Por Sergio Alvez | Según el último censo nacional, en la Argentina existen 2171 municipios. Uno de ellos, en el norte de la provincia de Misiones, ostenta un penoso récord nacional: es la comuna con mayor grado de extranjerización de su territorio. Hablamos de Puerto Libertad, donde el 80% del total de su superficie le pertenece a la multinacional de capitales chilenos Arauco. De las 80 mil hectáreas que conforman la totalidad del municipio, 65 mil pertenecen oficialmente a Arauco, y se estima que contabilizando testaferros, la posesión real de la tierra por parte de la multinacional alcanzaría el 90% del pueblo.

“Acá en Libertad cuando la Municipalidad quiere hacer una plaza, o una terminal o cualquier obra, tiene que pedirle por favor a la empresa que le done un pedacito de tierra” resume un vecino.

La extranjerización de la tierra por parte de Arauco data de un proceso que se inició en la década del noventa y que fue convirtiendo al municipio –y a otros aledaños- en un desierto verde donde el monocultivo de pinos fue arrasando las pequeñas chacras, destruyendo el monte nativo, y expulsando a campesinos y originarios hacia asentamientos urbanos, configurando un presente de fuerte conflictividad social. Los sindicatos y organizaciones sociales de la zona norte reportan el cierre de más de 70 aserraderos “devorados” por el monopolio de Arauco.

Los pinos de Arauco a su vez alimentan la voracidad de las plantas de celulosa y MDF que la empresa Alto Paraná S.A (principal compañía de Arauco) posee en la zona.

Puerto Libertad pertenece al departamento Iguazú y está enclavada a apenas 25 kilómetros de las Cataratas. La historia del municipio tiene ribetes interesantes, comenzando por el itinerario de su nombre. En 1950 se creó la primera Comisión de Fomento que decidió llamar al pueblo “17 de Octubre”, en honor a la fecha que se recuerda como día de la Lealtad Peronista. Hasta que en 1955, el golpe militar que derrocó a Perón e instauró la dictadura auto denominada “Revolución Libertadora”, cambió el nombre del municipio por “Libertad”, convirtiéndose al poco tiempo en la definitiva nomeclatura Puerto Libertad.

“Somos un pueblo de frontera, acá nomás está Paraguay, así que el flujo es constante. Supimos tener mucha selva, este lugar era refugio de yaguaretés y árboles de todo tipo, tenemos aún cascadas y saltos de inmensa belleza. Pero todo lo afean esos pinos que están por toda parte, y el hambre al que la empresa sumió al pueblo. Porque acá todo es de ellos, toda la riqueza se va a Chile”, cuenta don Hemeregildo (72), un viejo habitante de este pueblo que hoy tiene más de  10 mil habitantes.

En Puerto Libertad, pese a recientes modificaciones corporativas, la gente identifica a Arauco como Alto Paraná o por sus siglas, APSA. “Es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice la canción”, apunta Jorge Ribeiro (46), ex motosierrista y poblador.” Arauco o APSA es lo mismo, ahora tratan de que no se hable tanto de APSA porque es una empresa totalmente desprestigiada en lo social” agrega.

Así se presenta Alto Paraná en sociedad: “En Argentina, los programas sociales que desarrolla Alto Paraná buscan promover el desarrollo sustentable de la sociedad a través de la preservación de los recursos ambientales y culturales para las generaciones actuales y futuras, el respeto de la diversidad; la promoción de la disminución de las desigualdades sociales y la generación de valor económico, social y ambiental”.

Sebastián Korol es periodista. Integró en su etapa fundacional la Revista Superficie y fue Fiscal Popular en la audiencia del caso Alto Paraná S.A. del “Juicio Ético y Popular a la Transnacionales de la Triple Frontera”, realizado los días 31 de septiembre y 1 de octubre de 2011.

Para Korol “en dirección completamente opuesta a ciertos enunciados, la realidad de la provincia de Misiones simboliza en la empresa Alto Paraná S.A. el cáncer de su letal modelo productivo foresto industrial. Modelo que, complicidad estatal mediante, se profundiza año tras año, y deja como consecuencias pobreza, desempleo, expulsión de comunidades campesinas e indígenas Mbya Guaraní, bloqueo de posibilidades para la agricultura familiar, destrucción de biodiversidad, concentración y extranjerización de tierras, contaminación, enfermedades, y muerte”.

