Redacción Canal Abierto | El triunvirato de la CGT y el ministro Jorge Triaca se encontrarán hoy a mitad de un camino limpio de ripio. Lejos quedó la pedregosa última movilización a Plaza de Mayo, la amenaza de paro general y el terror que sembró entre los sindicalistas los cambios de funcionarios en el ministerio de Trabajo.

Este martes a las 18 en la sede de Alem al 600, Triaca recibirá a la conducción de la central obrera con el pecho inflado de tantos votos. Allí las partes avanzarán en el diseño de la reforma laboral cuyo boceto fue delineado en septiembre pasado.

El punto más controvertido, que de todos modos no genera reparos entre los cegetistas, es el blanqueo patronal. Es decir, el proyecto de ley que eximirá de multas a los empresarios que regularicen la relación laboral de los trabajadores sobre quienes no realizan aportes (negreo) o mantienen contratos mediante la figura del monotributo.

Además el Gobierno busca anular los adicionales indemnizatorios. Estos son los punitorios establecidos por la ley de empleo 24.013 que alcanzan a duplicar los pagos por despidos en caso de contrataciones informales. En Casa Rosada creen que de esta manera se desalentarán los juicios laborales contra patrones.

Juan Schmidt, Carlos Acuña y Héctor Daer sólo aspiran a ser testigos de una ofensiva a la que pretenden condicionar con aspectos de interés corporativo. Por ejemplo, la creación de la Agencia Evaluadora de Tecnología Médica. Una especie de junta compuesta por miembros del ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud y dirigentes sindicales que tendrá como objetivo determinar qué prácticas de salud y remedios serán cubiertos por las obras sociales y la Cobertura Universal de Salud.

El fin último de beneficio mutuo es reducir los costos de las obras sociales, el sistema público de Salud y los eventuales juicios de usuarios por prácticas que no se realizan.  

Asimismo la CGT intentará negociar que las prácticas formativas que persiguen los empresarios para jóvenes profesionales se enmarquen dentro de los convenios colectivos de trabajo. El nombre del proyecto es un eufemismo de los “contrato basura” que emergieron en los ’90 y cuya implementación no es resistida por la central obrera porque la proveería de un fondo de 700 millones de pesos destinados a realizar capacitaciones.

La zanahoria que ofrece Triaca para encontrar complacencia ante la pérdida de derechos laborales será mantener el monopolio de la representación sindical, la preeminencia de las leyes nacionales por sobre los acuerdos de menor grado (para evitar la generalización de acuerdos a la baja como hubo en Vaca Muerta con los petroleros) y la continuidad de las paritarias.

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