Redacción Canal Abierto | Los trabajadores del Astillero Río Santiago pidieron esta semana una reunión urgente con María Eugenia Vidal, para responderle sobre su declaración en la que aseguró que ARS es la “única empresa estatal no productiva”.

Los empleados y delegados han denunciado en los últimos días una operación en marcha para no reactivar la producción de barcos, que se paralizó completamente con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada.

ARS se encuentra sin presidente, lo que dilata los tiempos para concretar compras y otras operaciones que retrasan los contratos en curso. Ernesto Gaspari, ex director de SOCMA (Sociedades-Macri SA), dejó su cargo al frente de la sociedad del estado habiendo incumplido su promesa de entregar los dos buques que compró Venezuela a nuestro país durante el gobierno anterior y de iniciar la construcción de nuevas embarcaciones.

De hecho, lo único que ingresó a las gradas desde diciembre de 2015 fue el barquito de la República de los Niños. Efectivamente, el único trabajo que se realiza en el mayor astillero de Argentina y el quinto más grande de Latinoamérica son refacciones pequeñas y medianas.  

Durante la gestión Cambiemos ya pasaron tres ministros de Producción por la provincia de Buenos Aires, que suman juntos menos días que los que el Ministerio estuvo sin titular, lo que también dificulta la concreción de nuevos contratos para obras de importancia.

El sindicato ATE de Ensenada difundió un comunicado asegurando que los trabajadores presentaron “las herramientas necesarias para aumentar la producción” y aclararon que “lo que pasa en el Astillero no es responsabilidad de los trabajadores”.

Francisco Banegas, secretario general de la seccional en la que se nuclean los trabajadores de la empresa de fabricación metalmecánica, explicó a Canal Abierto que su preocupación “es que se destraben las cartas de crédito para construir dos remolcadores y dos bullk carrierr, frenados por una decisión política de la provincia. No es que el astillero no tenga trabajo; el astillero produce”.

En ese marco, los trabajadores reclaman inversión en tecnología y seguridad, y gestión de nuevos contratos para el desarrollo de la industria propia.

En junio pasado se conoció que nuestro país compraría a Francia e Israel lanchas patrulleras que podrían ser fabricadas en las plantas nacionales, teniendo en cuenta que Argentina paga entre 5 y 7 mil millones de dólares al año para exportaciones de producción agrícola y minera, ya que no cuenta con flota propia.

El Astillero, además de embarcaciones, está preparado para fabricar puentes, compuertas, molinos eólicos o componentes ferroviarios.

Por último, el texto en el que el gremio exige una reunión con la máxima autoridad del ejecutivo bonaerense, remarca que “Astillero no tiene actualmente un presidente al frente y la falta de una firma autorizada obstaculiza la compra de insumos y materiales, atrasando los trabajos y perjudicando los plazos establecidos de las obras”, al tiempo que advierte que “lo que pasa en el Astillero no es responsabilidad de los trabajadores”.

Banegas asegura que “la gobernadora no tiene la mirada que nosotros tenemos, por la cual fue creado el astillero, que es estratégico y en función de un proyecto de país, para eso hay que mirar en defensa de la soberanía”. Astillero Río Santiago, creado para abastecer a la marina mercante, hoy cuenta con una planta de más de 3400 trabajadores.

El contrato por los buques venezolanos fue firmado en 2013. Los trabajadores estuvieron exigiendo durante más de 20 meses que se gestionen las inversiones necesarias para poder finalizar las obras. Luego del 10 de diciembre de 2015 la situación se agravó. El “Eva Perón” iba a salir a prueba el 15 de enero del 2017 y se entregaría en marzo. Ya es agosto y en el Astillero aseguraron que está muy lejos de la botadura, debido a la falta de maquinarias.

“La provincia de Buenos Aires podría poner el dinero para la financiación de buques y una vez que se termina la fabricación ese dinero vuelven a las arcas del Estado. No creo que privaticen el astillero para reactivarlo, pero si lo pueden privatizar para cerrarlo”, asegura Banegas.