Redacción Canal Abierto | El juez federal Carlos Vera Barros procesó a todos los agentes acusados por la desaparición y muerte de Franco Casco, incluidos los cinco funcionarios de Asuntos Internos, quienes quedaron detenidos junto a otros diez policías de la Seccional 7ª de Rosario. Los otros 15 esperaran en libertad.

El procesamiento apunta contra los efectivos de la fuerza provincial por “autores, coautores y/o encubridores” de la desaparición forzada del joven de la localidad bonaerense de Florencio Varela, que viajó en octubre de 2014 a visitar a su familia y nunca regresó.

El abogado de la querella de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Guillermo Juan Campana, explica a Canal Abierto que la visión del juez coincidió con la acusación de la familia, “en el sentido de que el hecho sucedió el día 6 de octubre a la noche, y no el 7 como quiso instalar la versión policial, llena de inconsistencias. El fallo consolida esta hipótesis, determina responsabilidades claras en la desaparición y en la tortura de Franco, y quienes son responsabilizados por haber encubierto este hecho”. Por otra parte, el representante letrado cuestiona la decisión del magistrado de otorgar la libertad a la mitad de los procesados: “no lo compartimos por las mismas valoraciones que se hicieron para dejar detenido al resto, que tienen que ver con la peligrosidad procesal, la posibilidad de comprometer la prueba, de intimidar al objetivo, con los recursos que cuenta el personal policial, entendemos que todos están en la misma situación”.

La mitad de los imputados llegará al juicio oral con prisión preventiva. Entre ellos se encuentran el titular de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, Aníbal Candia, el inspector del área, Sergio Damián Pieroni, el Suboficial Carlos Ríos y los agentes Císcaro y Escobar. También seguirán presos el comisario Diego Álvarez, jefe de la Comisaría Séptima al momento del asesinato de Franco, y el oficial auxiliar César Acosta de la misma seccional.

“esto tiene una connotación política y tiene que ver con la negación permanente del Estado de este tipo de prácticas,  y al negarlas no se interviene de manera tal de poder erradicarlas, por eso hay casos de gravedad institucional como este, y otros de violencia letal que se lleva puesta la vida de muchos pibes”. (Campana)

Franco Ezequiel Casco tenía 20 años en 2014. Cuando su padre viajó a buscarlo a Rosario, después de 4 días sin noticias sobre su paradero, el subcomisario le dijo que estuvo detenido el lunes 6 por desacato (resistencia a la autoridad), pero que luego lo liberaron por falta de antecedentes el martes a la noche. Su cuerpo finalmente apareció en el rio, a la altura del Parque España, en pleno centro de Rosario.

Como evidencia cruel de que lo que le sucedió a Franco es una práctica habitual en las comisarias de Rosario, particularmente en la Séptima, la querella presentó un caso de un cuida-coches que fue amenazado con “terminar igual que Casco” y una joven que fue internada en coma por los golpes recibidos, que también está siendo investigado.

Su familia y las organizaciones sociales que acompañan la causa realizaron varias movilizaciones en reclamo de “justicia por Franco y castigo a los culpables”. El abogado Campana destaca que “hay que buscar en la justicia que estos casos no queden impunes, para demostrar que existen, y justamente una de las cuestiones en las que coincide el fallo es en que se trata de una práctica sistemática, detener ilegalmente y someter a maltratos; el de Franco Casco no es un hecho aislado”.

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