo” en el oficialismo, ésta no es la única lectura posible ni la más cercana a los intereses populares. “Esto es, por cierto, una mala noticia porque va a suponer que en el futuro, para que haya acuerdo con estos fondos buitre que siguen litigando, se requiera contraer nueva deuda que vamos a pagar todos los argentinos”, señala Tomás Raffo, economista y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) en diálogo con Canal Abierto.

Que estos fondos sigan sobrevolando la economía nacional, pese a la sucesión de acuerdos y lo generoso de los mismos, es un problema que está en la raíz misma de la deuda externa argentina. “Esto es consecuencia de que nunca se discutieron las condiciones de legitimidad y legalidad de la deuda pública desde que asumió Néstor Kirchner –agrega Raffo-. Como no lo hicieron, 2005 terminó con un canje que dejó a muchos bonistas afuera, cerca de un 30%. El nuevo canje en 2010 resolvió los que habían quedado afuera menos unos pocos. Griesa probablemente ya tiene apalabrada a una importante cantidad de bonistas, aunque no a la totalidad y quedará una parte más que seguirá litigando. Es un problema que nunca se termina de resolver y, mientras estos bonos discuten, van incrementando los pagos de deuda de los que terminamos haciéndonos cargo todos. Claro que, cuando eso no se puede hacer, sobreviene la crisis”.

Efectivamente, los holdouts a los que Griesa conmina a negociar con el país no son todos los que hay. Quedan afuera tres fondos de inversión (Trinity, Baybrook y Whithe Hawthorn) y el bonista Mohammad Ladjevardian.

La cuestión de la legitimidad que señala Raffo refiere a que gran parte de esta deuda fue contraída durante la dictadura. Y, por otro lado, a que las condiciones en las que se negocia la nueva deuda incluyen que la jurisprudencia, el lugar donde se dirimen los conflictos, esté en el extranjero. De esta manera, los intereses nacionales una y otra vez terminan en el escritorio de Griesa.

Fondos carroñeros

Los fondos buitre son conocidos con ese nombre porque se trata de inversores que compran bonos de deuda a muy bajo valor porque los adquieren cuando el país emisor atraviesa una crisis.

En el caso de la Argentina, la mayoría de estos fondos compraron los bonos cuando el país entró en cesación de pagos, aprovechando la necesidad de los bonistas más débiles que necesitaban venderlos. Luego, su negocio fue litigar para obtener el 100% de lo que habían adquirido a un valor muy inferior.

Incluso, muchos de los que entraron en los canjes de 2005 y 2010 eran actores económicos locales que tenían intereses en la Argentina: grandes empresas y fundamentalmente bancos, que son los que concentran la mayor cantidad de papeles de deuda nacionales. Los mismos bancos que no tienen deudas gracias a que el Estado se endeudó para solventarlos durante la crisis de 2001 con la pesificación asimétrica. “Es decir que los salvamos y, una vez que se salvan, terminan siendo acreedores nuestros”, sintetiza Raffo.