Redacción Canal Abierto | “Habría que conmemorar lo que realmente fue, una conquista. No relativizarlo como un hecho del pasado, porque sino dentro de 50 años vamos a pensar que el genocidio nazi hay que mirarlo como un hecho de la época. Lo de Billiken es un retroceso enorme. Es lo mismo que mañana pongamos en tapa de algún diario que Auschwitz fue el encuentro de dos culturas”. La expresión es de Juan Carlos Radovich, antropólogo especialista en conflictos étnicos e identidades, y se refiere al dibujo con el que la histórica revista infantil ilustró el primer número de octubre de este año, que muestra a conquistadores y originarios sonrientes a punto de enfrentarse en un amistoso encuentro deportivo.

A partir de 2010, el engañoso Día de la Raza que se conmemora el 12 de Octubre comenzó a llamarse Día de la Diversidad Cultural, en espera de promover en esa jornada “la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios”. Claro que las buenas intenciones colisionan contra las políticas públicas y el discurso oficial que parecen promover todo lo contrario.

“La política oficial de este gobierno para con los pueblos originarios es terrible porque está fomentando de distintas maneras la construcción de un enemigo interno visualizado en los indígenas, en general, y en los mapuches, en particular –destaca Radovich-. Emergieron sectores que agitan sentimientos de racismo, discriminación, violencia y odio, y el motivo de todo esto son los intereses por la tierra”.

La tierra es uno de los bienes que más se ha valorizado internacionalmente en los últimos años. El capital financiero invierte en territorio con bonos de deuda, apostando a su rentabilidad futura ya sea en términos de renta agraria o de recursos naturales claves como el agua, el petróleo o la minería. Mediante un decreto de 2016, el 820, el Ejecutivo modificó la Ley de Tierras Rurales y flexibilizó la compra por parte de capitales extranjeros. Los más perjudicados en esta operatoria fueron los pueblos originarios, históricamente en lucha por el reconocimiento de su titularidad sobre las tierras ancestrales, y bregando aún por la finalización del relevamiento previsto por la ley 26.160 que los protege de los desalojos durante un plazo próximo a vencerse.

“La amenaza territorial es uno de los problemas más graves para las comunidades indígenas. Hay  muchos viviendo en pueblos y ciudades, la mayoría, como consecuencia del proceso migratorio, algunos aislados y otros agrupados por origen o parentesco. Eso muestra la falta de superficie necesaria en los territorios tradicionales para poder llevar a cabo la vida de acuerdo a sus prácticas económicas y culturales”, explica el especialista.

Por su parte, cada 11 de octubre las comunidades originarias celebran el último día de libertad y soberanía, y 525 años después continúan resistiendo el saqueo. Si bien no existen datos precisos, las proyecciones estiman que entre 800.000 y 2.000.000 de habitantes de Argentina son descendientes de pobladores originarios. En ciertos departamentos provinciales y en algunas regiones del país, la población indígena alcanza del 40 al 60%.

En este escenario, crecieron los sectores que en los últimos años apoyan y se identifican con los reclamos ancestrales. “Hace treinta o cuarenta años era común encontrar gente que ocultaba su origen indígena o cambiaba su apellido para no ser discriminado o violentado, o para no ser explotado. Pero hubo un proceso organizativo de las comunidades tanto rurales como urbanas, de recuperación cultural, de reemergencia. Se avanzó mucho por el propio esfuerzo y la propia lucha de los pueblos, por su capacidad de organizarse y reclamar de distintas maneras. Sin embargo, el Estado todavía tiene una deuda muy fuerte por las políticas genocidas que llevó adelante en tiempos más recientes, como la Conquista del Desierto o la Masacre del Rincón Bomba. Y sobre esto sigue sin dar respuestas”.