Por Carlos Saglul | En algunos barrios porteños abundan los edificios nuevos o en construcción al tiempo que jamás se vio tanta gente viviendo en la calle. Hay más de 600 mil personas con problemas de vivienda. 200 mil habitan las villas, 140 mil en inquilinatos.

Cecilia Zapata es doctora en Ciencias Sociales, licenciada y profesora en Sociología (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También trabajó como Investigadora Asistente del CONICET y del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigación Gino Germani. Se especializó en políticas habitacionales, producción social del hábitat y procesos de cambio urbanos de la ciudad de Buenos Aires. A través de sus trabajos es testigo privilegiada de cómo el modelo neoliberal va transformando Buenos Aires. Se profundizan las asimetrías, y las ciudades dentro de la ciudad donde viven los beneficiados del sistema, mientras la miseria crece como la verdadera grieta donde sobreviven las víctimas del modelo.

 

– ¿Cómo inciden las políticas neoliberales en la evolución de la ciudad?

– Tienen influencia  determinante. Desde los años ’70 en adelante la producción de la ciudad es netamente mercantilizada, orientada desde una lógica de ganancia por sobre una lógica de uso de la ciudad.

El Estado neoliberal no hizo más que ejecutar políticas que profundizaron las diferencias socio-urbanas de las grandes y medianas ciudades, generando zonas altamente equipadas, insertadas en un mundo global, junto a zonas totalmente degradadas caracterizadas por la precariedad habitacional y de equipamiento socio-urbano (tendidos de redes de servicios, iluminarias, seguridad, escuelas, salas de salud, espacios de esparcimiento)
– ¿Existe una planeamiento urbano real centrado en el bienestar de la gente?

– Ni el gobierno nacional ni local cuentan con una planificación urbana orientada a posibilitar el acceso al derecho a la ciudad y a la vivienda para todos sus habitantes. Por el contrario, el Estado ha actuado de manera complementaria y subsidiaria al desarrollo del mercado inmobiliario.

El mejor de lo que hablamos es el actual proyecto de modificación de Código Urbanístico de CABA, el cual parece redactado a puño y medida de los intereses de los grandes desarrolladores inmobiliarios que poca y ninguna importancia le dan al  bienestar común en una ciudad que cuenta con  un cuarto de su población en situación de crisis habitacional

En paralelo el Estado despliega un conjunto de políticas paliativas que no resuelven el problema habitacional de fondo. Lo atacan de manera circunstancial y desde un abordaje del tema que carece de integralidad. Ejemplo de esto son un conjunto de políticas de subsidios habitacionales transitorios que no se ejecutan a la par de políticas integrales de construcción de viviendas definitivas

– ¿La distribución de la riqueza también está marcada territorialmente?

– Todas las estadísticas oficiales muestran una tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza que se hace palpable a nivel territorial en un norte rico y un sur pobre. Un norte con concentración de viviendas nuevas a estrenar vacías y un sur con concentración de población pobre en tipologías de vivienda precarias (villas, asentamientos, hoteles, pensión, casas tomadas).

La mayor cantidad de población vive en el sur de la ciudad, donde se registraron los barrios que más crecieron en población en el último decenio. Contradictoriamente las viviendas nuevas se construyen en el norte con características de habitabilidad que no responden a las necesidades de las familias que necesitan techo ni son accesibles a ellas. Estas viviendas, que muchas de ellas conforman en parque habitacional de 300 mil viviendas vacías de la ciudad, no cumplen una función social sino que funcionan como reserva de valor

– Son como mundos paralelos. Más viviendas vacías, más gente sin techo…

– Exactamente, como decía, la política de vivienda se orienta desde una lógica de ganancia. El mercado de acceso a la vivienda es totalmente restrictivo. Por un lado no hay acceso al crédito hipotecario para los sectores populares que necesitan vivienda y se caracterizan por estar insertos en un circuito de informalidades.

El acceso al alquiler formal también es altamente restrictivo por las condiciones pautadas para su ingreso. Hablamos de la suma de 3/4 montos del alquiler, depósitos, garantías locatarias y de ingresos. Este escenario presionó en los últimos años a la consolidación de un mercado de alquileres informales en villas y asentamientos que resultan carísimos para los sectores populares pero que se les presenta como única opción de habitación

– Un título de Clarín señalaba no hace mucho: por qué la gente opta por los departamentos cada vez más pequeños, como si se tratará de una cuestión estética

– Hay un encubrimiento de la crisis habitacional. Las familias no tienen tantas opciones a la hora de elegir; los departamentos que se construyen son pequeños, fundamentalmente de uno y dos ambientes. Estas viviendas no responden a las necesidades promedio de las familias sino que las características que asumen responden a una lógica de maximización de ganancia. Se trata de edificar la mayor cantidad de unidades funcionales posibles en el espacio que tengo para aumentar la  rentabilidad

– Buenos Aires está cada vez más repleta de rejas en sus plazas y paseos públicos ¿Qué pensás que protegen?

