Redacción Canal Abierto | Mientras medios de comunicación dominantes y funcionarios del Poder Ejecutivo se desgarran las vestiduras en reclamo de mano dura a la delincuencia, hoy la Corte Suprema declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las causas por delitos de lesa humanidad. De esta manera, el máximo Tribunal sienta jurisprudencia (existen fallos previos en un sentido totalmente opuesto), lo que podría repercutir en una reducción de penas a represores, e incluso futuras excarcelaciones.

Si bien se trata de un paso más en la avanzada del Gobierno contra las organizaciones de Derechos Humanos, hoy por la mañana la noticia causó primero sorpresa, para dar luego lugar a la alarma e indignación de gran parte del campo popular.

“Se está produciendo una avalancha de medidas para beneficiar a represores, a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Es una escalada preocupante”, expresó en diálogo con Canal Abierto el Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel.

El fallo de la Corte, que lleva la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, es por el caso de Luis Muiña (Expte. “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”), represor imputado por crímenes de lesa humanidad.

En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a estos delitos. Ambos jueces sostienen que “este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción”.

“El riesgo es que podría beneficiar a muchísimos enjuiciados y condenados por delitos de lesa humanidad”, advirtió en declaraciones a este medio Carlos Rosanski, quien fuera titular del Tribunal Oral 1 de La Plata que castigó con reclusión perpetua en 2006 al represor Miguel Etchecolatz.

La ley 24.390 (conocida como el beneficio del 2×1, derogada en el año 2001 para delitos vinculados con el genocidio) permite computar doble el tiempo de detención a partir del segundo año de reclusión sin sentencia firme. “Esto hay que tomarlo en cuenta porque en nuestro país la justicia suele ser lenta, lo que podría beneficiar a muchos represores que se encuentran en prisión preventiva, a la espera de un fallo”, explica el ex juez.

“Nosotros en La Plata (Tribunal Oral 1) rechazamos sistemáticamente el 2 x 1 en causas por delitos de lesa humanidad porque no es lo que corresponde, y es una postura que ha sido convalidada en todas las instancias superiores. Sobre todo porque es contrario a la actual legislación en materia de Derechos Humanos, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales a los que Argentina suscribe”, contó Rosanski.

El ex juez también indicó que el fallo obliga a hacer una interpretación política, más que jurídica: “Esto tiene que ver con un clima que estamos viviendo, donde ministros y altos funcionarios de este Gobierno se refieren de forma liviana respecto de la actuación de la última dictadura cívico militar, e incluso del holocausto”.

Además, Rosanski fue más allá: “No es menor que este proyecto económico sea tan cercano al de Martínez de Hoz (ministro de Economía de 1976 a 1981), con transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables a los más concentrados. Es algo a tener en cuenta a la hora de interpretar este fallo”.

El derrotero PRO amnistía y PRO negacionista

Minutos después de que se haga pública la resolución de la Corte, el propio Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj salió a posicionar al Poder Ejecutivo: “Estoy de acuerdo con el 2 x 1 si el fallo se ajusta a la ley”.

De todas formas, suenan cuidadosas y medidas las palabras del funcionario, sobre todo si se hace un reconto de los desatinados posicionamientos que en este año y medio de Gobierno vociferaron referentes macristas en materia de Derechos Humanos.

Primero fue el turno de Darío Lopérfido, quien siendo Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires llegó a negar la cifra de 30 mil desaparecidos. Le siguió el intento (con decreto incluido) del propio Presidente, de mover el 24 de marzo como día feriado, relativizando así una fecha en que se recuerda el inicio de la etapa más oscura de nuestra historia. Tampoco es menor que el Gobierno haya propuesto como representante argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Carlos Horacio De Casas, un abogado de represores.

La Conferencia Episcopal Argentina propuso reunir en su asamblea plenaria a víctimas y victimarios durante la última dictadura. En ello entremezcla a militares represores e integrantes de organizaciones armadas revolucionarias, en un gesto que resuena a la teoría de los dos demonios.

A esto hay que sumar la noticia de que semanas atrás, la Sala I de la Cámara de Casación Penal otorgó la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, quien de todas formas deberá permanecer en la cárcel.

Una “grieta” en la Corte Suprema

Los votos en disidencia de Juan Carlos Maqueda y de nada menos que Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema, marcan a las claras una seria diferencia que existe al interior  del máximo Tribunal.

Incluso, según analistas con vínculos cercanos a Palacio Tribunales, la posición del jefe de la Corte responde a los ataques y acusaciones que sufrió por parte de Lilita Carrió, aliada política del Gobierno e integrante de Cambiemos.