Redacción Canal Abierto | El genocida multicondenado Santiago Omar Riveros, ex general de Institutos Militares, y el ex jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Militar de Campo de Mayo Raúl Martín comenzaron a ser juzgados ayer en un nuevo juicio por el “plan sistemático de robo de bebes”. Se trata de un desprendimiento de la causa original que finalizó en julio de 2012 con condenas para nueve represores, entre ellos Jorge Rafael Videla (50 años de prisión) y el propio Riveros, que recibió una pena de 20 años de prisión por los casos analizados en aquella causa.

En el juicio que comenzó ayer en Comodoro Py, el tribunal escuchará investigaciones sobre el secuestro y las torturas de once mujeres y la sustracción de sus hijos nacidos en la maternidad clandestina que funcionaba en esa guarnición militar durante la dictadura que comenzó en 1976.

El último dictador de la junta, Reynaldo Bignone, también estaba imputado pero fue apartado por cuestiones de salud.

Guillermo Martín Amarilla Molfino es uno de los hijos de las mujeres secuestradas en Campo de Mayo, Marcela Esther Molfino de Amarilla. Logró recuperar su verdadera historia y el contacto con su familia biológica en 2009. En conversación con Canal Abierto, valora la posibilidad de conseguir una condena para el médico del segundo mayor centro de exterminio del terrorismo de Estado. “Es importante porque hay un nombre más que aparece, y por la cantidad de hechos que se presentan, significa un poco de luz a tanto ocultamiento que todavía, aún hoy, existe sobre Campo de Mayo. Martín era un eslabón entre la jefatura del hospital militar y Bianco”, resalta.

Con este proceso, el médico Martín llega por segunda vez a juicio oral. A fines de 2014 resultó absuelto en el marco de un juicio de similares características en el que fueron juzgados otros nueve casos que tuvieron como epicentro el Hospital Militar de Campo de Mayo. En esa oportunidad fueron condenados Bignone, Riveros, el ex jefe de Traumatología Norberto Atilio Bianco (jefe de la maternidad clandestina y apropiador de uno de los hijos de las secuestradas que quedó en libertad en mayo de este año al haber cumplido dos tercios de su condena), y la ex enfermera Yolanda Arroche.

“Se pudo demostrar que fue un sistema con un procedimiento preciso. Las embarazadas que no estaban en Campo de Mayo eran trasladadas al hospital militar mediante un ingreso clandestino, el sector de epidemiología estaba diseñado para partos, y finalmente la separación de las madres, de nosotros, que éramos depositados en cunas como NN para finalmente ser apropiados”, detalla Guillermo sobre la investigación.

Los otros casos que llegan a este debate son los que correspondieron a los hechos que tuvieron como víctimas a Beatriz Recchia de García, María Teresa Trotta, Rosa Luján Taranto de Altamiranda, Celina Amalia Galeano, Paula Elena Ogando, María Cristina Cournour de Grandi, Ana María Lancilotto de Mena, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri de Roggerone y Valeria Beláustegui Herrera.

De todas ellas, las únicas que recuperaron la libertad junto a sus hijos fueron Galeano y Ogando; en tanto, fueron restituidas las identidades a los hijos de las desaparecidas Recchia, Trotta, Taranto y Molfino.

“Tiene un gran peso en lo emotivo, en lo histórico y en lo social por los tiempos que estamos atravesando, es tranquilizador, por el contexto en las políticas de derechos humanos, en las políticas en general, y en el cimbronazo que para toda la sociedad significa la desaparición de Santiago Maldonado, entonces seguir avanzando en el sistema judicial es el camino para que estas cosas no se repitan. Lo de Santiago es un latigazo, más allá de nuestra historia es importante acompañar a la familia desde los organismos de derechos humanos”, explica Guillermo Amarilla Molfino.

Junto a la ex ESMA, Campo de Mayo fue el mayor campo de concentración del país. En su interior funcionaron cuatro centros clandestinos de torturas y desapariciones y la sala de partos. Se calcula que por allí pasaron 5000 secuestrados de los cuales la enorme mayoría se encuentran desaparecidos. El primer juicio se realizó en 2009, con diez represores condenados. Éste es el noveno proceso judicial por los delitos de lesa humanidad cometidos en el predio entre 1976 y 1983.

Guillermo comenzó la búsqueda de su identidad a partir de algunas cuestiones que le llamaron la atención como, por ejemplo, que su apropiador hubiera sido miembro del servicio de inteligencia del Ejército (el Oficial Jorge Oscar García de la Paz, ya fallecido) y que en el acta de nacimiento figurara Campo de Mayo como el lugar de natalicio. Hoy le cuenta a este portal sobre las expectativas que despierta este nuevo juicio en el cual participa en calidad de testigo: “con deseo de que se haga justicia. Entra mucho en juego lo emotivo pero que con el tiempo se aprende a manejar lo mas frió posible y a entenderlo desde la legalidad, pero siempre esperamos que los imputados cuenten algo. Trato de meterlo lo menos posible en un plano individual, tanta información remueve muchas cosas, y saber que se trato de un plan sistemático significa abrir el camino más directo para que se esclarezcan las cosas y, por qué no, a encontrar nuevas vidas”

Su mamá, Marcela, nació en la Ciudad de Buenos Aires y junto a Guillermo Amarilla militaban en la JP y Montoneros. Ya había tenido tres hijos cuando la secuestraron, en octubre de 1979, embarazada de un mes. Como su embarazo recién comenzaba, la familia no tenía conocimiento de él y solo denunció la desaparición de la pareja, es por eso que las investigaciones tardaron casi dos años en confirmar la identidad de Guillermo, una vez que él mismo comenzó su propia búsqueda en 2007.

El 21 de agosto de 2009 se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos una sobreviviente de Campo de Mayo quien relató que Marcela Esther Molfino había dado a luz un niño en ese centro clandestino. Fue así que desde la CONADI se comunicaron con las familias Amarilla y Molfino para solicitarles sus muestras de ADN que finalmente coincidieron con las que ya había dejado el joven.

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