Por Leonardo Vázquez | La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que nació en pleno derrumbe del neoliberalismo como epicentro de reuniones de la resistencia, como espacio de formación contrahegemónica por el que pasaron y del que surgieron muchos de los cuadros políticos del campo popular más importantes de las últimas décadas, que logró reconocimiento internacional como centro de educación política de izquierda y en el que pisaron los referentes del progresismo más reconocidos del mundo, hoy está al borde de quedar en manos de dos funcionarios negacionistas que se reúnen con familiares de genocidas y reivindican la teoría de los dos demonios, integrantes de un gobierno que, antes de asumir, cargó con fuerza contra el proceso de memoria, verdad y justicia que colocó a la Argentina en la vidriera del mundo en materia de derechos humanos.

En el afán de institucionalizar y garantizar continuidad a la casa de estudios más allá de su propia vida, las Madres, de la mano del Frente para la Victoria, nacionalizaron en 2014 la UPMPM y la dejaron servida para que el macrismo haga lo que mejor sabe hacer.

La semana pasada trascendió en distintas notas periodísticas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo será intervenido por el gobierno nacional, bajo el argumento de una necesaria revisión de gastos, sueldos y personal, y sembrando dudas sobre manejos irregulares del presupuesto.

Además, el diario Clarín adelantó el desplazamiento del rector organizador, Germán Ibáñez, y de algunos directores de carreras. Según pudo confirmar Canal Abierto, la decisión en la Secretaria de Derechos Humanos, de la cual depende el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos (IUNMa), ya está tomada y fue notificada informalmente.

Desde el día siguiente a la publicación en el medio del Grupo Noble hasta hoy, la máxima autoridad del instituto recibe llamados constantes desde la secretaria y el Ministerio de Justicia, solicitándole la renuncia en un intento de evitar el costo político que significará el inminente despido, teniendo como antecedente el paso en falso que resultó para el macrismo el intento de apresar a Hebe de Bonafini en agosto del año pasado, las declaraciones del presidente y varios funcionarios cuestionando la cantidad de desaparecidos, o el reciente fallo de la Corte Suprema que benefició con ofertas carcelarias a represores de la dictadura, entre otros ataques a los símbolos de los derechos humanos en los cuales se puede advertir el impulso del oficialismo.

Según información a la que tuvo acceso este portal, todos los argumentos administrativos, presupuestarios, organizativos y reglamentarios esgrimidos por Clarín carecen de sustento, lo que dejaría al descubierto una nueva movida de intencionalidad político-ideológica contra el movimiento de derechos humanos.

La fiscal Cristina Caamaño, conocida por investigar el asesinato de Mariano Ferreyra, luego funcionaria en el ministerio de Seguridad de Nilda Garré y en la AFI, y actual directora ad honorem de la carrera de Derecho del IUNMa, explica a este medio que uno de los objetivos puede ser el vaciamiento del sentido académico orientado a desarrollar pensamiento crítico.

“El instituto es una creación de las Madres, y que pongan a un tipo como Buján va a significar el alejamiento de muchos docentes y alumnos. Quieren sacar al director que puso Hebe para poner a un hombre propio. Es difícil imaginar un instituto con el sello de las Madres en manos de un gobierno como este. Hay que pensar cuáles son los contenidos que van a recibir los alumnos en un establecimiento que se llama Madres de Plaza de Mayo”, agregó Caamaño.

El IUNMa es una de las 17 nuevas casas de altos estudios creadas durante los últimos años. Los otros 16 rectores de instituciones en vías de normalización fueron removidos durante 2016. En este caso, el desembarco de Javier Buján, ex subsecretario de Justicia de la ciudad autónoma bajo la gestión Pro y ex interventor del INADI con Cambiemos, cercano al operador judicial y presidente de Boca Daniel Angelici, claramente significará un brusco cambio de rumbo en los destinos del instituto, pero no por culpa de dineros mal manejados.

Por su parte, Mariela Canessa, docente del instituto, confirma esta información a Canal Abierto: “Ayer la comunidad educativa presentó en el Ministerio de Justicia una nota por mesa de entrada, pidiendo una reunión con funcionarios para que se hagan cargo de la situación irregular en la que está el instituto, y nos terminó atendiendo el jefe de gabinete de Garavano quien, sin dar respuestas, nos confirmó que la intervención es un hecho y se negó a todos los reclamos que le llevamos”.

