Redacción Canal Abierto | La cuestionada Ley de reparación histórica estableció la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional que, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, debe diseñar el proyecto de ley de reforma del sistema jubilatorio. Se trata de una comisión sobre la cual no existe información pública. De ese cuerpo deben participar representantes sindicales, de cámaras empresarias y funcionarios de la AFIP, la Anses y Seguridad Social, pero nada se sabe sobre su funcionamiento.

Los sindicatos, las agrupaciones de jubilados y las organizaciones que representan a los adultos mayores, denuncian que el macrismo avanza hacia un recorte de derechos previsionales que garantice recaudación a pesar de sostener y ampliar privilegios empresariales.

Algunos de los puntos alarmantes sobre los cuales el Presidente y varios de sus ministros y funcionarios insisten en sus declaraciones públicas, que contribuyen a hacer crecer la opinión general de que el sistema previsional es inviable, permiten suponer que el cambio no beneficiará a los trabajadores.

El secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, explicó a mediados de junio que “el trabajador tiene que tener la posibilidad de elegir el momento de jubilarse, tiene que haber una edad mínima pero también la posibilidad de seguir trabajando si esa es su voluntad; que el empleador no lo obligue a jubilarse”.

El funcionario es el encargado de coordinar la reforma del sistema de jubilaciones, ahora en etapa de diseño. Paulucci desmintió que el Gobierno esté pensando en incrementar la edad jubilatoria, pero anticipó que buscarán extender el límite de retiro en caso de que el trabajador y el empleador estén de acuerdo.

“La edad de jubilación la tiene que decidir el Congreso. En mi opinión hay trabajadores que pueden seguir haciéndolo más allá de los 65 años. El sistema previsional argentino necesita cambios”, había expresado a comienzos de mes el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso.

Las medidas y las declaraciones van en línea con las modificaciones sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. En respuesta a estas sugerencias, existen ya campañas regionales de rechazo al avance de gobiernos neoliberales contra la previsión social y sus proyectos alternativos:

– Pensión universal por vejez: el sistema comenzó a funcionar en octubre de 2016, y eliminó las moratorias que permitían que se pudiesen jubilar las personas que no llegaban a los 30 años de aportes. El nuevo régimen se cobra al cumplir los 65 años, tanto los hombres como las mujeres, aunque no hayan realizado aportes a la Anses, y equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima ($5115). En la práctica, descarga sobre el trabajador la responsabilidad de no haber aportado, y desconoce que la falta de empleo, la evasión de impuestos, la búsqueda de maximizar de ganancias empresariales esquivando pagos de seguridad social, son prácticas exclusivamente patronales y obligaciones estatales.  Este sistema, además, amplía en cinco años la posibilidad de que las mujeres sin aportes completos puedan acceder a algún tipo de reconocimiento.  Sólo entre un 15 % y un 20% de los adultos en edad de jubilarse reúne los 30 años de aportes.

-Régimen complementario: se trata de instalar la posibilidad de que los trabajadores aporten voluntariamente durante sus años activos para mejorar su jubilación futura. En principio, este último pilar estaría administrado por las actuales cajas jubilatorias complementarias. Al igual que el punto anterior, este sistema propicia la existencia de “jubilaciones de segunda”, ya que no sólo deja de lado a los aportantes de bajo sueldo, sino que evade responder a la necesidad de mejorar las escalas jubilatorias.

– Régimen especial de trabajadores independientes: se especula con eliminar el monotributo y crear un nuevo sistema que lo unifique con el actual régimen de autónomos para incluir los aportes de los monotributistas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El sistema garantizaría la legitimación de la precariedad laboral, solidificando relaciones laborales empresariales irregulares, ocultas mediante inscripción al monotributo, y evitando reconocer la relación de dependencia y las obligaciones que implica.

 

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