Redacción Canal Abierto | La iniciativa fue impulsada por los legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti (Unión por Todos) y votada también por los radicales conducidos por el intendente Ramón Mestre y aliados (Pro y Frente Cívico).

Aprobada ayer, la ley declara esenciales a los servicios públicos sin especificarlos más allá de ser utilitarios de público general, no obstante la existencia de la ley nacional 25.877 que determina qué es esencial y qué no en un servicio público.

“Los sindicatos de la televisión protestaron, porque el espectro radioeléctrico de un canal es público, y asimismo pudiera serlo el servicio informativo”, expresa a Canal Abierto Guido Dreizik, secretario general de la CTA Autónoma local. “Lo hicieron así porque no encontraron argumentos para definir al transporte como servicio público”.

Para el dirigente, lo relevante no es el aspecto técnico jurídico de la ley, sino el político. “Es una ley que reglamenta el derecho a huelga”, dice Dreizik, y remite a los artículos que exigen a los trabajadores la notificación de un paro con cinco días de anticipación y la disposición de guardias mínimas para no ser multados.

Para ello se modifica el código de convivencia: quienes “interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos o servicios considerados esenciales” serán sancionados con hasta tres días de arresto. El órgano que determinará en qué condiciones debe garantizarse un servicio mínimo será una comisión técnica conformada por cinco miembros “independientes” designados por el Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo.

“Uno de los argumentos que esgrimen Mestre y Schiaretti es que en la ciudad de Córdoba no hay transporte alternativo, lo que lo convierte en servicio esencial. Pero es responsabilidad del Estado no haber hecho navegable Río Primero o no haber construidos subtes”, agrega Dreizik.

Sin dudas la ley sirve como elemento de presión en la negociación que los choferes mantienen con las empresas tras el paro de nueve días. Los trabajadores buscan reincorporar a los 80 despedidos -el 60% mujeres- y reintegrar los descuentos por ejercicio de huelga.

Menos negociable pareciera por ahora el tema salarial. Los choferes de UTA Córdoba (intervenida por la UTA nacional) rechazaron el aumento del 21% en tres cuotas que para diciembre engrosaría sus salarios sólo en un 8%.

No sólo con la fuerza pública las patronales y el gobierno intentaron romper la huelga cuando subieron en 150 colectivos a gendarmes y policías federales. Ahora experimentan con otorgar discrecionalmente un adicional por única vez de 6 mil pesos.

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