Por Marina Caivano | Aunque los abortos realizados en nuestro país alcanzan la cifra de 500.000 al año, dejando en el mismo lapso un saldo de 100 muertes evitables de mujeres, sólo después de las declaraciones de Esteban Bullrich se habló masivamente del tema en la campaña electoral.

Mientras el Uruguay post-despenalización presenta un índice de mortandad de mujeres por abortos nulo y no registra aumento de esta práctica -y hasta en Chile tiene media sanción legislativa la interrupción legal del embarazo por tres causales- en Argentina la cuestión está muy lejos de saldar “la deuda de la democracia”.

A cinco años del fallo “F.A.L” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que ordena establecer protocolos en todas las provincias para la atención de interrupciones legales de embarazo en los casos de mujeres que hayan sido violadas o con riesgos de salud- la mayoría de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure de modo efectivo el acceso al aborto no punible.

Y así suceden casos como el de la niña sanjuanina de nueve años embarazada cuya madre pedía a gritos que “se lo saquen”, mientras las instituciones judiciales y de salud se preguntaban qué hacer. O el martirio de Ana María Acevedo en Santa Fe, a quien obligaron a seguir embarazada sin proporcionarle analgésicos fuertes ni quimioterapia para tratar el cáncer de mandíbula que finalmente la mató.

“Cuando hay una nena adentro también es ni una menos”, respondió Bullrich cuando le preguntaron sobre la contradicción de “estar a favor” de la campaña Ni Una Menos y no considerar el riesgo mortal que corren las mujeres pobres que abortan. Para mesurar lo dicho después mencionó la necesidad de brindar anticonceptivos y educación sexual para prevenir. Justo él, que como Ministro de Educación  desmanteló, desfinanció y ni se fijó si se cumplía la ley de 2006 que establece la Educación Sexual Integral (ESI).

La actitud hipócrita de Bullrich no es única en el panorama político actual. “Estoy en contra de la legalización de la marihuana y en contra de la legislación del aborto”, se pronunciaba el precandidato a diputado por Unidad Ciudadana Daniel Scioli en su campaña presidencial de 2015. Luego se conoció su inconsecuente comportamiento con Gisela Berger.

Las posturas con respecto al tema varían y se confunden en el seno de  los partidos mayoritarios. En Unidad Ciudadana por ejemplo, se puede encontrar al precandidato Daniel Filmus o a Jorge Taiana en apoyo a la legalización del aborto voluntario y a la ex presidenta Cristina Fernández quien ha mantenido un silencio con respecto a los dichos de Bullrich acorde a su posicionamiento declarado. “Muy pocas voces se alzaron desde la principal fuerza opositora en ese distrito (provincia de Buenos Aires) y eso es lo más preocupante. Porque Bullrich no es el único que deja de ver a la mujer cuando hay un proceso de gestación, para sólo ver el ‘adentro’”, analizó la periodista feminista Marta Dillon en su nota en Anfibia.

Por otro lado Margarita Stolbizer y  Raquel Vivanco, ambas defensoras del derecho a decidir, se presentan como precandidatas  por el Frente 1 País que lidera Sergio Massa, un espacio dentro del cual el candidato Felipe Solá manifestó que “el aborto no es un tema que se está debatiendo en este momento porque no está instalado”.

Son pocos los partidos que han elaborado propuestas sobre el tema. El mayor rechazo a los dichos del ex ministro vino por parte del movimiento feminista, de referentes de partidos de izquierda como Myriam Bregman del FIT, Vilma Ripoll (MST) y Victoria Donda de Libres del Sur.

La gran mayoría de los candidatos de diversas fuerzas opositoras, y algunos pocos oficialistas, utilizan el “comodín” de expresar tener voluntad de dar debate sobre el tema en un momento eventual. “En la política muchas veces se dice lo que los demás quieren escuchar y no efectivamente lo que se piensa o se practica”, explica Margarita Stolbizer.

