Redacción Canal Abierto | Ayer comenzaron los alegatos en el juicio oral y público que se desarrolla en Tucumán por las atrocidades cometidas entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976, en el marco del denominado Operativo Independencia, cuando Isabel Martínez propuso sofocar a una célula rural de PRT-ERP que se había asentado en los montes, y sembrar así el terror para desalentar en todo el país cualquier intento de resistencia al terrorismo de Estado que encabezaba junto a un sector del Ejército.

El 15 de septiembre es la fecha señalada para que Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga lean la sentencia contra los 16 represores imputados (eran 17 originalmente, pero Julio Meroi recibió el beneficio de la muerte el pasado 4 de julio), entre militares, gendarmes y policías de la provincia de Tucumán, por violar derechos humanos de 271 personas en la operación de fuerzas conjuntas que inauguró el genocidio argentino de la segunda mitad de la década del ’70.

La abogada Julia Vitar, que representa al Ministerio Público Fiscal, explica desde la sala de audiencias a Canal Abierto que el proceso oral tiene una importancia especial, a pesar de que es el décimo segundo que se realiza por crímenes contra la humanidad en Tucumán:

“Es una provincia muy atravesada por memorias enfrentadas sobre el pasado y por eso hay sectores que siguen avalando el Operativo Independencia, sosteniendo que en Argentina hubo una guerra, entonces es un juicio polémico, y también me parece que algunos retrocesos que hubo en estos últimos tiempos, en relación a la lucha por verdad y justicia, han hecho más complejo todavía llevarlo adelante”.

Luego de la etapa de investigación, las audiencias comenzaron el 5 de mayo de 2016 y ya suman más de 70, con cerca de 450 testigos y cinco querellas.

Ayer, como es habitual antes del inicio de los alegatos, tuvieron posibilidad de hablar los acusados, y luego del receso del mediodía se iniciaron las declaraciones finales de las cuatro querellas particulares. Abrieron la etapa los abogados de la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, por el caso de dos desaparecidos y una persona asesinada, nacidos en esa provincia. Hoy continúan los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los imputados que ayer hicieron uso del derecho de hablar fueron Camilo Orse, acusado por el secuestro de dos hermanos oriundos de la misma zona que él, en el este tucumano. Después hablaron Roberto Albornoz y Luis De Cándido, jefe del centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y uno de los miembros de la patota, respectivamente.

El “Tuerto” Albornoz, genocida multi-condenado, intentó restarse culpas planteando que el Ejército fue el principal responsable en lo que llamó la lucha contra la subversión, y que la policía tuvo un rol secundario y rezagado, en el cual él personalmente tampoco habría sido protagonista, a contrapelo de lo que vienen diciendo todas las sentencias a prisión perpetua que recibió.

Vitar, que además es integrante de la agrupación HIJOS en Tucumán, aclara que “el rol que tenía Albornoz es comparable al de Miguel Etchecolatz en la provincia de Buenos Aires. Ayer recordó que, cuando estuvo en el juicio por el CCT Jefatura, en 2010, le dijo a (Antonio Domingo) Bussi “general deje de llorar y declare”, exigiéndole en su calidad de Jefe de la Quinta Brigada y ex Gobernador de Tucumán, que asuma la responsabilidad que tuvo en lo que sucedió en aquella época”. Además, la fiscal completa que se trató de una declaración “desagradable, llena de insultos y comentarios procaces, incluso para con los desaparecidos, a los que llamo porquerías”

Los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de agosto alegarán los representantes del Ministerio Público Fiscal, que tienen que exponer contra los 17 imputados, por la totalidad de los casos jugados. Finalmente será el turno de los defensores de represores, que intentarán responder a las acusaciones.

En este juicio, el más grande del Noroeste Argentino vinculado a crímenes de lesa humanidad, analiza violaciones de derechos humanos cometidos por integrantes de fuerzas conjuntas que militarizaron y ocuparon el territorio de la provincia de Tucumán, inaugurando así las figuras de desapariciones forzadas masivas, los secuestros y detenciones clandestinas, los campos de concentración en forma de Centros Clandestinos de Detención y las ejecuciones sumarias.

Es la primera vez que se juzgan de manera global, sistemática y de forma excluyente hechos cometidos antes del 24 de marzo, porque si bien hubo un juicio por los asesinatos de la Triple A, este se tramitó con el código viejo, por lo tanto no tuvo audiencias orales y publicas.

“Por otro lado, lo que sucedió en Tucumán es algo totalmente diferente a los crímenes de la AAA, que fueron dirigidos a personas por su calidad de dirigentes o representantes de ciertas ideologías, una metodología muy distinta de la que implicó el Operativo Independencia, que fue montado con una perspectiva militar y geográfica de ocupación de la provincia, estableciendo bases, control poblacional, controles de rutas. Lo que significo el OI, hace que este juicio sea bastante complejo, de hecho era una causa impulsada por los familiares desde hace muchísimo tiempo y recién ahora se ha logrado llegar a juicio, por eso nosotros celebramos que las victimas y los familiares puedan finalmente tener voz en el marco de este debate”, agregó la fiscal Vitar.

Según la abogada, a pesar de las diferencias, los hechos relatados a lo largo de un año y medio de audiencias y los crímenes investigados no difieren en nada de lo ventilado en los otros juicios desarrollados en la provincia y en el país por delitos ocurridos durante la dictadura. “Por lo tanto esperamos que el pronunciamiento del tribunal tenga el mismo rigor que tuvo para juzgar hechos cometidos después del golpe de Estado”.

En este juicio, familiares y sobrevivientes pidieron en reiteradas ocasiones la citación o declaración de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón, algo que fue negado sistemáticamente por todas las instancias del poder judicial. Existen otros 500 casos que aún no han sido juzgados, que están pendientes a la espera de un próximo juicio por el Operativo Independencia.

Hay justicia y hay escrache

Los 17 represores imputados originalmente en el juicio son: Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez, Ramón César Jodar, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Néstor Rubén Castelli, Enrique José Del Pino, Jorge Gerónimo Capitán, Miguel Ángel Moreno, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López, Casiano Pedro Burtnik, Julio César Meroi (F), Omar Edgardo Parada, Manuel Rubén Vila, Francisco Camilo Orce, Enrique Benjamín Bonifacino, José Luis del Valle Figueroa, José Ernesto Cuestas y José Roberto Abba.