Por Violeta Moraga | “Cacerolazo digital; Arsat por limones; que el Congreso reaccione; No a la entrega de ciencia y tecnología”. El mensaje comenzó a circular a mediados de semana cuando entre la información cruzada se intentaban despejar  hechos concretos. La luz de alerta se había encendido en la comunidad ante los rumores de una posible privatización de la  Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT S.A), que luego fue desmentida.

La noticia se daba en el marco del trabajo que lleva adelante la empresa en materia satelital, en la que está prevista una tercera misión, continuidad del ARSAT 1 y 2, en los que trabajó el INVAP. Rápidamente el Gobierno salió a aclarar que no habría privatización y que la participación del INVAP en la construcción del satélite no sería modificada, pero el mismo presidente de la Nación, Mauricio Macri, admitió que buscan un “socio que potencie su capacidad”. Así, se negó rotundamente una privatización, pero se afirmó que los satélites “no pueden seguir financiándose en un 100% con los impuestos de los argentinos”.

En esta línea se confirmó la posibilidad, para la cual ya hay una carta de intensión firmada, de que se cree una nueva compañía entre la empresa satelital argentina ARSAT S.A. y la compañía estadounidense Hughes Network Systems -que contaría con la mayoría accionaria- para la fabricación y explotación comercial del satélite ARSAT 3. La actuación de la nueva empresa denominada Newco se suscribiría solamente a este satélite.

Sin embargo se denuncia que la operación implica el compromiso de otorgarle a Newco el uso de posiciones orbitales que integran el patrimonio de ARSAT S.A. con la idea de poner en ellas al satélite de comunicaciones Arsat-3, a ser construido por el INVAP, pero con la concesión comercial de la banda ancha que abarca a toda América y se utiliza para Internet, televisión y telefonía celular, a la empresa estadounidense.

Por otro lado, desde distintos frentes, diputados de la oposición y comunidad científica entre otros, se denuncia la ilegalidad del acuerdo, ya que la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, aprobada en el 2015, dicta en su artículo 8 que no se pueden ceder los derechos de este nuevo satélite y que cualquier transferencia o modificación debe ser aprobada por el Congreso de la Nación, según el artículo 10.

Lo cierto es, aunque bajándole el tono a la posible privatización ya descartada, la pérdida de soberanía se constituye en la preocupación central. Cabe recordar que Argentina se transformó con el lanzamiento de Arsat-1 en el único país americano en lograrlo, además de Estados Unidos. Sin embargo, el desfinanciamiento en las áreas de ciencia y tecnología encienden la luz de alerta sobre el camino a seguir, donde los capitales extranjeros van pulsando la dirección. Así se puede leer en el convenio firmado en junio donde en la nueva compañía que se creará para operar el satélite, Hughes tendrá no menos del 51% de las acciones, con lo que podrá designar la mayoría del directorio de gestión, y Arsat no más del 49%. Esto implica, según denuncian científicos y universitarios autoconvocatos de todo el país

“entregar por completo la potestad de toma de decisiones, incluyendo la designación de la planta gerencial y la definición global de la política de la empresa, todo ello agravado por el hecho de que el potencial acuerdo quedaría bajo jurisdicción estadounidense sin potestad de intervención para la justicia argentina”, según una carta firmada entre otros por Científicos y Universitarios Autoconvocados Bariloche.

En esa suerte de pre acuerdo que se filtró,  hasta el nombre de Arsat 3 podría cambiar con el nuevo acuerdo, un dato no menor volviendo a la identidad y la soberanía.

En esa línea se expresaron organizaciones del sistema científico en un texto que hicieron circular para denunciar el desmantelamiento de Arsat y el desarrollo científico (http://bit.ly/2uN452m), donde señalan el más enérgico repudio a este acuerdo:

“Además de ser éste un acuerdo ilegal, sus términos resultan absolutamente contrarios a los intereses nacionales: por su intermedio, Argentina renuncia a un desarrollo de tecnología nacional en la materia con la consecuente pérdida de soberanía”, explican.

Asimismo, detallan que la empresa estatal ARSAT, desde su creación en 2006, ha potenciado la autonomía tecnológica y espacial argentina, favoreciendo el desarrollo y la inclusión. “En este marco, se construyeron y pusieron en órbita los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones ARSAT-1 y ARSAT-2, que ocuparon las posiciones orbitales asignadas a la Argentina que estuvieron a punto de perderse. El desarrollo de estos proyectos dio trabajo a numerosos ingenieros, técnicos y más de 600 pymes que participan de la cadena productiva de los satélites. Desde el cambio de gestión, sin embargo, el presidente Macri y los directivos de Arsat han enfatizado en los imperativos de rentabilidad y autosuficiencia financiera de la empresa por sobre su capacidad para desarrollar tecnología nacional, soberanía espacial e inclusión social”.

En esta línea se describe cómo desde el Gobierno se pidió  la confección del plan de negocios de ARSAT a la consultora estadounidense McKinsey & Co y se apeló, seguidamente, a una serie de argumentos financieros de dudosa veracidad para demorar la fabricación del ARSAT-3. Sin embargo, el Arsat 1 se encontraba vendido en un 100% y Arsat 2, lanzado en octubre de 2015, en un 30% con un eficiente plan de gestión. Ahora “entre las cláusulas del preacuerdo se establece que la nueva compañía comprará a ARSAT el satélite ARSAT-3 por USD 230 millones y a HUGHES USD 50 millones para la compra de equipos para el segmento de tierra. En tanto el gobierno reconoció que el costo del satélite es de USD 230 millones, esta carta de intención vende al costo el ARSAT-3, a una tercera empresa que tiene mayoría de capital extranjero, dejando ninguna rentabilidad para estado, ni recuperación de la inversión realizada. A su vez, no presenta procedimiento de contratación para Hughes como socio ni proveedor del estado, incumpliendo la ley de contrataciones del estado nacional”.

Los detalles siguen encendiendo la polémica por el rumbo que toman las políticas desplegadas en el área. Al parecer las explicaciones no son suficientes ni convincentes cuando el desmantelamiento se sucede en cada vez más espacios (cabe recordar la baja de presupuesto para ciencia y tecnología). Más allá de los apuntes en tiempos electorales lo cierto es el avance sobre la órbita del Estado deja encendida la alerta hoy más que nunca.