Redacción Canal Abierto | El gobierno encontró una ingeniosa manera de justificar el cierre de entre 5 mil y 6 mil pequeñas y medianas empresas durante 2016 -según sus propios registros-, y la inercia en el empleo de más trabajadores. Lo hizo ayer en el Día Internacional PyME, cuando el ministro de Producción y el secretario de Emprendedores echaron la culpa a la presión tributaria y los juicios laborales.

“De todas las visitas que hacemos a las pymes, el primer lugar en las preocupaciones lo ocupan estas demandas, que son siempre increíbles porque son desmesuradas. Hay pedidos que paralizaron a muchas pymes de tomar nuevos empleados”, dijo en modo revelación desde Tecnópolis el ministro Francisco Cabrera.

La aprobación en marzo de la regresiva ley de ART constituyó para el ex presidente de Fundación Pensar –usina creativa de las políticas macristas- un paso importante para el sector cuyos beneficios, no obstante, se hará visible cuando las provincias acompañen el ejemplo de Córdoba y adhieran a la normativa nacional.

“Hay sectores que ya están para crecer y están con el freno de mano para emplear gente, no tanto por los costos laborales, que de por sí son elevados, sino porque a ese costo le agregan la incertidumbre de que el trabajador le haga un juicio”, clarificó en apariencia a El Cronista Comercial el secretario de Emprendedores y PyMEs, Mariano Mayer.

La operación oficial sobre los grandes medios de comunicación pareciera no tener fin. A diario se escriben como piedras una avalancha de noticias sobre la desmesurada cantidad de juicios contra las ART promovida por una industria de abogados mafiosos, las desaprobadas conductas de jueces laborales (ver nota) y los costos altísimos impuestos que restringen la libertad que tienen las empresas de emplear libremente a personas.

Por supuesto que lejos de un honesto análisis se aborda la apertura indiscriminada de importaciones en un sector que emplea al 75% de los trabajadores registrados, ni que durante los últimos meses la producción de pequeñas y medianas empresas cayó en un 8%.

“Nadie ignora que detrás de esta cruzada se prepara a la opinión pública para desregular y flexibilizar las condiciones laborales. Y para que tenga éxito, también es necesario tener una Justicia dócil y sumisa que no le ponga palos en la rueda”, comunicó ayer la Asociación de Abogados Laboralistas, que el 5 de julio a las 18 en el Hotel Bauen, convoca a una “resistencia organizada contra esta política que pretende destruir el derecho social”.