Por Melissa Zenobi | Afortunadamente, esta vez la respuesta del Congreso Nacional al repudio popular no tardó en aparecer. Sólo pasó una semana entre que nos enteramos que la Corte Suprema de Justicia otorgaría el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña y que aprobaran una ley que bloqueará cualquier amnistía en materia de delitos de lesa humanidad.

Muiña formaba parte de un grupo de choque armado que aterrorizaba a trabajadores y pacientes del Hospital Posadas en la última dictadura militar. En 2011 fue condenado por secuestros y torturas, y éste fallo no sólo le dio la libertad a él, si no que animó a otros represores a pedir el mismo beneficio.

En entrevista con Canal Abierto, Guadalupe Godoy, abogada especialista en Derechos Humanos, analiza los alcances y límites de esta reglamentación que configura un triunfo de la lucha popular.

 

-¿Cuáles son los alcances políticos de la ley que se votó el miércoles 10 de mayo?

-Hay que separar dos planos de esa ley. El más destacable es la expresión política que genera casi por unanimidad todos los bloques de ambas cámaras. Si bien muchos que la votaron fueron parte de los que generaron el contexto necesario para que el fallo de la Corte saliera, esto deja en claro que socialmente no es aceptable en nuestro país ningún tipo de amnistía, conmutación de pena o indulto

-¿Y cuál es el análisis que merece en relación a los efectos jurídicos?

-En el plano jurídico no es tan efectiva, y quienes somos querellantes y hemos estado haciendo presentaciones estos días no consideramos que fuera necesaria su aprobación. Con las leyes que existen en nuestro país y los tratados internacionales a los cuales Argentina se ha comprometido y los anteriores fallos de la corte, está más que claro que en materia de lesa humanidad no puede haber ni conmutación de penas, ni indultos, ni amnistías

-¿Entonces cuál crees que fue la urgencia de que se apruebe?

-Parte de la intención de la aprobación de la ley fue contener el enorme repudio popular, pero además darle una salida elegante a la Corte. Porque ahora la Corte puede argumentar entonces que su fallo no fue ilegal, si no producto de un vacío legal, que no estaba aclarado de que el beneficio del 2×1 no era aplicable a los delitos de lesa humanidad, y que la ley vino a subsanar ese vacío legal. Por eso políticamente la recibimos como un triunfo de nuestro pueblo, pero jurídicamente no la estamos invocando más que en ese sentido, no utilizamos los efectos que supuestamente tiene

-¿Es una ley que sólo contempla el beneficio del 2×1 o también bloquea otro tipo de beneficios penales?

-No, la ley está hecha para que la Corte pueda tener una argumentación que le permita una salida y, en realidad, eso también es necesario. No olvidemos que ahora están saliendo los fallos de los tribunales inferiores, mayoritariamente rechazando la aplicación del 2×1, pero los defensores van a apelar y esas causas van a llegar a la Corte. Es decir que, de alguna manera, hay que zanjar la cuestión para que los jueces resuelvan en sentido contrario

-Si no era a través de esta ley ¿Qué otra opción había para frenar esto?

-Otra salida, y personalmente sería la que prefiero, sería que renuncien los jueces que votaron en este sentido, sobretodo Helena Highton teniendo en cuenta lo escandaloso de que haya cambiado su voto sin argumentar como se debe. La ley no va a tener consecuencias para quienes ya fueron beneficiados por delitos comunes, porque por los plazos no es aplicable. Además esta reglamentación habilita a que fiscales, jueces y juristas se pongan a discutir sobre sus alcances cuando en verdad de lo que tenemos que hablar es qué está pasando en nuestro país para que haya una movida tan fuerte en pos de la amnistía o que no haya ningún represor en la cárcel

-Hubo un pedido de varios sectores para que se realice un juicio político a los jueces de la Corte: ¿Qué pasó con esa demanda?

-Claramente las cámaras no tuvieron el mismo entusiasmo a la hora de llevarlo adelante. Hubo planteos en la misma sesión donde se trató la ley. El Frente de Izquierda hizo un pedido de juicio político para los jueces y el partido gobernante se negó a tratarlo, y ahora hay diversos reclamos que se están haciendo desde los organismos y colectivos de abogados de derechos humanos. Ahí hay que quebrar un bloque de poder que no se si está tan dispuesto a entregar a quienes seguramente van a seguir restringiendo derechos

-Es importante poner en agenda por qué fue posible el fallo

-Es que si este fallo fue posible, es gracias a que hubo un marco que lo habilitó durante un año y medio, con funcionarios que empezaron a hacer declaraciones negacionistas, cuestionando la cantidad de desaparecidos, de la existencia del terrorismo de Estado, y muchísimos gestos simbólicos que se pudieron en disputa y que habilitaron a la corte a creer que existía un clima social propicio para hacerlo. Es el mismo planteo que volvió a instalar la versión de la guerra, la teoría de los dos demonios. Funcionarios de derechos humanos que empezaron a recibir a las organizaciones reivindicadoras del genocidio y otras situaciones que van acompañadas de un cambio en la estructura estatal en función de los juicios: contención y protección de testigos, secretarías de derechos humanos activando como querellantes, las direcciones de derechos humanos proveían material que permitió la imputación de muchísimos genocidas que no estaban identificados como tales. Todo eso se desmanteló en un plazo muy breve y los mismos apellidos que estábamos intentando juzgar como responsables civiles del genocidio, pasaron a ser parte de organismos del Estado, como es el ejemplo de Blaquier

-¿Cómo está la situación de los juicios a los responsables civiles de la dictadura? ¿Se frenaron?

-De alguna manera sí. De hecho ya venían morosos, porque la corporación judicial siempre se resistió. Pero además en los casos como Papel Prensa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación retiró la querella, o dejó de apelar algunas faltas de mérito en el caso Blaquier por el Ingenio Ledesma. Entonces las dificultades son cada vez más grandes y el movimiento de derechos humanos hoy tiene nuevamente muy diversificado su accionar: muchos de los abogados querellantes están peleando además por la liberación de Milagro Sala, o intentando evitar retrocesos en planos laborales, o empezando a tener que estar atrás de cada caso de disciplinamiento de la militancia política.