Redacción Canal Abierto | El plenario de comisiones de Legislación General y Penal de la Cámara de Diputados alcanzó esta semana un dictamen de mayoría para tratar -posiblemente el 28 de junio próximo- el proyecto que sanciona penalmente a empresas. No obstante, es improbable que se apruebe la ley si Cambiemos no consensua un texto con los despachos de minoría del Frente Renovador, el Frente de Izquierda o el Bloque Justicialista.

Diversos elementos evidencian que el espíritu del proyecto no reside en penar a las personas jurídicas que hayan cometido delitos en perjuicio de la administración pública. Lo que buscaría el oficialismo es desnudar eventuales actos de corrupción cometidos por funcionarios kirchneristas, acordando el marco de sanciones a empresas involucradas con al menos una de ellas: Odebrecht.

A pesar de Macri, quien también caería en la volteada es su amigo jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, acusado de recibir 850 millones de dólares de manos de Meirelles, el operador financiero de la empresa brasileña.

En Brasil, de donde es oriunda, Odebrecht resolvió confesar actos de corrupción que la prensa denomina Lava Jato. A diferencia de la argentina, la Justicia carioca establece en su legislación la condonación de penas para delatores de delitos contra el Estado, a cambio del suministro de información.

Desde que los directivos revelaron durante sus testificaciones la comisión de coimas a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014, el Ministerio Público Fiscal persigue la manera de recibir esa documentación en manos del fiscal brasileño Rodrigo Janot que, cumpliendo con la legislación de su país, no puede ofrecer material que comprometa fuera de sus fronteras a quienes la Justicia ampara.

Hay un dato imperdible en esta historia: el ministro de Justicia Garavano habría obtenido del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, la confesión de los directivos de Odebrecht sobre la comisión de coimas a funcionarios de la gestión de Cristina Fernández por 35 millones de dólares.

Como Cambiemos descree del trabajo que pueda nutrir la kirchnerista Alejandra Gils Carbó -titular del Ministerio Público Fiscal- sobre las tres causas abiertas que comprometen aquí a Odebrecht, Garavano persuade a los empresarios brasileños de colaborar directamente con el Gobierno. Pero claro, para eso ellos necesitan la inmunidad necesaria que hasta las próximas semanas -por lo menos- la Justicia argentina no puede ofrecerle.

El Gobierno ha decidido entonces impulsar este proyecto de ley que incluye sanciones que van desde multas hasta la disolución de la persona jurídica como sanción máxima, si se cometiesen delitos contra la administración pública. Curiosamente, los legisladores del Frente para la Victoria eludieron constituir quórum en las comisiones de Diputados.

Lo sustancial del dictamen es la inclusión de la figura del “colaborador eficaz” en dos aspectos. Uno por el que exime de acciones penales al responsable jurídico, si colabora con información precisa sobre su delación. Y otro, condensado en el mediático artículo 37 introducido por Garavano, le permitirá a las empresas seguir operando si pagan una multa resarcitoria y restituyen los bienes o ganancias obtenidas de manera ilegal. Quien vehiculizará el trato será la Procuración General del Tesoro y no el Ministerio Público Fiscal, previa aprobación de la Sindicatura General de la Nación.

Al quedar asentada la prescripción de delitos previos, los directivos de Odebrecht no podrán adscribirse a la figura de colaborador eficaz en términos penales, pero sí en términos administrativos. Es decir, que la Procuración podrá multar a la empresa y esta, a su vez, continuar con su actividad comercial.

Aquí orilla el punto más relevante de acuerdo a la información a la que accedió Canal Abierto: la intención de Odebrecht de irse del país sin que sus acciones pierdan valor. El pacto entre la empresa y el Gobierno se circunscribe a que la Procuraduría multe a la brasileña en 35 mil millones de dólares -equivalente a lo que dice haber pagado en sobornos- a cambio de continuar con la faraónica obra de soterramiento del tren Sarmiento.

La retórica del Gobierno seguirá centrándose en que la ley es una exigencia de los sectores bursátiles reunidos en la OCDE: la organización internacional que legitima el clima de inversiones en varios países de Europa. Pero los elementos arrojados demostrarían otra cosa: la alianza del Gobierno con una empresa corrupta para conquistar un rédito electoral.

Para que la estrategia oficial se corone, Cambiemos deberá negociar con los otros bloques parlamentarios que ponen en jaque la aprobación del proyecto. Entre otras cosas, la integridad del artículo 37; que la persona jurídica pueda ser sancionada por cualquier delito y no sólo contra los que lesionan la administración pública; y que se habilite la disolución de una empresa siempre y cuando no afecte la estabilidad de los trabajadores.

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