Redacción Canal Abierto | La Carta de la Jefatura de Gabinete, la segunda del año, aborda una de las temáticas favoritas del gobierno de Cambiemos: la eficiencia del Estado.

El informe titulado Empresas públicas para el crecimiento afirma que el Gobierno encontró entre las empresas de control estatal, varias “mal administradas, sin coordinación ni estrategia comercial, con déficits enormes y que incumplían su compromiso con la sociedad”. Con este diagnóstico, detalla que se creó el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas para “mejorar la gestión”, “aumentar las inversiones”, “centralizar la supervisión y la estrategia”, e “iniciar un proceso de más transparencia” para “incrementar la eficacia y prevenir la corrupción”.

En este marco, de las 42 empresas en que el Estado es el principal socio, el informe sostiene que sólo dos hacen aportes al Tesoro: YPF y Lotería Nacional. Es decir, la mayoría da pérdida. Además, pone especial énfasis en que el problema del Estado nacional radica en que, con la “tendencia estatizadora” de la década anterior, regresaron muchos de sus tradicionales problemas: “administración inexperta e improvisada, empresas sin rumbo, déficits crecientes y, en ocasiones, como en Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares o Enarsa, empresas aprovechadas para usos políticos y carcomidas por la corrupción”.

Claro que los números en rojo se asimilan justo con la mirada privatizadora descarnada que evita formar parte del repertorio oficial, salvo exabruptos. Por eso, la Jefatura de Gabinete matiza el veredicto con una aclaración oportuna: para el Gobierno “hay espacio para que el Estado sea accionista y operador de un grupo de empresas que contribuyan al desarrollo del país: dedicadas a cumplir un rol social” como, enumera, los trenes suburbanos y la provisión de agua y cloacas. Ambos servicios que aumentaron sus precios a los usuarios considerablemente desde la asunción de Mauricio Macri, lo que en parte explicaría cómo fue paliado el déficit.

Así como se reconoce el rol social de los trenes y de Aysa, la empresa estatal de aguas, el informe se cuida de dejar afuera a Aerolíneas Argentinas como prestadora de un servicio social en el octavo país en extensión territorial del mundo. La compañía aérea, pese a haber reducido un 25% el déficit desde 2015, está tercera en el ranking de las que más dinero pierden y la propia cartera a cargo de Marcos Peña augura que “seguirá siendo deficitaria hasta 2019”. Un día antes de la publicación del estudio, el propio presidente de Aerolíneas, Mario Dell Acqua, admitió en una entrevista a La Nación -en la que abordó el tema del déficit y prometió no despedir personal para reducirlo- que “es posible” una “reprivatización” aunque negó estar estudiándola.

Más CEOs para el Estado

Con el sello distintivo que involucró gran parte del staff de CEOs del empresariado en la administración pública, Cambiemos formó el  Consejo creado para supervisar las empresas de control estatal con los ministros de las carteras involucradas, los vicejefes de Gabinete y “dos miembros independientes de reconocida trayectoria”. Se refiere a Luis Mario Castro, presidente de Kimberly-Clark (empresa que produce, entre otras marcas, pañales Huggies), y Jorge Becerra, socio y director ejecutivo de Boston Consulting Group. Como consecuencia de sus gestiones, el informe asegura que ya se están viendo “resultados positivos”, ya que el déficit operativo cayó un 46% y las inversiones se incrementaron un 60%.

Entre las conclusiones, la Jefatura de Gabinete destaca como un saldo positivo de esta gestión que “decenas de directivos y ejecutivos con vocación de servicio público se sumaron a sus equipos gerenciales” y anuncia que “el objetivo para los próximos años es profundizar esta dirección”.

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