Redacción Canal Abierto | El gobierno y empresarios ya acordaron tácitamente que, luego de octubre, en la Argentina se reducirán los aportes patronales. Esa es la decisión que dejaron trascender en off funcionarios del Ejecutivo y que públicamente deslizaron los ceos en funciones en el ámbito privado, envalentonados por la reforma laboral de Michel Temer en Brasil. Lógicamente dicen buscar un consenso multisectorial que ya les han garantizado algunos sindicatos de la CGT. Para ello es clave la elección de octubre.

“La digitalización va a imponer consecuencias claras. Tenemos que prepararnos para ese mundo que se viene, empresarios y sindicatos. El tercer actor indispensable es el Estado, no sólo como regulador sino como garante de equilibrio y razonabilidad. Entre los tres, hay que componer una normativa que contemple los cambios que se avecinan”, afirmó el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en declaraciones reproducidas hoy en El Cronista Comercial.

Este “amistoso” acuerdo es el eufemismo empleado para la reforma que saldría por ley del Congreso, en el que Cambiemos obtendría la mayor cantidad de bancas en disputa. Según Poliarquía, el interbloque oficialista pone en juego 38 cargos de diputados y podría alcanzar un total de 99. En Senadores, en tanto, pone en juego 15 y podría reunir 23.

Desde hace meses, el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo elaboran iniciativas propias para reducir las contribuciones patronales. Será la primera de una serie de reformas tributarias que pretenden atenuar también el impacto del Impuesto al Cheque y Ganancias. Ingresos Brutos, en tanto, quedaría para el debate con los gobernadores.

Funes de Rioja precisó que la pequeña empresa requiere una concentración especial, desde el impacto de las cargas sociales y desde el punto de vista de la densidad normativa. “No se presta atención a la realidad de nuevas formas de contratación”, explicó. En segundo lugar, pretende que se abra el sistema para que, por voluntad de las partes, puedan generarse convenios por empresa.

También fue claro el presidente de la Cámara de la Construcción Gustavo Weiss:

“Una rebaja de las cargas sociales y trabajar sobre esquemas de remuneración por productividad no implican bajarle el sueldo a los trabajadores, sino discutir, por ejemplo, que no es lo mismo trabajar en la construcción de un edificio de Puerto Madero que en una vivienda precaria en Jujuy. Hay que flexibilizar la relación laboral sobre todo en los sectores donde la situación es muy rígida, que en un mundo globalizado impide competir”.

Cristiano Ratazzi, de la FIAT, avivó el fuego al contextualizar que la carga social en la Argentina es el triple que en México. “Mientras en Argentina llegan al 60% del salario de un obrero, en México son del 20%”, sostuvo el empresario y fiscal de mesa de Cambiemos durante las elecciones de octubre de 2015.

La mediana empresa organizada en la CAME tuvo espadachín:

“La reforma debería plantear una baja importante de las cargas sociales para este sector. Además, atacar el problema de los juicios laborales, que las funden, e impulsar un blanqueo, pero sin cobrar multas por lo que no se pagó en el pasado”, dijo Fabián Tarrío, presidente de la entidad.

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