Redacción Canal Abierto | La reforma laboral que lleva adelante el gobierno de Michel Temer llegó a su punto más álgido cuando modificó las normas que definen el trabajo esclavo y dificultó, de esta forma, la penalización de los empleadores que incurran en esa práctica. La medida que se conoció esta semana responde a un pedido de vieja data del sector agropecuario y despertó fuertes críticas internacionales, al punto que logró hacer tambalear los acuerdos bilaterales entre el gigante latinoamericano y la Unión Europea (UE).

Desde la Organización Internacional del Trabajo expresaron su “preocupación” por la norma y señalaron que Brasil  “interrumpe una trayectoria de éxito” que hizo de ese país “una referencia y un modelo de liderazgo mundial en el combate al trabajo esclavo”. “Deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo”, agregaron.

Por su parte, la finlandesa Heidi Hautala, diputada del Parlamento Europeo, dijo al diario Folha de Sao Paulo que la decisión de Temer “puede ser un obstáculo” en la negociación de un acuerdo de libre comercio. Según la diputada, “no se puede aceptar la importación de productos sobre condiciones de esclavitud”.

También hubo críticas internas. La fiscal general, Raquel Dodge, el expresidente Fernando Henrique Cardoso y organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica criticaron la decisión y pidieron que al gobierno que la revierta.

Además, el coordinador nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo del Ministerio Público de Trabajo, Tiago Muniz Cavalcanti, aseguró que “el gobierno va de la mano con quien esclaviza”, en referencia a Blairo Maggi, empresario agropecuario apodado el “rey de la soja”, que es actualmente el ministro de Agricultura brasileño.  

La vieja costumbre de esclavizar

Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud. La medida que el ministro brasileño de Trabajo, Ronaldo Nogueira, firmó el lunes pasado modifica la forma en que los fiscales determinan si un empleador está sometiendo a sus empleados a condiciones de trabajo “análogas a la esclavitud” y la suavizó. De esta forma, dejó afuera de la legislación la realización forzada de jornadas laborales exhaustivas, en condiciones degradantes o por restricción de la capacidad de moverse del trabajador debido a deudas contraídas con el empleador. A partir de ahora, sólo califica como “esclavitud” la actividad laboral ejercida por medio de coerción (bajo seguridad armada o confiscación de sus documentos) o cercenamiento de la libertad de movilidad.

Además, la llamada “lista sucia” que se conformaba y era divulgada cada año con los nombres de las empresas que utilizan trabajo ahora sólo se hará pública si así lo determina el ministro de Trabajo.

El Amazonas es un lugar en el que los trabajadores pobres e inmigrantes de estados costeros brasileños aceptan propuestas de empleo que suponen adquirir deudas impagables con el empleador por alimentación, así como amenazas físicas y coacción a la libertad personal. Los estados donde más casos de condiciones de esclavitud se han descubierto son Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Piauí, San Pablo, Minas Gerais y Bahía, en los que hay grandes proyectos agropecuarios, mineros y textiles. Según datos del Ministerio Público del Trabajo y de la Comisión Pastoral de la Tierra, más de 50.000 personas fueron liberadas de condiciones de esclavitud desde 1995.

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