Redacción Canal Abierto | Entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en Mar del Plata, la dictadura secuestró, torturó, asesinó y desapareció a un grupo de abogados junto a algunos de sus familiares, en la mayor operación de represión masiva que sufrió la ciudad balnearia durante el terrorismo de Estado.

Once personas fueron capturadas ilegalmente en ese operativo, de las cuales cinco sobrevivieron. Si bien todos los profesionales se dedicaban a defender trabajadores y activistas, y luego del golpe de Estado adoptaron como práctica de compromiso la presentación de habeas corpus para dar con el paradero de los desaparecidos, no tenían una militancia conjunta y en la mayoría de los casos ni siquiera estaban vinculados orgánicamente a una agrupación política.

Los secuestrados durante “La noche de las corbatas” fueron alojados en el centro clandestino  “La Cueva”, que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea, a 12 kilómetros del centro de la ciudad de Mar del Plata.

Canal Abierto entrevistó a Carlos Aurelio Bozzi, que fue secuestrado  la noche del 8 de julio en su estudio jurídico junto al matrimonio de su socio Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz, embarazada. Fue liberado en la Plata, a donde llegó en el baúl de un auto, en un simulacro de enfrentamiento en el que fueron asesinados dos estudiantes que la patota de represores quiso hacer pasar como víctimas de la organización Montoneros, involucrando a Bozzi en el crimen.

-¿Con que sensaciones lo recibe el aniversario?

-En los homenajes de estos días se relaciona mucho aquella época en la que los derechos del trabajador estaban siendo bastante pisoteados. Actualmente los contratos laborales están sumamente precarizados, se quiere hacer ver que defender los derechos del trabajador significa hundir una empresa, cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puede trazar una analogía con la década del ’70, haciendo salvedad en las diferencias de los métodos y que en esa época estaban suprimidos los derechos políticos y sociales. Ahora no están suprimidos, pero a partir de distintas declaraciones públicas se ve que el trabajo y el salario se han devaluado bastante en aras de la rentabilidad de las empresas. Y la sensación particular es esa similitud y el recuerdo de la acusación a los abogados laboralistas que también recibíamos antes: que éramos una especie de violadores del orden público, a pesar de que estábamos defendiendo personas que se quedaban sin laburo

-Y en base a su experiencia ¿en qué cree que puede desembocar el ataque del gobierno a los derechos laborales?

-En el aspecto laboral va a haber una ofensiva. Es sospecho que vayan a querer reformar la Ley de Contrato de Trabajo, que Menem ya la hizo bolsa, pero van a querer cambiarla porque se pretende descargar todo el peso de la crisis económica sobre los trabajadores, que con su salario le dan ganancia a una empresa y perciben por esas ganancias una retribución que no les alcanza ni para sobrevivir. Igualmente el poder económico es tan grande que van a ir cercenando de a poco diversos derechos, como los intentos por descontar los días de huelga, algo que nunca habíamos escuchado porque es un derecho reconocido internacionalmente. Dejando gente en la calle, lo que provocan es mayor conflicto social y cuando eso sucede siempre hay alguno que puede presentarse como la salvación

-¿Qué le parece importante destacar, en este momento, de la tarea de aquellos abogados secuestrados?

-No había relación ideológica entre ninguno de nosotros, cada uno tenía su propia extracción política. La represión abarcó un amplio abanico dentro de los abogados para hacer acallar la voz de cualquier profesional, con el fin de infundir el terror que cobró mayor significado con la muerte del doctor Centeno, que era el autor de la Ley de Contrato de Trabajo. Además del tema político, por algunas pruebas que fui recogiendo, creo que hubo intereses involucrados y denuncias de distintos sectores económicos de la ciudad de Mar del Plata para dar una especie de escarmiento a los abogados laboralistas, en especial al doctor Centeno que venía cuestionando la reforma a la ley de CCT

-¿Cómo es la situación actual en Mar del Plata?