En Misiones, la compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná S.A.: 232.000 hectáreas, según datos de la propia empresa. Sin embargo, organizaciones campesinas afirman que si se suman los territorios explotados por testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo indirecto de la tierra, la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, equivalentes al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones.

El caso de Puerto Libertad es el más extremo. Debe pensarse que la Ley de Tierras (26.737) sancionada en 2011 restringía a un 15% la tenencia máxima de tierras por parte de agentes extranjeros. Es decir que Alto Paraná en Puerto Libertad superaba cuatro veces ese tope establecido. Pero la ley no era retroactiva y en 2016 Mauricio Macri la modificó de tal forma  que prácticamente hoy no existen restricciones para la extranjerización de la tierra, o sea, para profundizar aún más ese proceso.

El secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), Rubén Ortíz,  es docente e investigador, y fue testimoniante en la audiencia Alto Paraná S.A. del Juicio Ético a las Transnacionales de la Triple Frontera. Consultado, Ortiz trazó un recorrido histórico sobre el origen y consolidación del modelo foresto–industrial en Misiones.

“En diciembre de 1974, Celulosa Argentina presentó el proyecto Celulosa Puerto Piray (CPP), para instalar una nueva planta productora de pasta celulósica química en el municipio de Puerto Piray, donde ya funcionaba una planta industrial de la empresa. Con la nueva fábrica se buscaba producir pasta química kraft, de fibra larga. El proyecto fue aprobado en plena dictadura cívico–militar, en diciembre de 1976. El modelo pastero se consolidó durante la última dictadura cívico–militar argentina, de la mano del apoyo estatal. Yo diría que sin la dictadura no hubiese sido posible. Entre 1976 y 1983, sobre todo Celulosa, vivió de manera vergonzosa los recursos. El 75 por ciento de los costos de la planta de CPP los puso el Estado. O sea, podíamos reclamar para nosotros el 75 por ciento de esa empresa hoy. Una cosa vergonzosa. En esta etapa se concreta la mayor concentración y extranjerización de capitales”.

En Puerto Libertad, el cineasta platense Mario Verón rodó dos películas. Aunque en claves narrativas diferentes, ambas abordan el tema de la extranjerización de la tierra y la lucha campesina por subsistir ante el acorralamiento. “En 2005, en Puerto Libertad se desató un conflicto laboral entre la empresa Alto Paraná y cientos de motosierristas contratados, que estaban siendo explotados y despedidos. Fueron días intensos, que quedaron registrado en el documental Neike”, cuenta Mario en relación al primer proyecto.

En etapa de pre producción, avanza el film Che Negrito. Lo cuenta Verón. “Fidel es un niño. Vive en las entrañas del monte. Con sus doce años reparte su tiempo entre el trabajo en el campo y las carreras cuadreras junto al Che, su caballo, fiel compañero y amigo que tras un accidente deberá reemplazarlo por Lunita de Libertad y seguir adelante en busca de alcanzar su sueño: una vida mejor para él, su padre y sus hermanos que viven en lo profundo del Paraguay. La historia se desarrolla en el hipódromo improvisado de ‘Nueva Libertad’ donde Fidel se abre paso entre los pinares. Al correr a alta velocidad, con una remera de Maradona, Fidel grita alaridos de sapucay, realzando con hidalguía su sangre guaraní. No es otra cosa que un grito de libertad que ensancha los pulmones de cuantos asfixiados piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo en el contexto en el que viven, donde la tierra les fue robada por una empresa chilena”.

 

 

El Movimiento Sin Tierra de Puerto Libertad fue la primera organización en Misiones que comenzó a luchar contra los ataques de la empresa chilena Alto Paraná S.A, hace doce años. Eran tiempos en los que empezaba a padecerse la ferocidad impune de una multinacional dispuesta a quedarse con la mayor cantidad de tierras posible, expulsando en su voraz expansión —y con la complicidad nefasta de gobernantes y fuerzas públicas como Gendarmería y Policía— a cientos de campesinos que hasta entonces vivían produciendo en sus parcelas.

