Redacción Canal Abierto | El ministro de Trabajo Jorge Triaca arranca el fin de semana con dos pésimas noticias. Una de ellas tiene que ver con la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que ordena a Pepsico a reinstalar en su planta de Vicente López a una decena de trabajadores.

Los camaristas concluyeron que la multinacional no demostró haber cumplido con el procedimiento preventivo de crisis que empleó como maniobra para echar a más de 600 operarios.

La resolución revoca un fallo de primera instancia y advierte a Pepsico que, si desobedece, será multada con $5000 diarios. Ahora la empresa sólo puede apelar la sentencia mediante un recurso extraordinario en la Corte Suprema de la Nación.

El caso atañe nada más que a diez trabajadores, porque fueron ellos quienes iniciaron la demanda. No obstante, Edgardo Moyano -uno de los abogados del cuerpo de delegados- anticipó que las presentaciones en la Justicia se multiplicarán.

“Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad” y “sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia”, sentenciaron los magistrados, entre los que se encuentra Luis Raffaghelli.

Este camarista, presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo, tiene un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura impulsado por el ministro Triaca, luego de reinstalar a nueve trabajadores despedidos en el ENACOM (ex AFSCA). Raffaghelli había entendido que habían sido despedidos por su afiliación a un partido político.

Quien podría correr la misma suerte en medio de la avalancha del Gobierno contra los abogados laboralistas es Roberto Pompa, juez de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien ordenó suspender la resolución que anulaba las elecciones de junio de 2016 en la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza.

De esta manera, uno de los seis sindicatos intervenidos por el ministerio de Trabajo verá prorrogado el mandato de su comisión directiva encabezada por Carlos Ordoñez. “Se valorizan así la libertad y la democracia sindical, el derecho de los trabajadores a decidir por sí mismos sin injerencia del Estado o las patronales”, expresó la asociación en un comunicado.

Como en el caso de Pepsico, al Gobierno sólo le queda la posibilidad de recurrir al máximo tribunal.

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