Redacción Canal Abierto | Los medios oficialistas se hicieron eco de la declaración jurada que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de presentar ante la Oficina Anticorrupción. Pusieron el eje en la deferencia que tuvo al haber sido el primer funcionario en hacerlo, pero la ola de comentarios de los lectores destacó el verdadero hecho noticiable: que su patrimonio asciende a casi $97 millones y que sólo el 25% de ese dinero está en la Argentina.

Con apenas 50 años y una trayectoria como funcionario del menemismo y alto directivo en la banca privada, llegó al Ministerio habiéndose hecho famoso como ecuánime columnista económico de TN y La Nación.

Hoy, como ministro de Hacienda, Dujovne insiste en los “brotes verdes” y la siempre inminente “lluvia de inversiones” producto de que Cambiemos –según dice- está volviendo al país más “confiable”. A la fecha, para uno de los artífices de la política económica aún no lo es, a juzgar por los $74 millones de su patrimonio que permanecen invertidos en el exterior.

Ese monto está integrado por tres depósitos en cuentas bancarias fuera del país que en total superan los $54 millones, y la titularidad de una firma cotizada en $20 millones. También participa de las sociedades extranjeras Jilym Company SA, Para Bien SA, y Florentine Global.

En lo que refiere a su patrimonio local, Dujovne declaró ser dueño de 10% de Wonder Consultora SRL, compañía que fundó junto a su mujer, Carolina Yelatti, y participar en tres empresas locales, como producto de una donación. Ellas son las inmobiliarias Drácena SA y Defarim SA. En el mismo rubro, también cuenta con una participación por $3,7 millones en el Fideicomiso Marinas, en Tigre.

Sus bienes en el país se completan con una casa de 300 m2 y un departamento de 40 m2 en la Ciudad de Buenos Aires, otro de 78 m2 en Vicente López, un Mini Cooper 2013 y una camioneta Volvo 2016.

A los defensores de las bondades del sistema les gusta, en estos casos, ampararse en la legalidad de las operaciones. Y en que, si bien no tributan en el país cuyos destinos económicos Dujovne dirige, se trata de bienes “declarados”.  La última de las excusas vox populi insiste en que el millonario patrimonio es producto de la incorruptible actividad privada del funcionario, previa a su desempeño público.

Claro que nada de esto tiene asidero en la dimensión ética del dilema, que significa –en la práctica- algo más que “un conflicto de intereses”, como decidió nombrar la administración Cambiemos a este tipo de entuertos inaugurados por Juan José Aranguren y sus acciones de Shell. Hablamos, más bien, de lo que la sabiduría popular llama “poner al lobo a cuidar el gallinero”.

Lo cierto es que hay un problema. Y lo hay, incluso, haciendo caso omiso de cuestiones de índole moral, como la honestidad o la sinceridad. Lo hay hasta olvidando destacar que haber trabajado siempre en la Argentina y tener inversiones en el exterior es legal porque la legislación impositiva local está hecha a la medida de los poderosos.

Obviando todo, el problema radica en que la declaración jurada de Dujovne no es más que un botón de muestra del magma que bulle bajo el actual Gabinete: que los representantes del Estado son parte interesada en todos y cada uno de los grandes negocios del sector privado con quien el Estado negocia. ¿Qué negocia? Adjudicaciones, obra pública, licitaciones, insumos, excensiones, empleos, patentes, y un largo y sensible etcétera.

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