Redacción Canal Abierto | Como sucedía durante la dictadura y vigencia de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos menemistas, los organismos de Derechos Humanos de nuestro país vuelven recurrir a los órganos internacionales para que se escuchen sus reclamos de memoria, verdad y justicia.

Un crítico informe que alerta sobre los retrocesos en la materia, elaborado por más de cien organizaciones que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia que se realizó en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza entre el 26 y 27 de abril, fue entregado esta tarde a Francisco Eguiguren, relator para la República Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia se realizó durante un encuentro con organizaciones sociales en el que se analizó la situación de Argentina, desarrollado en la ex Esma. El próximo martes 23 de mayo habrá una marcha al Hotel Sheraton de Retiro, a las 18 horas.

El documento abarca once temáticas distintas vinculadas todas ellas a derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica y se formuló a partir de una fuerte participación ciudadana y horizontal de cientos de argentinos en representación personal y de distintas agrupaciones.

En marzo de este año funcionarios nacionales y jujeños debieron explicar ante la CIDH la represión de Gerardo Morales a la protesta social.

La denuncia por la detención ilegal de Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy y Mendoza, el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el incremento de los casos de violencia policial fueron algunos de los ejes principales que plantearon los referentes como de mayor preocupación.

Al inicio del documento, se plasmaron declaraciones de distintos referentes de reconocidos organismos de derechos humanos realizadas en la apertura del Foro en Buenos Aires y en las que lamentaron, después de tantos años de lucha, tener que volver a hacer denuncias ante la CIDH. La denuncia sobre la criminalización de la protesta y la profundización de las políticas represivas fueron también algunos de los temas sobre los que alertaron. “Que este modelo cierra con represión no es una consigna, es una realidad que el macrismo y sus aliados ponen en acto y multiplican a diario”, indicaron.

Uno de los ejes centrales del escrito presentado a la CIDH gira en torno a la situación de Milagro Sala, cuya detención arbitraria fue ratificada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que concluyó este jueves su visita oficial a la Argentina y ratificó la Opinión 31 según la cual el Estado Nacional debe liberarla en forma inmediata. En la presentación ante Eguiguren, se denuncia que el gobernador Gerardo Morales instauró en la provincia un Estado policial y que se constituyó en un laboratorio de ensayo que se expandió luego a otros puntos del país, tal como sucedió en Mendoza con la detención de Nélida Rojas y otros dirigentes de la Tupac Amaru. En ese marco indicaron que “el modelo represivo y criminalizador de las organizaciones libres del pueblo viene avanzando cotidianamente”.

Pero en el documento, si bien atravesó el trabajo de las distintas comisiones, las denuncias sobre la vulneración de los derechos de la diputada del Parlasur y sus compañeros de militancia, no fue la única. “La creciente violencia institucional debe leerse en correlación con el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Esta realidad se construye desde la pérdida de derechos cotidianos para las mayorías populares”, aseguraron.

El incumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de su libertad que la CIDH realizó al gobierno nacional en septiembre de 2016, el agravamiento de la crisis penitenciaria, el incremento de la violencia policial avalada por el Poder Judicial, la represión policíal desmedida en barrios humildes, el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una orden de la CIDH, las detenciones ilegítimas en el Paro Internacional de Mujeres, la represión policial a docentes que reclamaban de forma pacífica, la represión y detenciones ilegítimas en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy son sólo algunos de los casos tratados en el apartado sobre el incremento de la violencia institucional en el país.

Otro de los ejes centrales del documento fue el retroceso en materia de Derechos Humanos. “En la actualidad, nuestro país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos, que parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, no cesan la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional”, reclamaron antes de enumerar los desmantelamientos de las áreas vinculadas con la materia en los distintos ministerios, las designaciones de autoridades vinculadas con responsables de crímenes de lesa humanidad y las declaraciones de funcionarios nacionales reivindicando o negando los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983.

En el capítulo sobre la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución se hizo eje en las causas armadas contra referentes políticos, sociales, gremiales, espionaje y escuchas ilegales, detenciones arbitrarias, denuncias infundadas e investigaciones direccionadas por los medios; la influencia de los medios sobre magistrados y funcionarios, y la embestida gubernamental contra magistrados y funcionarios no alineados con el gobierno de turno.

El documento, de más de 300 páginas, contiene además denuncias en materia de los retrocesos en el mundo del trabajo, la persecución sindical y la criminalización de la protesta, del ajuste en el sistema de salud y la seguridad social, el asedio a la educación y a la producción de conocimiento, los retrocesos en las políticas de género y diversidad, cultura, medios de comunicación y cerco mediático, y en relación a la política internacional y el contexto internacional.

Los referentes del Foro por la Libertad y la Democracia indicaron que “si bien en esta visita la CIDH no analizará la situación argentina, si lo hará en julio. En este sentido el aporte de este documento que presentamos es muy importante porque se hizo de abajo hacia arriba y refleja casos concretos de violencia estatal. La CIDH tiene varios casos de argentina sometidos a examen, uno de ellos es el de la detención arbitraria de Milagro Sala y todos ellos están enmarcados dentro de lo que muestra el informe, que es una profundización de la violación a los derechos humanos desde que asumió Macri. Esperamos que las exigencias y recomendaciones de la CIDH le ponga freno a una escalada represiva en nuestra sociedad”.

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