Redacción Canal Abierto | “Los delitos de los que trata este artículo, cuando sean dolosos contra la vida y cometidos por militares de las Fuerzas Armadas contra civiles serán de competencia de la Justicia Militar de la Unión”, dice un fragmento de la nueva ley publicado este lunes en el Diário Oficial da União (DOU), el equivalente al Boletín Oficial en Argentina.

Aprobado una semana atrás por el Senado Federal con 39 votos a favor y ocho en contra, tras la promulgación del Ejecutivo es un hecho la polémica norma que ya tiene cuestionamientos de los organismos de Derechos Humanos a nivel local e internacional.

La ley PLC 44/2016 establece la transferencia para la Justicia Militar de los homicidios intencionales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas contra civiles valdrá en tres situaciones determinadas. La primera es durante las operaciones de paz y de garantía de la ley y el orden (GLO), como la que está en curso en Río de Janeiro; también cuando se cumplan tareas ordenadas por el Presidente de la República o el ministro de Defensa; y en acciones que comprometan la seguridad de una institución o una misión militar.

“La consigna de la derecha es que el único bandido bueno es el bandido muerto, y esto se ha vuelto política de Estado”, aseguró el economista Nildo Ouriques, Presidente del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELA) de la Universidad Federal de Santa Catarina y precandidato a Presidente de la Nación por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). “Las matanzas de ciudadanos brasileños hoy se da en connivencia entre la policía y el Ministerio Público, el cual archiva y no investiga ninguna de las tantas actuaciones ilegales de las fuerzas de seguridad”, opinó en diálogo con Canal Abierto.

Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, solo en 2015 más de 58.300 ciudadanos fueron muertos de modo violento e intencional en el país, y más de 3.300 resultado de la intervención policial.

Es decir, cada día al menos nueve personas fueron asesinadas por la policía brasileña, alcanzando así una tasa de letalidad policial de 1,6 muertos por cada 100 mil habitantes, muy superior a los índices de países como Honduras (1,2) y Sudáfrica (1,1).

Ya durante los debates en la Cámara alta, el senador del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) Roberto Requiao catalogó el proyecto de ley como ‘irresponsable’, pues constituye ‘una monstruosidad, un absurdo’. Desde otros espacios políticos también denunciaron la norma como una “licencia para matar”.

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA salieron a criticar la norma por entender que esta “impide la posibilidad de una investigación independiente e imparcial realizada por autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de seguridad”.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Ciudadanía brasileña ya había instado al Presidente para que vetara la ley por entender que la misma implica una “flagrante violación al Estado de derecho”.  

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