Redacción Canal Abierto | La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nº 12 de Capital Federal, falló a favor del Gobierno nacional respecto de una medida cautelar de la Fundación Banco de Bosques. La misma iba contra el Estado nacional y provincial por la omisión de los estudios de impacto ambiental.

La noticia judicial llega una semana después que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recorriera los obradores y el sitio donde se prevé emplazar las represas. Un claro guiño del Ejecutivo nacional para con la Justicia.

De esta forma ya no quedarían más obstáculos legales para la construcción de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

“El viejo estudio de impacto ambiental lo había hecho una consultora, a instancias de la provincia de Santa Cruz, pero este luego se revisó y puso en cuestión”, cuenta Andrés Nápoli, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en esta entrevista a Canal Abierto. “Luego, el Ministerio de Energía de la Nación puso en manos de Emprendimientos Energéticos Binacionales SE (EBISA) la realización de otra evaluación ambiental”.

“Lo grave es que EBISA está presidida por el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, un funcionario que atiende de los dos lados del mostrador ya que por un lado es subsecretario de Energía Hidroeléctrica, por otro es Presidente de la empresa que hace el estudio ambiental (EBISA). Y lo que es aún más ridículo es que antes de ser funcionario, era el principal promotor de las represas Kirchner y Cepernik”, denuncia Nápoli. En este sentido, desde un primer momento la ONG FARN reclamó que el estudio de impacto ambiental estuviera a cargo del Ministerio de Medioambiente: “para eso está”, dice.

“Son proyectos que generarían un embalse de aproximadamente 43 mil hectáreas de estepa bajo agua en un territorio considerado patrimonio arqueológico y paleontológico”, asegura Sofía Nemenman, de Río Santa Cruz Sin Represas.

Por otra parte, desde las organizaciones de defensa del medioambiente alertan del impacto que puedan provocar las represas sobre el glaciar Perito Moreno, un área protegida que, desde 1981, es considerada como Patrimonio de la Humanidad. “Puede afectar fuertemente el turismo, una industria que es clave para la comunidad”. Sin embargo, Nemenman advierte de un riesgo todavía mayor: “es un área con fauna única, donde hay especies en peligro de extinción, como es el caso del Macá Tobiano”.

A los ya mencionados cuestionamientos, también se suma el hecho de que no se habrían realizado estudios de inducción sísmica, que deben analizar si la instalación de dos grandes masas de agua generaría riesgos sísmicos para la región. También hay críticas sobre la falta de información respecto de un posible tendido eléctrico para transportar la energía que generen las represas, que aún no está planificado.

“Hace ya unos años Argentina firmó un acuerdo de inversión con China, en el cual estableció financiamiento de una serie de obras a realizar: el Belgrano Cargas, las represas de Santa Cruz, la provisión de fondos para el BCRA”, recuerda Andrés Nápoli.

“China estableció que estas represas estaban asociadas con el Belgrano Cargas. Entonces, si estas no se construyen cae en el mismo tiempo el proyecto del Belgrano Cargas. Es decir, establecen sanciones cruzadas. Por lo tanto, este es un proyecto hecho a presión, llevado a las patadas por el Ministerio de Energía, y para cumplir con el Gobierno de China”, asegura el integrante de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Van a poner en riesgo el único rio glaciario de Latinoamérica, y las consecuencias las vamos a sufrir todos nosotros”.

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