Redacción Canal Abierto | La Conferencia Episcopal Argentina pondrá a disposición de víctimas y familiares directos de desaparecidos algunos archivos que están en poder de la Iglesia, correspondientes al período 1976/1983.

El comunicado oficial del Episcopado aclaró que también podrán acceder a los documentos obispos y superiores mayores, y que las consultas se realizarán sólo sobre el material en que aparece mencionada la persona sobre la cual se busca información.

Son cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la secretaría de Estado en la Santa Sede sobre alrededor de 3000 personas, con pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos durante la dictadura y reclamar gestiones ante los militares. Se dio a conocer que existen telegramas, cartas y notas informales, la mayoría de ellos con pedidos de ayuda, en algunos casos gestiones de la propia Iglesia ante distintos organismos oficiales y eventuales respuestas de los militares.

Jesús María Plaza es abogado, profesor de Historia de Las Ideas en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Es sobrino de Monseñor Antonio Plaza, colaborador de la dictadura, a quien denunció por complicidad con la represión de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Plaza expresa a Canal Abierto su desconfianza sobre la buena fe de la decisión anunciada: “Puede ser un dato importante, pero como siempre extemporáneo en todo esto que nos ha tocado a nosotros en la lucha por los desaparecidos. Surge como para redimir el 2×1 y el pedido del clero para una reconciliación; entonces lo obligan a uno a especular”.

Anticipando la apertura de estos documentos, el arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Mario Poli, había asegurado que “no les tenemos miedo a los archivos. Los ponemos a disposición como un servicio a la reconciliación, a la justicia y a la verdad”.

Por su parte, el arzobispo de Santa Fe y presidente del Episcopado, monseñor José María Arancedo, había dicho en ese momento que “una vez que se conozcan los documentos, la Iglesia aparecerá con más luces que sombras” y reconoció que “es cierto que la Iglesia tal vez no hizo todo lo que pudo y por eso pedimos perdón”.

Jesús María Plaza es además interesado directo en conocer la documentación, ya que su hermano Juan Domingo “Bocha” Plaza es uno de los 30 mil desaparecidos. Justamente el militante peronista fue secuestrado minutos después de reunirse con su tío Monseñor Antonio Plaza en La Plata. El estudioso de la relación entre la iglesia católica y la dictadura en nuestro país asegura a este medio que el Gobierno Nacional está particularmente interesado en impulsar esta instancia: “Con la hipocresía que se vive en este país con el gobierno, me da a pensar que hay una especulación detrás de cada gesto. No tengo dudas del oportunismo político de los discípulos de Durán Barba, que hacen que estas cosas tengan mucho valor, en vísperas de una elección”.

La desclasificación fue una decisión impulsada en forma conjunta por el Vaticano y el Episcopado argentino. Las consultas deben realizarse mediante una carta, que deben ser presentadas en la sede de la CEA, ubicada en la calle Suipacha 1032 de la ciudad de Buenos Aires. El modelo de solicitud se puede consultar en www.episcopado.org

Por último, Plaza sostiene que Cambiemos estaría detrás de cada movimiento que pueda significar un intento de retroceso en materia de memoria, verdad y justicia: “Después del fracaso del 2×1, cuando el pueblo argentino se manifestó contundentemente en contra, y el rechazo que produjo el poder clerical cuando propuso la reconciliación, me lleva a pensar en otra movida del gobierno para recuperar lo que ha perdido en consecuencia de su mala praxis. Para ellos es una movida clave, primero como descargo culposo del fracaso político del 2×1, y después para bajar un poco los decibeles del desánimo”.