Redacción Canal Abierto | El fin de semana, a partir de un hecho de inseguridad, se disparó nuevamente en los medios masivos el debate por la baja de la edad de imputabilidad. La dirigente de Cambiemos Gabriela Michetti y el opositor Sergio Massa no dejaron pasar la oportunidad para fijar posición, como siempre sin datos concretos que demuestren que la incidencia de los menores de edad en delitos es significante como para evaluar un cambio en la normativa vigente.

En el hecho que reavivó el debate, un nene de 3 años murió luego de que dos ladrones asaltaran a su padre en Lomas de Zamora, cuando volvían de comprar pizza. El menor recibió un tiro en la espalda y hay un adolescente de 16 años detenido. El régimen de responsabilidad penal juvenil vigente abarca los casos de personas entre 16 y 18 años de edad, con lo cual en este suceso el acusado ya estaría enmarcado dentro de normativa penal. Sin embargo, la vicepresidenta Gabriela Michetti fue por más y volvió a plantear que se debe bajar la edad de imputabilidad a los 14 años: “Es razonable y de sentido común discutir el régimen penal juvenil”. Se trata de una iniciativa que el macrismo ya buscó introducir en el Congreso, hasta ahora sin éxito.

Sergio Massa también aprovecho para comenzar a levantar la mano en la campaña: “En el caso de homicidio tiene que haber la misma pena para un menor que para un mayor”.

Rosario Hasperué, del espacio No a La Baja, integrado por más de 60 organizaciones que trabajan temáticas de niñez en todo el país, analizó para Canal Abierto el resurgimiento del debate: “Es un año electoral y desde hace mucho, sin excepción de gobierno, nunca falla que algún irresponsable con funciones de dirigencia en los partidos de gobierno plantea bajar la edad de punibilidad. Sobran los motivos y argumentos para señalar que sería un error y un retroceso del Estado social contra el avance del Estado punitivo, que no solucionaría el problema de la inseguridad sino que, todo lo contrario, lo agravaría”.

A comienzo de este año el Ministerio de Justicia lanzó una comisión para elaborar un nuevo régimen penal juvenil. En un principio, Germán Garavano aseguró que no sería tratado en un año electoral.

Los datos más difundidos que se opusieron a los argumentos del oficialismo señalan que el 96,5% de los delitos son cometidos por adultos; que las experiencias en otros países de Latinoamérica que bajaron la edad de punibilidad demuestran que la medida no resultó eficaz: porque no bajaron los índices de reincidencia, no se avanzó en la resocialización, aumentaron los índices de violencia social y empeoraron las condiciones de encierro.

Hasperue se refiere a la contundencia de los datos: “Cada vez que intentaron bajar la edad tuvieron que retroceder porque todos los expertos, científicos, especialistas y organizaciones vinculados a la temática tienen todos los argumentos para señalar que así no se resuelve el problema, es una respuesta que simplifica una problemática más amplia para la cual ellos no tienen o no quieren tener respuestas de fondo”.

Justamente son los especialistas los que aseguran que este tipo de medidas atentarían contra el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Argentina, implementado a partir de la Ley Nacional 26.061.

La Campaña No a la Baja reunió, durante los encuentros federales de fines de 2016 y lo que va de este año, una seria de propuestas para abarcar la problemática:

– Políticas públicas con participación de organizaciones sociales

-Garantizar el acceso y la inclusión al sistema educativo

-Promover espacios de contención, formación y recreación en los territorios

-Trabajar la promoción y protección de los derechos de la niñez

-Financiamiento de todas las áreas la ley 26.061, incluyendo la plena aplicación de la ley de salud mental para aquellos jóvenes con consumo problemático de alcohol y drogas

-Trabajo con derechos para adultos responsables que garanticen contención

-Viviendas dignas y acceso a servicios de salud

-En materia penal, la respuesta es la reconstrucción de un Régimen Nacional Penal Juvenil que derogue el decreto ley 22278/22803.

Sin embargo, Rosario Hasperue explica a este medio que las respuestas de los candidatos son más sencillas: “Lo hacen de una manera oportunista, pero bajar la edad de punibilidad no soluciona el problema de la inseguridad. Necesitamos para todos los pibes y las pibas de nuestro país más políticas de seguridad social, porque hay un problema de inseguridad muy grave en la Argentina que es que la mitad de nuestros jóvenes está vinculada a la pobreza”.

Por último, la especialista remarca que “los últimos gobiernos vienen violando la legislación: desde la Constitución, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el resto de las leyes de niñez. Porque no garantizan los derechos humanos esenciales de los pibes para evitar que esa minoría se vincule al delito”.

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