Redacción Canal Abierto | Cristina Santillán padeció la violencia machista en todas sus expresiones: psicológica, física, sexual y económica. Sus dos hijos y su hija –hoy ya adultos- nacieron y se criaron en ese contexto en el que la violencia de género era lo cotidiano.

El 16 de septiembre de 2014, Cristina se defendió para impedir agresiones que podrían haber comprometido su vida y la de su hija. Producto de las lesiones ocasionadas, Hernández quedó internado. Ocho meses más tarde falleció en un geriátrico, a raíz de una infección.

Desde el 17 de octubre de 2014, Cristina está presa. En la actualidad, con prisión domiciliaria en la ciudad bonaerense de Azul. La fiscal a cargo de la causa –Laura Margaretic- ordenó esa medida desconociendo la gravedad de la violencia padecida hasta ese momento, omitiendo así todo el marco legal, nacional e internacional sobre violencia de género.

Cabe aclarar que en el momento de los hechos, Cristina tenía licencia psiquiátrica como consecuencia del sistemático y prolongado maltrato que padecía. Esa licencia es el eufemismo al que acuden las mujeres trabajadoras del Estado, por no contar aún con la tan reclamada Ley Nacional de Licencias por Violencia de Género.

Elsa Teló, del equipo de género de la seccional Azul de la Asociación Trabajadores del Estado, remarcó: “Lo que nos importa es denunciar por qué y cómo Cristina no fue defendida por el Estado, como correspondía. Lo que ella hizo fue evitar que él la matara. Venía siendo golpeada y amenazada”.

“Cristina sigue presa por ser mujer y pobre, y exigimos que la Justicia tenga una mirada de género”, denunció la dirigente, que es parte de la Asamblea de Mujeres en Lucha de Azul.

Esa multisectorial viene realizando acciones de visibilización y denuncia por el caso de Cristina desde 2015. La marcha  “Ni una Menos” fue la que hizo confluir a diferentes organizaciones, cuyo primer logro fue conseguir el cambio de la defensa letrada de la compañera. Quien llevaba la causa desde el inicio era un abogado particular, sin perspectiva de género, cuyas medidas atentaban aún más contra los derechos y la integridad de Cristina.

Otra de las grandes luchas que está dando la AMLA es por su derecho al trabajo ya que, por su privación de la libertad en contra del principio de inocencia, la Municipalidad dejó de pagarle el salario, argumentando que no cumple tareas. Su hija, con quien convive, está desempleada.

La defensa, a cargo de un equipo coordinado por el Defensor General de Azul, Diego Lucas Fernández, e integrada también por la Mariana Macciaro y Diego Araujo, exige que el hecho se investigue como un acto de legítima defensa en un contexto de violencia de género.

“El caso de Cristina muestra que, cuando se llega a situaciones extremas, se debe a una ausencia de políticas preventivas adecuadas desde el Estado”, indicaron. Además, destacan que las lesiones que le provocó Santillán a Hernández no fueron la causa de su fallecimiento.

Por eso, ATE y AMLA resaltan que Cristina no sólo fue una víctima de su ex-marido, sino que además fue y es víctima del Estado y de la Justicia, machistas y patriarcales, que desprotegieron su integridad física, psicológica y emocional durante 38 años, generando aún más violencia al tenerla privada de su libertad y  someterla a un juicio por haber actuado con valentía para defender su vida y la de su hija.

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