– No sé si pasa por una cuestión de protección, sí estoy segura que pasa por una cuestión de definir los usos del espacio público y quienes tienen acceso a ese uso.

Las rejas en los espacios públicos nacieron como consecuencia de la crisis de 2001, cuando las plazas eran utilizadas por las noches por personas en situación de calle o cartoneros que estacionaban sus carros mientras esperaban los trenes que los trasladaran al conurbano. Las rejas restringieron esos usos y le asignaron a esos espacios cierto carácter de exclusividad que se explicita en términos de seguridad o protección. En todo caso nos protegen de los pobres que ya no tienen acceso a la ciudad.

No obstante, de la mano de las rejas vino un proceso de embellecimiento de esos espacios, la instalación de puestos de comida que mercantilizaron el espacio público. Creo que las rejas son una forma más de definir para quién es la ciudad, quienes tienen derecho a transitar por las plazas y espacios públicos
– ¿Cuál sería la contracara de esto?

– Una ciudad en la que la gente puede ejercer un derecho pleno de acceso a los distintos espacios, a la vivienda y todas las oportunidades que deberían  brindarse sin distinción de sector social o capacidad de pago. Una ciudad que sea inclusiva con políticas estatales fuertes que aborden a la misma en términos integrales

– Hablemos de la urbanización de las villas: ¿Hay una política clara en ese sentido?
– Son sumamente importantes los procesos de urbanización que están impulsando en algunas villas, por un lado porque implica un claro reconocimiento de que esos barrios hay que urbanizarlos, en contracara a las intensiones de la gestión porteña macrista  de erradicarlos. Por otro lado, porque el nivel de precariedad es tan grande que cualquier intervención es importante.

Las críticas que se pueden hacer a lo que se está ejecutando son muchas, de importancia. No existe una política clara de urbanización de villas. Si bien llamativamente la gestión que asumió el gobierno local puso en agenda la necesidad de urbanizar a cuatro villas de la ciudad, de las casi cuarenta que existen; de los anuncios y obras encaradas no se deduce de ello una política que realmente plantee la integración de las villas al resto de la ciudad. No se hace lo que anuncian.

Por empezar las cuatro villas en proceso de urbanización (Villa 31, 20, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita) se encuentran insertas en zonas con fuertes procesos de renovación urbana impulsados por el sector inmobiliario, lo que cuestiona la capacidad de integración que estos barrios puedan realmente tener.

Uno de los primeros anuncios que hizo el gobierno en relación a esta política de urbanización fue la regularización de los títulos de propiedad de los terrenos en el barrio. En el escenario en el que se insertan estas villas, es decir barrios en proceso de renovación, nos encontramos que en realidad se trata de insertar estas tierras en el mercado inmobiliario con consecuencias que poco tienen que ver con la integración.

Existen actualmente dentro del gobierno de la ciudad sectores que alertan sobre esta posibilidad, por lo que pensar en alternativas que lleguen a la agenda pública es fundamental. La integración urbana es mucho más que un programa de regularización dominial. Por otro lado, lo ejecutado hasta el momento se vincula a obras de infraestructura y de espacio público que están implicando desalojos y realojos entre los pobladores para despejar calles y sectores, pero existen pocas certezas del abordaje que se realizará en materia habitacional.

Salvo Villa 20, donde se está desarrollando una experiencia interesante de participación de base mediante la mesa por la urbanización, estas políticas se están llevando a cabo sin consulta alguna de los pobladores de estos barrios. Si bien el gobierno habla de participación social, lo hace en términos de informar las decisiones que se toman sobre el barrio, pero la participación social reclamada es mucho más que eso, implica tomar un rol activo por parte de los vecinos villeros en las decisiones vinculadas a las obras que se ejecutan en sus barrio, tal como lo hacen el resto de los vecinos de la ciudad. Otro de los ejes prioritarios de estos procesos que se están impulsando tiene que ver con que no existen certezas sobre cuál será el tratamiento que se le dé a las familias inquilinas de las villas. Este sector, representa en los últimos años  al grupo mayoritario de población. Y lo mismo pasa con los dueños de grandes inquilinatos con piezas en alquiler.

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