Redacción Canal Abierto | Lo que está en juego en Río Turbio, Santa Cruz, es una batalla política. Hacer de YCRT una extractora de carbón asociada a capitales extranjeros para exportarlo bajo salarios denigrados o una empresa nacional que abastezca de energía a nuestro país.

A fines de los ‘90, los trabajadores idearon en un congreso construir al lado de la mina una usina donde se transforme el carbón en energía y nutrir el interconectado eléctrico nacional. Esa usina, que se puso en marcha en 2004, hoy está paralizada.

La Nación, Clarín, Canal 13 y Periodismo para Todos reproducen que la inversión transferida durante la gestión kirchnerista se esfumó con Julio de Vido. “Que lo investigue la Justicia”, afirmó en diálogo con Canal Abierto Miguel Páez, el minero que encabeza la seccional Río Turbio de ATE. “Nosotros no fuimos cómplices”, agregó, y sostuvo asimismo que el estado de parálisis es producto de la auditoría impulsada por el ministro Juan Aranguren. Hasta diciembre de 2015, la obra estaba avanzada en un 70%.

La estrategia del ex CEO de Shell tiene como arma principal el ahogo financiero. El presupuesto asignado a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio se redujo de 2016 a 2017, en términos nominales, en casi 30 puntos porcentuales. Sólo hay plata para pagar salarios.

Otro foco de la embestida está a cargo de Omar Zeidán, interventor de Cambiemos en la empresa, quien denunció en el ministerio de Trabajo el convenio colectivo minero. Esta es la forma que tienen las patronales de forzar el arbitrio de la cartera laboral, para flexibilizar condiciones de empleo: incrementar horas de trabajo, eliminar adicionales, exigir mayor productividad. Hasta ahora no lo han logrado por la resistencia de los cuatro gremios con representación en el yacimiento.

Un paso certero que sí dieron, motivo por el cual César Ibáñez e Iván Zurita -organizados en ATE- explican la toma pacífica que por estos días vive la mina, es el regreso de los retiros voluntarios. Ya ocurría en los ’90, cuando el empresario Sergio Taselli ganó la licitación para operar el yacimiento que terminó vaciando. Durante su administración, el personal decreció en un 50%.

Ahora la empresa ofrece doce sueldos de la mejor remuneración mensual, más premios y aguinaldos proporcionales, y jubilaciones anticipadas. Y despide: lo hizo con 79 mineros acusados de ñoquis mientras viajaban a Buenos Aires con licencia gremial, y lo reiteró días atrás con la cesantía de cuatro personas en la sede central de Buenos Aires.

Desde diciembre de 2015 hasta hoy, más de 400 trabajadores fueron expulsados de la mina. Casi una sexta parte de la planta.

El apriete, que no es más que un intento de desmoralización, también arrecia los bolsillos. Durante este año, los trabajadores debieron haber cobrado las cuotas del 21% de incremento salarial que Andrés Rodríguez de UPCN firmó para todos los trabajadores del Estado. Todavía no han visto un peso.

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