-Es una zona con aumento de inseguridad permanente. Siempre fue una ciudad con altos índices de desocupación, extendidos por la especulación inmobiliaria. Hay barrios sin luz, sin asfalto, sin agua. Crecen nuevos asentamientos, sobre los que tampoco es posible dar seguridad. Los colectivos no entran en algunos barrios, y el empleo está en los índices más bajos del país, con un 18% de desocupación que no baja. Las escuelas rotas, no tenemos un hospital propio, el hospital regional está hecho trizas, la situación es crítica

Los abogados

Los primeros detenidos en 1977 fueron los abogados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás José Fresneda y su compañera embarazada Mercedes Argañaraz, entre la noche del 6 y la madrugada del 8 de julio. Luego cayeron en desgracia el doctor José Candeloro y su esposa Martha García, secuestrados el 13 de julio en Neuquén y llevados a Mar del Plata. También María Esther Vázquez de García, su esposo Néstor García Mantica y José Verde y su compañera.

Salvador Arestín, Raúl Alaiz y Tomás Fresneda, abogados, continúan desaparecidos. Su esposa, María de las Mercedes, también. Igual suerte corrió el matrimonio García.

Norberto Centeno, que había integrado la resistencia peronista, tenía por entonces 60 años. Era uno de los más conocidos abogados laboralistas de la ciudad, fue asesor legar de la CGT, estuvo preso durante la dictadura de Aramburu, y fue quien redactó el proyecto que luego sería la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Murió durante una sesión de tortura al igual que su socio, José Candeloro, que tenía militancia de izquierda y se encargaba de cursar los reclamos de los familiares, al igual que Fresneda y Arestín.

Fresneda y Argañaraz son los padres de Martín, abogado en juicios por delitos de la dictadura, ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y de Ramiro, representante legal del Movimiento Campesino, ex funcionario de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Argañaraz fue secuestrada estando embarazada, es uno de los más de 300 nietos que todavía buscan las Abuelas de Plaza de Mayo.

Carlos Bozzi es abogado, trabaja por las reparaciones para los ex desaparecidos de la dictadura y es docente del instituto de formación superior de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Cuando lo liberaron abandonó la ciudad de Mar del Plata, porque la citación a declarar que le realizó el juez Pedro Federico Hooft seguramente la significaría más problemas que soluciones. Declaró por primera vez en 1984, antes del juicio a las juntas militares. Además brindó su testimonio en los Juicios por la Verdad que se realizaron en La Plata antes de la reapertura de las causas, y en los juicios que se reiniciaron a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por los delitos cometidos en el centro clandestino “La Cacha”, donde habían estado prisioneros los jóvenes asesinados por la represión en el momento que lo liberaron.

Bozzi, activo comunicador social de hondo compromiso con la causa de la Memoria, autor de un libro sobre la represión en su ciudad (Luna Roja), se lamenta de que “aún no se pudo ubicar a los conscriptos que participaron” de la represión, pero informa que “a principio de junio el tribunal ordenó la detención de 12 oficiales de jerarquía inferior que pueden haber sido participantes en aquellos delitos de lesa humanidad”.

Los secuestradores

En 1977, el monopolio de la represión en la ciudad estaba a cargo del jefe de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, coronel Alberto Pedro Barda. Era el responsable de los distintos centros clandestinos de detención que funcionaban en Mar del Plata, como La Cueva. Si bien fue condenado en 2008 a 25 años de prisión, cumple la condena en su casa. En el escalafón inferior, como su jefe operativo, se ubicaba Alfredo Manuel Arrillaga, también con el mismo grado de coronel.

El suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue subjefe de la Base Aérea donde funcionó “La Cueva” y era el encargado de torturar a los detenidos. Fue imputado por las muertes de Centeno y Candeloro. Murió en 2012 siendo el primer condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar.

El juez Pedro Hooft, acusado de haber cajoneado decenas de habeas corpus y ligado a la CNU, evitó investigar los crímenes de los abogados. Continúa impune gracias a sus vínculos con lo más agrio del poder judicial.

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