Redacción Canal Abierto | El anuncio que hiciera previo a las PASO Emilio Basavilbaso, titular del ANSES, respecto a la “posibilidad” del envío de una ley al Parlamento para estudiar una futura reforma en la edad jubilatoria pone el sistema en alerta.

A través suyo, el gobierno nacional sostiene que el actual sistema previsional, así como está, es inviable. La apuesta deslizada como al pasar será anunciar un incremento en la edad jubilatoria que para los hombres ascenderá de los 65 a los 67 años y en las mujeres de 60 a 62.

Aunque trató de aclarar que estos cambios en la edad jubilatoria serán “voluntarios”, el funcionario omitió decir que, para quienes no adhieran, también cambiará el porcentaje de apercibimiento.

El reciente simulacro electoral en las PASO preanuncia que el gobierno incrementará la cantidad de legisladores en ambas cámaras, aunque en ninguna obtendría cuorum. La nueva correlación de fuerzas lo pone en mejores condiciones para negociar con otras minorías.

Armonización del sistema previsional

Las cajas de jubilaciones provinciales son el otro botín al que se apunta Nación. El año pasado cuando quedó aprobado el llamado proceso de reparación histórica, la administración de Mauricio Macri se aseguró el comienzo del proceso de armonización de las cajas provinciales con el ANSES, que deberá culminar en el año 2019. Pese a la rebeldía mostrada por algunos gobernadores provinciales que se niegan al traspaso de sus cajas, sino hay un cambio político profundo, la ley entrará en vigencia.

También hay otras provincias que adelantaron a los tiempos y ya produjeron modificaciones en su sistema previsional. Se trata de Córdoba, Formosa y Tierra del Fuego. Pese a la resistencia ejercida por distintas organizaciones de trabajadores, las legislaturas provinciales se encargaron de dar legalidad a las modificaciones.

Por caso en Tierra del Fuego, por más de dos meses los gremios mantuvieron una fuerte oposición al proyecto. Otro hecho igualmente grave en este episodio fue la intervención realizada por la Justicia en favor del poder dominante, episodio que culminó con el procesamiento de numerosos dirigentes sindicales. Acaso haya sido la forma en que el poder se expresó para decir cuál será la suerte de quiénes se les  opongan.

En Formosa el gobernador Gildo Insfrán, utilizando la abrumadora mayoría con que cuenta en la Legislatura, cambió de un plumazo la edad jubilatoria en hombres (de 61 a 65 años) y mujeres (de 58 a 60 años) y recortó los beneficios en más de 10 puntos.

Con la armonización de las cajas, los jubilados provinciales perderían casi todos los beneficios que oportunamente acordaran sus Legislaturas, por lo que si los gobiernos finalmente acordaran silenciosamente el traspaso con Nación, quedaría el camino liberado para todas definiciones posteriores que impulse Casa Rosada en materia previsional.

Los puntos de la discordia en la armonización tienen que ver con igualar las condiciones jubilatorias en todo el país en (si no se modifica) 30 años de aportes, cálculo de haberes y porcentajes de los aportes personales y de las propias patronales.

Como ejemplo vale volver al caso de Córdoba, donde el gobernador Juan Schiaretti recortó los haberes del sector pasivo, reduciendo el 82% que percibían los jubilados provinciales a un porcentaje cercano al 73%. Para llevar este proceso adelante, retomó los cálculos jubilatorios de la emergencia que el ex gobernador Ramón Mestre  implementó en los años ’90.

Un dato aún “invisible” para los que no conocen en profundidad la ley de reparación histórica es que a partir de 2019 acaba la moratoria que permitía a la gente jubilarse sin tener todos los años de aportes (y que iban cancelando con el cobro mensual de su jubilación). La nueva disposición señala que aquellos que no posean los 30 años de aportes (hombres y mujeres por igual) deberán poseer más de 65 años para acceder al cobro de  una jubilación, que en esos casos ni siquiera llegará a alcanzar el 80% de la mínima.

El financiamiento del ajuste

Para la etapa que arranca después de las legislativas de octubre, el gobierno tiene decidido un nuevo ajuste sobre las cuentas públicas. Aunque ideológicamente el paso más cercano para Macri sería retomar al sistema de jubilación privada, la opción elegida será extender, indistintamente, dos años la edad jubilatoria.

Aunque la continuidad de sistema público de reparto es la única opción aceptable en nuestra sociedad, la trampa que esconde el proyecto gubernamental es llamar “voluntario”  el agregado de años para poder acceder a un monto jubilatorio mejor.  O sea que el sistema de “capitalización” aparece encubierto en las necesidades.

Extender la edad laboral en forma voluntaria, de alguna manera, también es crear un sistema de capitalización, porque a mayor cantidad de aportes mejor será la remuneración tras el retiro de la vida activa.

Entonces el ajuste del sistema previsional va atado a dos ejes: a la mayor recaudación del sistema por la extensión obligatoria de otros dos años de aportes y a la voluntad de la persona que aspira a una jubilación superior, y al recorte de las prestaciones con la armonización de las cajas provinciales.

Sin embargo, hay otras formas de financiar el déficit de las cuentas públicas. Una sería a través de impuestos a “la timba financiera” o la restitución de los gravámenes quitados recientemente al agro.

Otro hecho que da lugar al desfinanciamiento de la Previsión Social se relaciona con la caída continua del número de trabajadores aportantes, generada por el escaso interés del gobierno de corregir la  informalidad laboral, que en nuestro país supera el 35% de la fuerza de trabajo.

Mucho de este porcentaje son directa responsabilidad del gobierno nacional y las administraciones municipales y provinciales que mantienen a cerca de 600 mil empleados en condiciones de precariedad laboral.

 

Fuente: ATE nacional

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