El mismo día, una denuncia

El mismo día que el precandidato a senador por Cambiemos hacía sus impunes declaraciones, los precandidatos por Convocatoria Abierta por Buenos Aires Nina Brugo (abogada feminista), Claudio Lozano y María Elena Barbagelata presentaban una denuncia ante el INADI por discriminación contra la mujer. La base de la demanda se basó en el precio de venta del misoprostol, que es el medicamento necesario para la interrupción del embarazo en los primeros meses, en los casos no punibles. En las farmacias argentinas cuesta 2700%  más que en Francia.

“No hay perspectiva porque no hay formación”, explica Brugo. “Si yo entrara al Congreso, o quien entre de mi fuerza, buscaría una Ley en la cual los funcionarios públicos y  toda persona que se desempeñe en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tuvieran obligatoriamente que hacer curso de formación con perspectiva de género, porque es la única manera de ir adquiriendo otro modo de ver las cosas, otra realidad social.”

Una escalada

Mientras tanto, en las filas del oficialismo la única voz disidente sobre el tema del aborto legal es la de Laura Alonso. Hasta hace unos años, por lo menos, decía estar a favor y afirmaba que “en el PRO hay libertad de conciencia y cada uno se manifiesta libremente”.

Al respecto, habría que preguntarle sobre su experiencia a Zulma Ortiz, la ex ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, cuya gestión cayó en picada a partir de su iniciativa de implementar un protocolo que preveía efectivamente el acceso al aborto no punible, y que fue dejado sin efecto por la gobernadora Vidal dos semanas después.

“En algunas posiciones de los políticos de Argentina, están atrás de lo que es el propio Papa Francisco; están plegándose a las posiciones más conservadoras. Es realmente preocupante”, dice Nina Brugo al respecto.

El presidente Mauricio Macri presentó recientemente el curioso proyecto de ley de “Libertad Religiosa”: un documento de dudosa validez legal regresivo hasta la época de Onganía. Entre otros ítems polémicos permite que la figura de la “objeción de conciencia” pueda aplicarse a una institución completa.

Hasta hoy la “objeción de conciencia” se aplicó sobre la persona que la ejerce. Esta no puede afectar a los demás, y atiende por ejemplo a un testigo de Jehová que rechaza una transfusión de sangre. Distinto sería en el mundo de la “libertad religiosa”, en que un juez podría negarse a casar a personas del mismo sexo o una escuela completa podría omitir impartir los contenidos establecidos por Ley.

El proyecto está ingresado en el Congreso, aunque su tratamiento fue suspendido en dos comisiones. Con esperanza hay quienes sostienen que terminará cajoneada.

Qué hacer con un Poder Ejecutivo verticalista

Macri no es el único presidente fervientemente opositor al debate del aborto legal. Numerosos mandatarios se manifestaron activamente en contra. En estos casos, ser parte de un partido con mayoría en las dos Cámaras no garantiza nada si el Presidente ejerce su potestad de manera verticalista. “Sin un Poder Ejecutivo que te respalde, es muy difícil seguir adelante porque no tenés banca”, explicó la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, autora de uno de los proyectos de ley nunca debatidos en el recinto. Di Tullio sabe de qué habla, ya que a pesar de formar parte del oficialismo, su proyecto no pudo superar la negativa de la entonces presidenta Cristina Fernández.

Entretanto, las mujeres más vulnerables de los sectores carenciados continúan esperando que se les reconozcan sus derechos. “Yo no pierdo las esperanzas porque en Francia se aprobó el aborto voluntario en el año 1975 con un gobierno de derecha”, dice esperanzada Nina Brugo, referente histórica de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito e integrante de Unidad Popular (en el frente CAxBA). “Recuerdo que cuando salió el divorcio en la Argentina, algunos decían que todos se iban a divorciar. Es absurdo creer que con eso van a conformar a las mujeres, pero ojo, porque eso no les va a traer más votos”.