Redacción Canal Abierto | La maldita policía nunca dejó de serlo aunque hayan intentado descabezarla, sanearla, limpiarla, profesionalizarla o democratizarla para dejar de llamarla así, como se conoce a la Bonaerense desde los ’90.

Pero desde la asunción de María Eugenia Vidal, distintos organismos denuncian un incremento de las detenciones abusivas y la fuerza de la violencia, y el regreso de las razzias: aquellos operativos sin orden judicial que incluyen cacheos, control de pertenencias, solicitud de DNI y retención en la comisaría por averiguación de antecedentes.

Ayer decenas de pibes festejaban el día del amigo en la Plaza Colón de Luján. Rapeaban cuando se armó una discusión entre ellos e intervinieron agentes de la  Bonaerense y la policía municipal, que nunca dejaron de ser Bonaerenses descentralizados de la administración provincial. Una estrategia para lavarles la cara.

Todo lo que pasó puede verse en el video: hubo armas largas, corridas, golpes y detenciones como la de una niña de 13 años que ingresó a la comisaría 1ra de Luján bajo efecto de gas pimienta.

Los cuatro detenidos ilegalmente fueron liberados a la noche, minutos después de las agresiones hacia vecinos y militantes de organizaciones que exigían su libertad. Agustín Burgos, por ejemplo, fue hospitalizado tras el palazo que recibió su hombro.

En junio pasado, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunciaron las razzias como inconstitucionales, mientras que los colectivos de profesionales CIAJ y AJUS presentaron un hábeas corpus colectivo exigiendo al gobierno de María Eugenia Vidal “el cese de las conductas amenazantes y lesivas de la libertad”.

Los operativos –similares a los denominados Control Poblacional, que implementa el Ministerio de Seguridad nacional, con fuerzas no policiales desde la gestión de Sergio Berni y con mayor intensidad desde la llegada de Patricia Bullrich- son protagonizados en los municipios por los agentes de la policía local, que al avasallamiento de los derechos y garantías de los pasajeros suman un agravante: “Es personal con muy poca capacitación, que responde con violencia, no explican el por qué de las requisas y amenazan con llevar detenido a quien consulta”, indicaron entonces desde la CPM.

Por otro lado, la Defensoría de Casación provincial, que está bajo la órbita del ministerio Público, acumula desde marzo de este año 327 denuncias de abusos y maltratos a detenidos por efectivos de la Bonaerense.

De ese total, 126 casos corresponden a menores de edad. Sólo nueve pidieron que sus denuncias avancen en tribunales. El terror a las represalias parece ganar la batalla.

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