Uno de los fundadores del MST Libertad es Darío Araujo, un hombre que conoce profundamente los daños que APSA provoca en las poblaciones y el medio ambiente en todo el norte misionero, y que por su militancia contra la multinacional ha tenido que soportar cinco procesamientos judiciales. “Acá en Libertad no debe discutirse sólo si la empresa no quiere pagar impuestos o si no quiere ceder parcelas para hacer la nueva terminal. Se necesita un debate más profundo. Hay antecedentes de medidas concretas que se tomaron contra estas multinacionales de capital extranjero. Nosotros hace doce años venimos luchando y no tenemos ningún rasguño, no son tan fuertes como aparentan. Se puede compañeros, hay que pelear contra esta empresa explotadora. Si nosotros solo pudimos aguantar, se puede, todos juntos se podrá lograr mucho más. Hay que acompañar a los obreros, a los motosierristas, a los productores, a los sin tierra, a todos. Es una sola lucha. Exijamos la expropiación, es hora de que el gobierno nacional expropie Alto Paraná. Tomemos lo que es nuestro y no nos dejemos explotar más”.

La presencia y accionar de Arauco también se trasluce en abusos contra las Comunidades Indígenas (Mbya Guaraní) asentadas en Puerto Libertad. Uno de los episodios más brutales ocurrió el 28 de enero de 2015, cuando un grupo de 30 familias mbya que formaron una comunidad a la que dieron a llamar Guazurarí, recibieron la visita de los funcionarios Gabriel Rodríguez y Hernán Petzer, de la empresa Alto Paraná, quienes arribaron al predio acompañados por efectivos policiales uniformados.

Relató el cacique Ramón Baez: “Aprovechando que nosotros los hombres no estábamos, amenazaron a las mujeres y los niños con prenderles fuego las casas si no salían inmediatamente del lugar. Y dispararon al aire para asustar”.

Aquel episodio remite a otro que también afectó a Pueblos Originarios en el vecino municipio de San Pedro. En febrero de 2009, la revista Superficie publicó una investigación referida a una situación suscitada en Colonia Paraíso (municipio de San Pedro), corazón del territorio denominado Corredor Verde, donde Alto Paraná S.A aniquiló más de 600 hectáreas de monte para instalar pinares que hoy acorralan a la comunidad mbya Guavirá Poty.

En aquel artículo –que motivó una carta documento de la empresa a este cronista-, el cacique de Guavirá Poty contaba: “El primer año comenzaron a entrar al monte virgen para sacar los árboles más preciados. Al siguiente desmontaron todo y se pasaron el año fumigando con Round Up. Incendiaron las cien hectáreas para que no quede nada y el año pasado plantaron los plantines de pino. Ellos plantaron los pinos y tiraron veneno a menos de 20 metros del arroyo. Aquí había lapachos, cedros, canela, timbó, todo tipo de especies nativas, frutales, y una infinidad de animales, muchos de ellos en peligro de extinción. El día que prendieron fuego parecía un infierno; hacía como 60 grados, nuestros niños lloraban aterrorizados, todos llorábamos y poco pudimos hacer para defender nuestra selva. Cuando el fuego terminó nos quedamos sentados en los troncos muertos, creyendo que todo había sido una pesadilla”.

En esa comunidad, viven más de 20 familias que padecen las consecuencias de habitar a menos de 50 metros del océano de agrotóxicos que baña el pinar. En 2008 un niño falleció por problemas bronquiales atribuibles al contacto de un año entero con esta clase de venenos. Otros pequeños y algunos adultos presentan erupciones dérmicas y complicaciones respiratorias inéditas en la comunidad, cuentan en Guavirá Poty. La situación de esta Comunidad, debe multiplicarse de a cientos de casos en todos los pueblos del norte misionero, ante la indiferencia del gobierno provincial.

Entre tanto atropello, y tras una larga batalla, la organización Productores Independientes de Piray (PIP) logró un  avance paradigmático al conseguir la sanción de una ley provincial que ordena la expropiación de 600 hectáreas para que las familias que componen la organización puedan producir alimentos en esas tierras. Fiel a su estilo, la empresa aún no acató la orden, por lo que la lucha sigue. Mientras tanto, en Puerto Libertad, donde la tierra es ajena, crece año a año la indignación por el saqueo. El campesinado y los Pueblos Indígenas no se resignan a un futuro en el cual quizás, como dice la canción: “cuando tenga la tierra,  la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros”.