Por Carlos Saglul | Gran parte del público no le da trascendencia al manejo de datos, que es sinónimo nada menos que de Poder y de un comercio de cada vez mayores dimensiones. Manejarlos sirve para digitar al consumidor creándole o identificando sus necesidades, o lo que es más importante: controlar. La automatización de los cajeros y el consumo, donde el trabajador en la caja ya es historia en muchos países, permiten -junto a Internet- armar un  perfil de cualquiera sabiendo qué come, sus enfermedades, preferencias. También su ideología. Para el mercado no se trata de abastecer necesidades sino de crearlas, y en esto la información es central. Los candidatos también pueden venderse como productos. Hoy, es factible llegar a gobernador o senador sin saber articular una frase. Ya no hacen falta las plataformas electorales. Se trata solamente de prometer a cada uno lo que supone que necesita. Los correos en época electoral ya vienen a tu nombre. Pero no es lo único que conocen.

No ciudadanos, consumidores

Una sociedad de consumidores (no de ciudadanos pensantes) necesita controles. Y esa es otra área donde es fundamental el manejo de datos. Estados Unidos gasta más en la Agencia Nacional de Inteligencia que en la CIA. Ya no se necesita mandar a seguir a nadie para vigilarlo. Basta tener la frecuencia de su celular. Tampoco ponerle micrófonos. Para eso están los teléfonos propios o ajenos. Las cámaras están por todos lados, calles, comercios. Los rastros digitales te definen. Solo se trata de centralizar esas redes de datos y el individuo está vigilado las 24 horas.

La circulación de datos será tema central de la próxima reunión en Buenos Aires de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las principales multinacionales buscan flexibilizar las leyes que limitan el tema con consideraciones sobre soberanía territorial. El reciente acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con la empresa Amazon para el almacenamiento de datos parece todo un guiño en este sentido.

El convenio nada claro fue seriamente cuestionado por varias ONGs que temen viole la soberanía argentina, entregando el manejo de datos a empresas multinacionales. Subrayan por otra parte que esa necesidad es cubierta por Arsat, la empresa estatal  con un rendimiento intachable, y asimismo no se entiende porque no se utilizan los recursos locales en materia de formación, y se acuerda que Amazon envié sus adiestradores.

Datos: ¿quién controla?

Veleria Milanes, directora del Área Digital de la Asociación por los Derechos Civiles entiende que “el intercambio internacional de datos personales debe hacerse considerando como elemento central al sujeto entendido como el titular de los datos, no a la transferencia en sí. La protección de datos personales es un medio para compensar situaciones de asimetría. Debido a lo sencillo que actualmente resulta su tratamiento, los datos  personales se han vuelto un activo central para las operaciones de negocios, la administración de gobierno. El manejo de datos se ha vuelto una forma de adquirir poder económico y control político por parte de empresas y gobiernos”.

Para Milanes, “frente a esta situación los individuos se ubican en un estado de vulnerabilidad producto de una desigualdad estructural de posiciones. Consideramos que una ley de protección de datos personales que sea acorde a esta nueva realidad debe tener como enfoque central la protección del individuo, a fin de equilibrar lo más posible esa situación de asimetría”.

Milanes señala que el anteproyecto de reforma de la Ley de Datos Personales considera que es necesario que quede en claro el derecho del titular del dato sobre el mismo, lo que implica“ la ampliación del catálogo de principios y derechos, el incremento de las obligaciones a cargo de los responsables y encargados del tratamiento de datos; y la incorporación de figuras como el delegado de protección de dato, la evaluación de impacto. Se trata de señales que muestran una clara voluntad de considerar al individuo como el objeto principal de las protecciones que brinda el proyecto”.

Para la especialista no existe conciencia en la población sobre la importancia de la circulación de datos. No obstante, aclara: “detectamos que el tema ha tomado más relevancia en la agenda pública, aunque todavía no hay cabal conocimiento y comprensión del tema en el público en general”.

Ante el acuerdo del gobierno con la empresa norteamericana Amazon, la Asociación por los Derechos Civiles realizó un pedido  de informes. Según Milanes, los puntos más destacados de esa respuesta son que la llamada en ese momento Dirección Nacional de Protección de Datos Personales fue consultada por el Ministerio de Modernización para revisar el Memorándum de entendimiento con Amazon

Sera esa dependencia, o quien la reemplace, la que deberá revisar las acciones futuras que eventualmente se desprendan del acuerdo, “especialmente en lo relacionado con la posible transferencia internacional de datos personales que pueda tener lugar a partir de la relación entre las partes”.

De acuerdo a la respuesta del gobierno, Amazon no se compromete a ejercer funciones de almacenamiento de información en sus servidores, sino a “implementar acciones y programas de colaboración recíproca y asistencia técnica en materia de gestión, implementación, diseño y operación de tecnologías de información y comunicación”.

En relación a las medidas de seguridad informática a implementar, se hace mención a estándares de privacidad y seguridad, aunque no se indican cuáles. Se aclara que no hay planificación de implementar más servicios de Amazon en el ámbito del Ministerio de Modernización, y se desconoce para  otros sectores estatales.

El Gobierno acaba de poner en la esfera de la Jefatura de Gabinete todo lo que tenga que ver con este tema. Creó la Agencia de Manejo de Información Pública, que se encargará de la interpretación de la Ley de Datos Personales.

Para Milanes, tanto para la Agencia de Acceso a la Información Pública como para la Autoridad de Aplicación de Datos Personales, debería ser un órgano independiente de cualquiera de los tres poderes, sea Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

En parecidos términos se expresó Martín Becerra, investigador del Conicet y docente, quien señaló: “es preocupante que el gobierno de turno controle el acceso a la información  a la vez sea el ente de aplicación de la Ley de Datos Personales”. Explicó que en la mayoría de los países quien regula este tema es un órgano independiente del gobierno.

La especialista de la Asociación por los Derechos Civiles subraya la necesidad de que los datos personales, el derecho a la intimidad debería ser entendido como un “derecho humano”. “Tanto el derecho a la privacidad, como el relativo a los datos personales -autodeterminación informativa- tienen reconocimiento constitucional. También se encuentran reconocidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De ahí para abajo, hay legislación que resguarda, en mayor o menor medida, ambos derechos”, añade.

Sin embargo advierte que el reclamo para que las garantías y leyes se apliquen surge, por lo general, de las personas que pueden ver vulnerados sus derechos. Es decir, dependerá de que la persona reclame administrativa o judicialmente y, eventualmente, el resultado final dependerá de la ponderación que se haga de los derechos que puedan encontrarse en conflicto. De ahí la importancia de la concientización en este tema y en especial, ahora que su regulación es a partir del decreto de la actual administración potestad del gobierno de turno.

La especialista en propiedad intelectual y miembro de Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, en declaraciones a Radio Realpolitik señaló sobre el decreto que modifica la ley de Acceso a la Información que “venimos bregando durante muchos años para que estas oficinas estén bajo otra órbita, no pueden estar sujetas al poder ejecutivo. Tenemos la figura de Defensor del Pueblo de la Nación y debería estar bajo su poder, ya que es un órgano autárquico, si no pasa lo mismo que con la Oficina Anticorrupción”. Señaló además que el decreto le quita facultades a la Agencia de Acceso a la Información Pública con la potestad de generar su propia oficina, estando bajo la órbita del Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos PeñaEs decir, la oficina que tiene que obligar al Estado a entregar información pública queda subsumida al Poder Ejecutivo”.

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