Redacción Canal Abierto | Lejos del mote de la inocente Heidi que le confiriera Aníbal Fernández, María Eugenia Vidal pareciera acercarse en su estilo de gobierno a Margaret Thatcher, aquella primera ministra que condujo los destinos británicos con mano de hierro entre 1979 y 1990. Mientras flexibilizaba las condiciones de empleo resistidas con huelgas, la premier británica solía desprestigiar a los sindicalistas acusándolos de “debilitar la democracia” y ser “enemigos internos”.

El destrato de la gobernadora bonaerense hacia los dirigentes gremiales en su intento por disociarlos de las bases y achicar salarios logró ribetes pocas veces visto. Daniel Scioli también los tuvo, e incluso Cristina Kirchner. Durante una apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la ex presidenta chicaneó a los docentes con que trabajan cuatro horas y vacacionan por tres meses.

Pero este lunes la gobernadora bonaerense batió un récord: cerró la última paritaria con un sindicato del Estado un año después de haber fijado la primera. En el medio hubo intentos de intervención de las entidades gremiales y descuentos por el ejercicio de medidas de fuerza.

La Asociación Judicial Bonaerense, que afilia a la mitad de los 20 mil trabajadores de la Justicia, obtuvo un 21,5% de aumento salarial más una bonificación especial del 2,5% y cláusula gatillo. El reconocimiento le costó más de 30 días de huelga, más de una decena de movilizaciones y el descuento por cinco paros realizados durante agosto, equivalente al 17% del salario. Esta medida disciplinaria, aplicada por la Corte, todavía no fue levantada.

Los judiciales estuvieron entre quienes rechazaron el aumento salarial general suscripto en septiembre de 2016. UPCN, Salud Pública, los municipales de SOEME y Pilotos aceptaron cuatro cuotas iguales de 4,5% -la última pagadera en octubre- más cláusula gatillo. La importancia de aquella paritaria no fue menor, porque intentó ser el porcentaje testigo para el resto de las negociaciones salariales, incluso en el sector privado, acorde con la estrategia inflacionaria del Banco Central.

Junto a la AJB firmaron en disconformidad ATE, los profesionales de la Salud de CICOP, Alera (casinos) y Aemopba, de la mutual del ministerio de Obras Públicas. Cabe destacar, que los judiciales y los médicos tienen convenios particulares que les permitieron seguir negociando por fuera de la paritaria macro de la administración pública.

La pelea que sin dudas tuvo mayor visibilidad mediática fue la de los docentes. Arrancó en febrero, pocas semanas antes del comienzo de clases, y se extendió hasta el 28 junio. En el medio hubo 14 reuniones paritarias entremezcladas con 16 días de huelgas y movilizaciones.

La embestida del Gobierno intentó colar por la ventana un plus por presentismo y un cheque en blanco como esquema salarial a tres años. Pero los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, y de Economía, Hernán Lacunza, no pudieron imponerlos. Quisieron dividir a los maestros, decretando bonos únicos de entre 1500 y 3500 pesos. Aplicaron descuentos por días de paro y amagaron con quitarle la personería gremial a los sindicatos del Frente Gremial Docente. Tampoco lo lograron.

Finalmente las partes se dieron la mano en torno a un 21,5% de incremento en general y un mínimo de 10 mil pesos para un trabajador inicial, lo que representa en su caso un 24%. De esta manera, cuando en septiembre se efectivizó el aumento, un maestro ingresante pasó a cobrar sólo 12.500 pesos.

Otra dura batalla la libraron los profesionales de la Salud de CICOP, a quienes Vidal ignoró durante diez meses. En todo ese tiempo, sólo fueron convocados al diálogo una vez antes de sellar la paz. En su caso fueron 23 los días de paro y la instalación de una carpa en el Obelisco porteño.

El 2 de agosto, el gobierno de Vidales ofreció casi un 27% de incremento. Incluía un 5% para cerrar la paritaria del año pasado y un 21,5% en el marco del compromiso para 2017. De esta manera, el sueldo de un ingresante de planta llegaría en octubre a $20.300 y el de los asistentes de guardia sin antigüedad a $23.200. Dicho de otro modo, el acuerdo de 2016 se cerró con un aumento promedio de bolsillo del 39,7%, que asciende a 40,5% para el caso de los ingresantes.

Hubo otra cláusula que exultó a los profesionales de la Salud: la del pase a planta de 600 trabajadores becarios. El compromiso adoptado por el Ejecutivo bonaerense no era nuevo, sino la ratificación de la palabra empeñada en 2016. Pero otra vez, como el año pasado, Vidal y sus funcionarios incumplieron las actas homologadas y la CICOP deberá volver a la calle para exigir su cumplimiento. La cita será este miércoles.

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