Redacción Canal Abierto | Hace 23 días que no hay noticias del paradero de Santiago Maldonado, sin embargo cada indicio, prueba o testimonio alimenta la sospecha que tiene a Gendarmería como responsable de la desaparición del joven artesano.

Según informaron en un comunicado los familiares de Santiago, el cambio de carátula a “desaparición forzada de persona” que resolvió la fiscalía no es sólo un detalle leguleyo, sino mas bien la confirmación de la sospecha que han venido planteando junto a organismos derechos humanos y todas las organizaciones que apoyan el reclamo por la aparición con vida del joven.

La noticia debió caer como un baldazo de agua fría en Balcarce 50. Desde un principio el Gobierno buscó relativizar el hecho e incluso deslindar responsabilidades a la fuerza de seguridad nacional.

El operativo de Gendarmería en el que desapareció el joven fue ordenado por el juez Otranto en el marco de un conflicto de larga data que sostiene la comunidad por la propiedad de unas tierras que reclaman como patrimonio ancestral. Según la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, “hechos de violencia extrema como la quema de casas de puesteros y una estación de tren” y la toma de la ruta 40 justificaron la intervención de la fuerza. La protesta, que consistía en cortes de ruta intermitentes, fue desbaratada con una violenta represión que terminó con balas de plomo y de goma y, desde ese día, Maldonado permanece desaparecido.