Redacción Canal Abierto | Los 800 trabajadores de la avícola Cresta Roja realizan desde el martes una permanencia en la planta de la localidad bonaerense de El Jagüel. Es porque la empresa Proteinsa no cumplió con el compromiso que había asumido de pagar, con fecha límite del 31 de agosto, las indemnizaciones correspondientes a la promesa asumida durante el proceso de cambio de firma, en el que el nuevo dueño aceptó reincorporar a los trabajadores abandonados cuando la compañía anterior declaró la quiebra, a fines de 2015, y pagarles la indemnización adecuada ante el cambio de convenio con el que algunos de los trabajadores volvieron a tomar su empleo.

Todo esto fue anunciado con bombos y platillos por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal a mediados de 2016, con un acto realizado en el interior de la planta y presentado por los mandatarios como el nuevo paradigma de la renovada era laboral. Desde entonces, los trabajadores han reclamado incansablemente que sus nuevos patrones cumplan con lo acordado: reincorporación de los casi 400 despedidos que aun continúan afuera, y pago de indemnizaciones.

Mediante un comunicado difundido estos días explicaron: “Exigimos que este compromiso se cumpla. Los plazos para el pago de las indemnizaciones ya se han cumplido. Hemos escuchado todo tipo da promesas. Hemos esperado y no hemos recibido nada”.

Cristian Seemayer, representante de la agrupación de trabajadores en lucha, asegura a Canal Abierto que desde que se inició la medida de fuerza “no vino nadie con orden de desalojo, no vino nadie de la empresa a dar la cara. Nosotros rechazamos la conciliación obligatoria porque ya se venció el plazo”. Además, el operario recuerda que la empresa se comprometió contundentemente a cumplir las promesas anunciadas por Macri: “El tipo este juró adelante nuestro por la salud de sus hijas que el 31 de agosto cobrábamos las indemnizaciones”.

Ayer, inspectores del Ministerio de Trabajo se presentaron en la planta y constataron que no había ningún representante de la empresa, ni un gerente ni un jefe de planta. Los trabajadores le mostraron que la fábrica estaba trabajando con normalidad.

Hoy, un grupo de dirigentes del sindicato que acompaña el reclamo y la toma -STiA, Industria de la Alimentación Provincia de Buenos Aires- junto a referentes de los trabajadores en conflicto, intentarán encontrarse con la jueza Valeria Pérez Casado, que tiene la causa de la quiebra.

El último conflicto había sido en julio cuando 51 trabajadores fueron desvinculados por la actual administración. Luego de varios cortes sobre la autopista Ricchieri y protestas, intervino el Ministerio de Trabajo y finalmente lograron ser reincorporados.

Por último, Seemayer entiende que los movimientos empresariales apuntan a un camino de vaciamiento: “Cuando salís a la calle te cagan a palos, estamos psicológicamente destrozados, tenemos una incertidumbre muy grande, la empresa sigue mandando cheques sin fondo a los transportes, a los proveedores de insumos, nos mandan carta documento a los trabajadores por hablar por celular, el dueño hace dos años que dice que la empresa le da pérdida.”

 

 

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