Redacción Canal Abierto | Cuando Claudia Schaefer fue asesinada por su marido, Fernando Farré, ya lo había denunciado por violencia. Marta Nuñez fue degollada por Néstor Omar Carnero frente a sus hijos dos meses después de haber registrado una denuncia en su contra por amenazas. Según datos del Observatorio de Femicidios Marisel Zambrano, relevados por la ONG La Casa del Encuentro, de las 290 mujeres asesinadas por serlo en 2016, sólo 28 habían acudido a la policía. Esto se debe a que, cuando lo hacen, muchas veces la ayuda no llega.

Desde 2014, las denuncias por violencia familiar recibidas en las Comisarías de la Mujer y la Familia crecieron un 33%. Durante el año pasado, último dato disponible, hubo 591 denuncias al día sólo en esas comisarías y sólo en la provincia de Buenos Aires. En su amplísima mayoría, los denunciados son parejas actuales o ex parejas de las víctimas. Los datos surgen de estadísticas elaboradas por el Observatorio de Violencia de Género que depende de la Defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

En números, en 2014 las Comisarías de la Mujer registraron 162.204 denuncias por violencia familiar, un promedio de 445 al día. Al año siguiente, la cantidad de denuncias ascendió a 195.037 (535 por día). Durante 2016, llegó a 215.807. Sin embargo, y pese a lo alarmante de las cifras, el Observatorio insiste en su informe en que “la información que el Estado provincial produce es fragmentada, escasa y presenta problemas de subregistro sobre las distintas formas de violencias de género y familiar”, por lo que se presume que la situación es mucho más grave.

El problema de subregistro se da porque en la administración de justicia existen dos sistemas diferentes y sin articulación entre sí ni con el Poder Ejecutivo. Esto genera, por ejemplo, que las víctimas deban iniciar distintos trámites judiciales y administrativos frente a una situación de violencia y explica también la cantidad de casos de femicidio en los cuales se habían dictado previamente una o más medidas de protección.

“Una de las mayores dificultades que existen en la gestión de los casos de violencia familiar y de género es la falta de articulación entre los distintos procesos judiciales que se inician por varias denuncias de una misma víctima de violencia”, explica el informe. Por ejemplo, cuando una persona inicia una denuncia en un juzgado de familia, se dicta una medida de protección por violencia familiar; en otro juzgado, se ordena un régimen de visita y en otro, se resuelve la tenencia de la vivienda o la investigación por un supuesto delito como puede ser el de amenazas. En la mayoría de los casos estas causas se tramitan sin tener en cuenta los antecedentes de violencia.

Por otro lado, el estudio del Observatorio relata que la mayoría de las causas iniciadas por delitos relacionados con la violencia de género son caratuladas como amenazas y lesiones (71%). Estos delitos son considerados como menores para la Justicia, “muestra de ello es que los delitos de lesiones leves y amenazas son de las causas más archivadas en el fuero penal provincial”, aseguran.

 

Fotos: Fernando Ghersi (Cosecha Roja)