Redacción Canal Abierto | A fin del año pasado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, visitó la Argentina y le reclamó a Mauricio Macri por la detención de Milagro Sala. El presidente argentino respondió que “le hemos extendido (a la ONU) una invitación a que vengan a visitar la Argentina y por sí mismos chequear lo que informa Jujuy: que se están respetando todos los derechos humanos y las leyes vigentes”.

Ayer abandonó el país una misión de la Organización de Naciones Unidas que había llegado el 8 de mayo y que durante diez días recorrió el país analizando la situación en los lugares de detención, los abusos policiales, casos de discriminación judicial y excesos en el uso de la prisión preventiva.

Todo parece indicar que el entorno de Macri debiera estar por estas horas diseñando una nueva estrategia para dilatar una respuesta sobre la criminalización de la protesta, la represión a las manifestaciones sociales, la persecución judicial de adversarios políticos y la situación de los presos políticos, toda vez que el organismo internacional invitado por el propio gobierno intimó al Poder Ejecutivo argentino a cumplir la totalidad de sus observaciones.

De hecho, una de las expertas en derechos humanos que encabezó el relevamiento advirtió: “Vinimos a aquí por una invitación del Gobierno que entendemos como un compromiso de acompañar, escuchar nuestras recomendaciones y tomar decisiones. Esperamos que lo haga”.

Elina Steinerte (de Letonia) y Setondi Roland Adjovi (de Benín), dos de los cinco integrantes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas, dieron a conocer en conferencia de prensa el informe preliminar de 12 páginas que advierte sobre abusos policiales y la detención de menores de 16 años.

Si bien el documento no habla sobre la situación particular de Milagro Sala, y los observadores aclararon que no vinieron al país a analizar ningún caso puntual, reiteraron que continúa vigente el “llamamiento urgente” realizado en octubre por la liberación de la líder de la Tupac Amaru y los otros referentes de la organización barrial de Jujuy.

Consultada por Canal Abierto, Sabrina Roth, encargada de prensa de la dirigente social que pronto cumplirá 500 días presa, expresó que “la opinión 31 tiene que cumplirse y no está sujeta a revisión, nosotros siempre lo advertimos, que el gobierno con la invitación a la ONU especuló con dilatar el cumplimiento de la sugerencia. El Estado Nacional invitó al grupo de trabajo, por lo tanto reconoce su competencia, por lo tanto tiene que cumplir sus resoluciones. No es una decisión judicial, es el Estado Nacional el que tiene que ordenar la liberación en cumplimiento de los Tratados Internacionales que están incorporados en la Constitución”.  

El informe: advertencias

Los dos enviados recorrieron 19 cárceles, comisarías y centros de detención en la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Jujuy y Chubut; entrevistaron a más de 200 hombres y mujeres allí alojados; se reunieron con autoridades gubernamentales, judiciales y referentes de la sociedad civil. Ayer agradecieron y valoraron la invitación de Argentina, algo que no sucedía desde 2003, y lamentaron que algunas observaciones de aquella oportunidad todavía persistan. Llamaron además a “que el Gobierno implemente en su totalidad las opiniones que el GTDA adoptó sobre la Argentina”.

Entre otras apreciaciones, observaron:

-Aquellas personas en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía

-El sistema de Justicia penal acuerda un tratamiento marcadamente diferente a aquellos que provienen de un entorno humilde o aquellos que participan de protesta social y esto debe abordarse de manera prioritaria

-El informe señala que el 60% de la población carcelaria permanece detenida en carácter preventiva, a pesar de que la ley indica que debería ser un recurso de “carácter excepcional”

-El GTDA se alarmó de que “las comisarías alberguen detenidos durante período prolongados”, determinó que esos espacios “no están equipados para tal fin” y que su personal “policial no es idóneo ni se encuentra capacitado”.

Los organismos

La filial argentina de Amnistía Internacional, el colectivo de Abogados del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), difundieron un comunicado conjunto en el que destacaron distintos puntos del documento de la ONU.

-Sobre Milagro Sala resaltan que su detención “continúa siendo violatoria del principio de inocencia, del principio de legalidad, del derecho de defensa en juicio, de la cosa juzgada y de la prohibición a ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción

-Sobre situaciones de privación de la libertad, detenciones arbitrarias y pueblos originarios, los reconocidos organismos de derechos humanos señalan que “el Grupo recogió información sobre la situación de la privación de la libertad en el país e hizo hincapié en el uso excesivo de la prisión preventiva

-Sobre la protesta social, se destaca que “los instrumentos internacionales sobre derechos humanos garantizan el derecho de reunión pacífica y que los Estados deben abstenerse de impedir o castigar toda manifestación pacífica”

-Que el Grupo de Trabajo criticó el decreto 70/2017 que reformó la Ley de Migraciones. “Estos cambios importantes en la detención de migrantes deberían haber sido objeto de un debate abierto y transparente con un amplio espectro de actores y tratado especialmente en el Congreso de la Nación”

-Que la misión de la ONU llamó la atención sobre “numerosos casos alarmantes de detención de personas por su discapacidad psicosocial. A menudo los ´pacientes sociales´ se encuentran institucionalizados durante años e inclusive décadas sin perspectivas reales de liberación”.

 

 

 

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