Los datos

El concepto de que los derechos humanos son un curro, apropiado por Macri en campaña electoral, es desmentido por números de los propios ministerios y las secretarias de Estado. Los datos oficiales señalan que por la ley que dio origen al instituto, sancionada en octubre de 2014, la ex Universidad Popular depende totalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A pesar de estar enmarcado en la Ley de Educación Superior, no tiene ningún grado de manejo de recursos. Desde enero de 2016, por decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, el IUNMa fue transferido como “Programa N° 38” a la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, por lo tanto único ejecutor responsable de los presupuestos asignados.

Al instituto le fueron presupuestados recursos recién en 2016, por primera vez desde su nacimiento, y hasta el día de hoy ni siquiera tiene una sede propia. Funciona en un piso de la Secretaría de DDHH y en aulas prestadas por otros organismos, universidades y sindicatos, por lo que no existió  previamente ninguna “inmensa inyección de recursos”, como publica Clarín.

A pesar de los $ 98.291.083 asignados para el IUNMa (presupuesto equivalente al de otros institutos de similar envergadura y estructura), la ejecución para ese año fue del 0%. Es decir, que se realizó una sub ejecución del 100% (datos disponibles en http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/). Sobre esto, Caamaño es concluyente: “Nosotros nunca tuvimos nada que ver con Sueños Compartidos, o sea que en las causas penales el instituto nunca estuvo involucrado, ni siquiera funcionó en la casa de las Madres. Nosotros nunca tuvimos ni caja chica, pedíamos papel y nos mandaban resmas. Nunca manejamos dinero”.

Para 2017 el gobierno nacional ya contó con un presupuesto de su autoría y le destinó al instituto de Madres 23.537.912 pesos, lo que significó un recorte del 74% en relación a lo asignado el año anterior en términos reales, sin tener en cuenta la inflación. Esa suma representa el 1,77% del presupuesto total para universidades nacionales.

Los datos de ejecución actualizados al 1 de junio arrojan que sólo se utilizó el 19,59% de lo presupuestado. Es decir, existe una subejecución anualizada del 60%. En este punto es importante volver a mencionar que el único responsable del manejo de recursos es la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, ya que el instituto, a diferencia de las grandes universidades nacionales, no tiene ni autonomía ni autarquía, con lo cual es imposible que exista un “desvío de fondos”.

Los docentes, que aun no han sido contratados, no cobran de manera sistemática su salario. Sólo un 50% de ellos ha cobrado desde enero a octubre de 2016. La Secretaría sostiene con el resto una deuda de 17 meses.

Respuestas y apoyos

Ni bien conocida la noticia, la asociación lazó una campaña de apoyos mediante la cual le harán llegar a Mauricio Macri cartas en las que se le pregunte al presidente “¿Por qué quiere destruir a las Madres?”. En el video que inauguró la iniciativa, Hebe de Bonafini aseguró que ya recibieron el apoyo de gran cantidad de universidades de Brasil, México, EEUU, País Vasco, España, Holanda, Italia y Venezuela.

El jueves 1 junio se realizó en la sede central de Madres de Plaza de Mayo un acto en “defensa de la universidad pública”. Participaron las más altas autoridades de las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Lanús, Avellaneda, José C. Paz, San Antonio de Areco, General Sarmiento, Lomas de Zamora, De las Artes y Arturo Jauretche. Además, estuvieron presentes representantes de gremios docentes y no docentes, y federaciones estudiantiles secundarias y universitarias. La rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, presentó un documento en rechazo a la intervención del IUNMa firmado por 18 universidades públicas.

IUNMa

El instituto está reconocido por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación para emitir títulos oficiales de validez nacional de las carreras de Abogacía, Licenciatura en Historia, Profesorado en Historia y Licenciatura en Trabajo Social. De acuerdo a la ley de Educación Superior, aun le quedan dos años para presentar el proyecto de normalización institucional ante el Ministerio de Educación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo cuenta con una matrícula de 1200 alumnos y cerca de 200 docentes.

Si bien no hubo pronunciamientos oficiales al respecto, el sitio Infobae, impulsor de la “memoria completa” y los “derechos humanos para todos”, explicó el 28 de mayo pasado: “Ante una consulta de Infobae, en la Secretaría de Derechos Humanos sólo respondieron que se dieron de baja nueve contratos”.

Para finalizar, Canessa, referente gremial de los docentes del Instituto de Madres, también rechaza el argumento de los supuestos contratos no docentes para empleados de otras áreas de la fundación: “Vienen por la revisión de los programas de estudio, la construcción de un sujeto acrítico, van por lo simbólico y un cambio en el rumbo político que tiene la institución. Nosotros queremos la defensa de todos los puestos de trabajo, docentes y no docentes, el personal para tareas que no son referidas a lo académico, es un plantel chico, por lo tanto no queremos perder ningún puesto laboral”.